La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) incineró 13.038 kilos (unas 13 toneladas) de productos pirotécnicos confiscados durante los últimos ocho meses en operativos de control realizados en distintas regiones del país, según comunicado oficial de la propia institución. El mayor volumen destruido se registró en la región Lambayeque, donde se eliminaron más de 3.201 kilogramos de estos artefactos incendiarios, superando el tonelaje registrado en otras zonas vigiladas por las autoridades.
Lambayeque encabeza incineración de artefactos
En la lista de regiones más afectadas por la presencia de material pirotécnico ilegal, además de Lambayeque, destacan Piura (1.919 kg), La Libertad (1.810 kg), Junín (1.762 kg) y Áncash (1.210 kg). Estas zonas, según lo reportado por la Sucamec, han sido objeto de permanentes operativos y vigilancia especial, dado el volumen detectado durante recientes festividades y celebraciones tradicionales en las que el manejo de productos explosivos suele intensificarse.
A la cifra total deben sumarse las cantidades provenientes de Ica (897 kg), Ucayali (804 kg), Puno (792 kg), Loreto (376 kg), Cusco (193 kg) y Tacna (73 kg). Este registro muestra la extensión nacional del problema y demuestra la capacidad de incautación y respuesta de la institución encargada. Así, la suma de estos decomisos consolida un mapa de intervención que abarca varios puntos críticos a lo largo del territorio.
Decomiso por irregularidades y riesgos para la seguridad
Los productos eliminados corresponden a un variado arsenal de artículos como cohetecillos, lluvias de plata, tortas de tiros y otros artefactos detonantes y deflagrantes, todos ellos retirados de circulación por no cumplir con las regulaciones exigidas por la Ley N.º 30299. Sucamec explicó que estas acciones se enfocan en aquellos pirotécnicos que carecen de autorización vigente, así como en los que han sido transportados, almacenados o comercializados al margen de las condiciones estipuladas para prevenir accidentes.
La operación también incluyó artefactos fabricados de manera artesanal localmente, un fenómeno en auge debido a la facilidad de obtención de materiales y la demanda existente durante fiestas patronales y comerciales. Según las autoridades, los riesgos asociados a la manipulación y almacenamiento inadecuado de estos productos representan un peligro real, susceptible de causar incendios, lesiones físicas severas e incluso la muerte.
Operativos conjuntos: Sucamec, PNP y Ministerio Público
La actuación de Sucamec contó con el apoyo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público y equipos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). El trabajo articulado entre estas entidades permitió detectar, decomisar y proceder a la destrucción de dichos materiales de manera ordenada y bajo estrictas medidas de control.
Los operativos, ejecutados en mercados, establecimientos comerciales y otros puntos de venta o almacenamiento accesibles al público, permitieron el retiro de productos cuya venta está prohibida o regulada. Según Sucamec, esta labor fue particularmente importante en temporadas de alta demanda como las fiestas de fin de año, cuando suele incrementarse el uso y comercialización de fuegos artificiales sin autorización.
Objetivo: prevenir accidentes y proteger la vida
Al eliminar del mercado miles de kilos de pirotécnicos no autorizados o de fabricación riesgosa, las autoridades buscan frenar una cadena de incidentes que año tras año afectan a menores y adultos. La institución remarcó que estas acciones suponen un esfuerzo por salvaguardar la vida y el patrimonio de la población, especialmente en comunidades donde el uso tradicional de estos explosivos puede poner en riesgo a familias enteras.
La Sucamec reiteró que la aplicación de la Ley N.º 30299 seguirá vigente, priorizando la prevención y la intervención en puntos críticos mediante vigilancia, información y decomisos constantes. Con el apoyo interinstitucional, se espera reducir la disponibilidad de pirotécnicos ilegales, limitar el acceso a productos peligrosos y fortalecer la seguridad en las celebraciones.
La destrucción de estas más de 13 toneladas constituye, hasta la fecha, uno de los operativos más amplios en la lucha contra el tráfico y la circulación irregular de material explosivo en el país, reforzando el compromiso estatal con la protección ciudadana y el mantenimiento del orden público.