La lucha contra la minería ilegal en el Perú continúa con operativos de gran escala. En el primer megaoperativo del 2025, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) incautó más de 140 toneladas de minerales no declarados en la zona minera de Chala, en la región Arequipa. Además, se decomisaron insumos químicos esenciales para el procesamiento de metales, como 49 toneladas de óxido de calcio, 6 toneladas de cianuro y 3 toneladas de hidróxido de calcio, utilizados en la extracción aurífera.
El operativo, ejecutado en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), intervino 60 camiones de carga pesada que transitaban por la carretera Panamericana Sur. Durante la inspección, los fiscalizadores de SUNAT comprobaron que al menos 105 toneladas de material aurífero y 35 toneladas de plomo y zinc eran transportadas sin la documentación legal correspondiente.
Tras la retención de los camiones, las autoridades se desplazaron a once plantas procesadoras de minerales en la zona para verificar la legalidad de los insumos utilizados en el tratamiento del material extraído. Como parte de la fiscalización, los equipos de la SUNAT revisaron la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), la emisión de comprobantes, la guía de remisión, así como el inventario de maquinaria y productos almacenados en cada instalación.
Estrategia nacional contra la minería ilegal
El Superintendente Nacional de la SUNAT, Víctor Mejía, supervisó el operativo y destacó la importancia de estas acciones en la lucha contra la informalidad minera. “Este tipo de operativos se intensificará en todo el país como parte de la estrategia nacional para enfrentar la minería ilegal”, declaró la autoridad. Además, recordó que el control sobre los insumos químicos es clave para evitar que sean desviados a actividades ilegales.
El decomiso de estos materiales forma parte de una estrategia más amplia implementada por SUNAT en diversas regiones del país. En 2024, operativos similares se llevaron a cabo en Trujillo-Pataz (La Libertad), Nasca, Piura y Chimbote, logrando importantes avances en la fiscalización de la actividad minera informal.
En el operativo de Chala, participaron más de 100 fiscalizadores de SUNAT especializados en tributos internos y aduaneros de Lima, Arequipa e Ica, quienes trabajaron junto a 100 efectivos policiales y representantes del Ministerio Público. Según detallaron las autoridades, estos procedimientos buscan cortar la cadena de suministro de insumos químicos y metales provenientes de la minería ilegal, que luego ingresan al comercio sin cumplir con la normativa vigente.
Con estos operativos, la SUNAT reafirma su compromiso en la lucha contra la evasión fiscal y el control de actividades ilegales en el sector minero. “Seguiremos fortaleciendo la fiscalización y aplicando sanciones a quienes incumplan las normas tributarias y ambientales”, aseguró Víctor Mejía. Las autoridades han advertido que continuarán los controles en las rutas de transporte de minerales y en las plantas de procesamiento para reducir el impacto de la minería ilegal en el país.
La minería ilegal generaría 12 mil millones de dólares al año
La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno estima que la minería ilegal genera cerca de US$12000 millones anuales en el Perú. De acuerdo con el fiscal Federico Chávarry, existen más de 300.000 mineros ilegales que operan principalmente en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash.
Esta actividad se ve impulsada por el alto precio del oro en el mercado internacional. En algunos campamentos informales, se han encontrado registros donde un gramo del mineral llega a cotizarse en S/320. Asimismo, se ha documentado que cada mes se extraen hasta cuatro kilos de oro, lo que equivale a más de un millón de soles de ingresos ilegales.
En determinadas zonas, la extracción aurífera se mezcla con el tráfico de drogas, conformando lo que las autoridades han denominado “narcominería”. Chávarry también reportó un aumento de 50% en las investigaciones asociadas a la minería ilegal desde mayo de 2024, acumulando más de 7200 casos.