El Ministerio Público ha formulado un requerimiento de acusación directa contra Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, y su representante legal, Eduardo Barriga, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de revelación indebida de identidad.
El requerimiento fiscal, elevado al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, contempla una pena de cuatro años de prisión contra los juristas por divulgar la identidad de un testigo protegido en el caso ‘Waykis en la sombra’, una investigación sobre una presunta red dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos, liderada supuestamente por Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.
En julio pasado, la Fiscalía Penal del Distrito Fiscal de Lima Centro solicitó abrir una investigación contra Castañeda y Barriga, y remitió las copias del caso al Colegio de Abogados de Lima (CAL) al alegar que ambos abogados “vulneraron principios y deberes éticos”.
Según el Eficcop, liderado por la fiscal anticorrupción Marita Barreto, ambos letrados habrían perjudicado la marcha del caso ‘Waykis’ y habrían ejercido presión para que el testigo confesara su identidad. El equipo consignó que el testigo admitió su condición ante Barriga “por un tema de confianza, por desconocimiento del proceso y por temor a quedarme sin abogado defensor”.
“En consecuencia, se habrían valido de la relación abogado/cliente a fin de presionarlo hasta que este último les confesara que, efectivamente, era el Testigo Protegido N.º 08-2024 (...), siendo pertinente señalar que los referidos abogados (...) no ejercían defensa alguna en favor (de dicho testigo), máxime si, en dicho caso, Mateo Castañeda tiene la condición de investigado”, se lee en un documento fiscal.
De acuerdo con la Fiscalía, Boluarte lideraría esta presunta organización criminal y habría instrumentalizado el aparato estatal en beneficio de la agrupación política. Tanto él, Castañeda y otros involucrados fueron detenidos el 10 de mayo, pero la justicia resolvió dejarlos en libertad tras siete días, al no haber riesgo de fuga ni de obstaculizar el proceso.
Nicanor afirmó en la audiencia que no es parte de ninguna organización criminal y defendió su libertad, al alegar que su actividad económica puede probarse y que tiene arraigo familiar, ya que vive con su hija universitaria y sostiene la economía doméstica.
Semanas atrás, un grupo de siete personas, incluidos dos policías, fue detenido por el secuestro en Lima de Iván Siucho, un testigo clave en el caso abierto contra el hermano presidencial. La fiscal Barreto detalló que el rapto duró cerca de una hora y, posteriormente, el Ministerio del Interior refirió que el hecho “no guarda relación” con el caso ‘Waykis’.