Un debate de gran impacto se ha instalado en el Congreso de la República con la presentación de un proyecto de ley multipartidario que propone la expropiación de Telefónica del Perú S.A.A., hoy conocida como Integratel Perú, para convertirla en una empresa estatal bajo el nombre de Telecomunicaciones del Perú (Telperú). Esta iniciativa legislativa buscar declarar la nacionalización como una necesidad pública e interés nacional, en un contexto marcado por la reciente venta de Telefónica del Perú a un fondo argentino y la crítica situación financiera que atraviesa la compañía.
La propuesta, registrada por el Congreso de la República como Proyecto de Ley 565/2024-CR, llama a la intervención inmediata del Estado para asumir el control de esta compañía estratégica, considerada fundamental para la conectividad digital en el país. Con la creación de Telperú, se pretende no solo administrar los activos y operaciones que hoy maneja la empresa privada, sino también garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones bajo un modelo público que supervise y asegure el desarrollo tecnológico nacional.
Nacionalización de Telefónica: ¿qué busca el proyecto y quiénes lo impulsan?
El impulso de esta iniciativa proviene principalmente de un bloque de congresistas de izquierda, entre ellos Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo y Ruth Luque, quienes argumentan que la expropiación de Integratel Perú —nombre que asumió tras la venta a Integra Capital, un fondo argentino— es indispensable para proteger el interés nacional y evitar la fuga de recursos vitales para el país. La propuesta también incluye a las subsidiarias creadas entre 2020 y 2024, como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú, que, aunque continúan bajo control de capitales españoles a través de Telefónica Hispam, forman parte del entramado empresarial que se busca recuperar.
Según el texto legislativo, la nacionalización pretende salvaguardar los intereses del Estado, proteger los fondos de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), garantizar los derechos de los proveedores y consolidar la conectividad como un servicio estratégico y esencial para el país. En ese sentido, se basa en el artículo 66 de la Constitución, que faculta al Estado a intervenir en sectores estratégicos por razones de seguridad nacional y necesidad pública.
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar la expropiación en un plazo máximo de 30 días, asumiendo las operaciones, activos y pasivos de la empresa. Se contempla la creación de Telperú como una empresa pública de derecho privado adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La administración inicial de Telperú estaría a cargo de un Consejo de Vigilancia, integrado por representantes del MTC, SUNAT, trabajadores y acreedores, que rendirá informes semestrales al Congreso y al Ejecutivo sobre la situación financiera y laboral de la empresa estatal.
Impactos económicos, laborales y financieros de la propuesta de nacionalización
El proyecto también señala que Telperú asumirá las deudas adquiridas por la empresa, incluyendo bonos corporativos, obligaciones con trabajadores, pensionistas y proveedores, tanto locales como extranjeros. Sin embargo, se especifica que no serán reconocidas las deudas generadas internamente entre Telefónica del Perú y su matriz internacional. Para garantizar la indemnización al nuevo propietario actual, Integra Capital, se plantea el pago de un justiprecio basado en la última transacción extrabursátil por el 99,3% de las acciones, con descuentos por deudas tributarias, multas y sanciones impuestas por el Estado peruano.
Uno de los aspectos laborales más importantes de la propuesta es la garantía de estabilidad y mantenimiento de derechos para los trabajadores vinculados a la empresa, exceptuando puestos de alta dirección. Además, el proyecto establece la suspensión de cualquier procedimiento concursal en curso durante el proceso de expropiación, dejando en manos de Indecopi la evaluación sobre su reactivación una vez que Telperú entre en operaciones.
Esta iniciativa llega en un momento crítico: Telefónica del Perú acumulaba una deuda tributaria superior a S/ 2.000 millones, y se ha cuestionado la reducción en inversiones locales, además de la transferencia de funciones técnicas estratégicas, como el Centro de Operaciones de Red (NOC), hacia México. Según los legisladores, estas prácticas representan una fuga de recursos que deberían haberse invertido en el desarrollo tecnológico y la infraestructura digital del país.