La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se encuentra inmersa en una serie de acusaciones que podrían complicar su situación legal en el futuro. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público continúa realizando investigaciones y hallazgos sobre una presunta organización criminal que estaría liderada por la ex alta funcionaria.
En esta red, que se dedicaría al tráfico de influencias, también estaría conformada por sus tres asesores: Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza.
De acuerdo con las indagaciones, estas negociaciones apuntaban a influir en procesos clave dentro del sistema judicial y legislativo del país, como la elección del defensor del pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos, y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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Durante el proceso, la organización delincuencial identificó hasta a 42 congresistas que podrían brindar su apoyo en estas acciones. Los parlamentarios fueron clasificados en diferentes categorías según su susceptibilidad a cooperar debido a las investigaciones en curso que pesaban sobre ellos.
A través de la Operación Valkiria, el Eficcop logró recopilar evidencias que incluyen mensajes, documentos, y testimonios que revelan la amplitud de las maniobras ejecutadas. Además, se plantea que no solo se buscaban beneficios personales, sino también un control sobre la Fiscalía y otras instituciones judiciales esenciales
Como consecuencia, la JNJ inició un procedimiento disciplinario contra Benavides, mientras que la investigada y su equipo han buscado detener estos procesos a través de medidas cautelares, aunque sin éxito.
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Benavides habría pactado recibir coimas
De acuerdo con una reciente revelación de Jaime Villanueva al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Patricia Benavides y Miguel Girao se encontrarían involucrados en la presunta manipulación de una licitación pública internacional.
Se hace referencia a la adjudicación de un contrato de 141 millones de soles para la “Implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia del Ministerio Público”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las diligencias sostiene que se habría ofrecido un millón de soles como soborno para asegurar que una empresa específica ganara la licitación.
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Según la resolución judicial a la que accedió Infobae Perú, la trama comienza cuando Villanueva se reune con Grika Asayag, exsecretaria de la presidenta de la República, en junio del 2023, en un restaurante en la avenida La Mar, en Miraflores.
En este encuentro, Asayag habría mencionado el nombre del empresario Giancarlo Valer Enciso, a quien el exasesor dijo conocer por haber trabajado con él en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. En este momento habrían acordado otra reunión con los tres presentes. No obstante , el Ministerio Público relata que esta operación no habría tenido éxito.
Se habría direccionado compra de computadoras
Jaime Villanueva también habría comentado al equipo especial que Benavides, presuntamente, recibió sobornos por direccionar la licitación pública internacional por la compra de computadoras para la Fiscalía.
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Según la Fiscalía, a la suspendida fiscal le “habría surgido otro interés”, para favorecer a Valer Enciso con la contratación de la adquisición de computadoras por un monto de S/ 3.451.769,31.