Toda relación de confianza se construye y fortalece con hechos; y, si no se cumple con las expectativas generadas, se deja de confiar. No solo eso, construir confianza demanda una serie de acciones y comportamientos, confianza que se puede perder de un día para otro con acciones y comportamientos en el sentido contrario.
Así, llevándolo al plano económico, toda economía crece cuando se confía en ella, puesto que serán las personas, familias y empresas, quienes apuesten por ella, dadas las condiciones de, por ejemplo, estabilidad jurídica, política, social y económica. Es decir, toda economía crece de la mano con la inversión de emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como con el consumo de estas y de las familias.
Actualmente, y desde hace treinta meses atrás, la confianza empresarial en el Perú se encuentra en terreno negativo, como resultado de una serie de factores, internos y externos, que se resumen en la incertidumbre que genera un Estado que no viene cumpliendo con atender las principales urgencias de su población ni asegurando las condiciones necesarias para fomentar negocios o inversiones.
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Pensando en recuperar la confianza empresarial, en medio de una coyuntura interna y externa desfavorable, urge dar señales de aliento a la inversión privada. En ese sentido, si bien el Ministerio de Economía y Finanzas viene agilizando obras, urge anunciar el destrabe de inversiones de gran envergadura que se encuentran paralizadas por años, no solo en el sector minero, a propósito de la menor inversión minera de este año; sino también en sectores como agricultura, grandes proyectos de irrigación; transporte, carreteras, aeropuertos, puertos (ampliaciones), entre otros.
Asimismo, mensajes que minimicen los sobrecostos laborales en el desempeño de las empresas de todo tamaño no son positivos. Por el contrario, desestabilizan y reprimen las intenciones de formalización de estas. Urge se claros y directos con respecto a medidas para reducir los costos laborales. Si bien se vienen implementando medidas para descontar costos tributarios contra inversión en innovación, o depreciar aceleradamente activos, por ejemplo, la rigidez de la Ley laboral, con los sobrecostos que ella trae consigo y la imposibilidad de despedir trabajadores sobre la base de productividad, es un gran problema para la mejora de la competitividad de cualquier negocio o industria.
Por otro lado, con el sentido de urgencia que demanda la coyuntura, y teniendo en cuenta que buena parte de los gobiernos regionales y municipalidades no dan la talla en materia de ejecución de obras, el Gobierno central debe buscar las herramientas legales para ser el ejecutor directo de proyectos de inversión pública, sobre todo en aquellas jurisdicciones que evidencien incapacidad para ejecutar.
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A propósito de lo anterior, urge hacer modificaciones para delimitar la autonomía con la que cuentan los gobiernos regionales y municipalidades. Los usos y costumbres que se despliegan en la administración pública sobre los recursos de todos los peruanos, particularmente en el interior del país, son perjudiciales para la población. Corrupción, obras paralizadas, infraestructura deficiente, falta de servicios públicos, son solo ejemplos de lo que viene generando la falta de capacidades y/o mala fe de personas inescrupulosas que se hacen con un cargo público.
El retroceso de la economía peruana durante este año propiciaría un aumento de la pobreza. Se estima que afectaría a más del 30% de la población. El escenario está complicado. Recuperar la confianza solo se lograría con anuncios y ejecución de inversiones; de lo contrario no saldremos de la espiral en la que caímos.