Luego del rechazo y cúmulo de críticas, la congresista Silvia Monteza (Acción Popular) remitió un oficio solicitando su retiro de firma del proyecto de ley que busca restablecer la inmunidad parlamentaria, pese a que esta fue eliminada con amplia mayoría hace solo dos años.
Los cuestionamientos se dispararon porque, además de pedir el retorno de una figura utilizada para blindar y detener investigaciones, los que impulsan la medida son sindicados como parte de ‘Los Niños’. Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal votaba a favor del vacado expresidente Pedro Castillo, a cambio de obras para sus regiones y designaciones.
Aunque los defensores de la iniciativa argumentan que la inmunidad es esencial para garantizar su labor sin temor a represalias políticas o acusaciones falsas, los críticos aseguran que esta figura podría ser una herramienta que favorezca la impunidad.
¿Qué dice la iniciativa?
El texto, presentado el miércoles 2 de agosto, plantea agregar que los legisladores “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los congresistas”.
Además, que si uno de los legisladores es encontrado en flagrancia, que sea “puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas”, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, “de lo contrario procede el silencio administrativo positivo”.
¿Quiénes firmaron la iniciativa legal?
La propuesta presentada por Soto cuenta con el aval de sus colegas Elvis Vergara, José Arriola, Carlos Alva, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza y Juan Carlos Mori Celis, quienes son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado por parte de la Fiscalía de la Nación en el caso ‘Los Niños’.
Como es de conocimiento público, la lobista Karelim López, cercana a la gestión de Pedro Castillo, acusó a los acciopopulistas en mayo del 2022 ante la Comisión de Fiscalización. De acuerdo a sus declaraciones, los mencionados eran el brazo legislativo del encarcelado exmandatario, quien hoy afronta prisión preventiva por los delitos de organización criminal, rebelión y conspiración.
Pese a que también se impulsaron medidas en su contra ante la Comisión de Ética y Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), los legisladores fueron blindados con el apoyo mayoritario de las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú, y no recibieron ninguna sanción.
¿Qué pasaría con la bancada si el partido los expulsa?
El secretario general nacional de Acción Popular, Edmundo del Águila Morote, adelantó que en las próximas semanas evaluarán la expulsión de los 13 congresistas sindicados como ‘Los Niños’, por la Fiscalía de la Nación.
Aunque lo lógico sería que, al ser expulsados del partido, también lo sean de la bancada, de hacerlo esta se desintegraría, pues solo dos integrantes no están comprendidos y la conformación de una agrupación parlamentaria necesita de al menos cinco legisladores.
Cabe mencionar que no existe una relación directa, por lo que la representación congresal podría tomar decisiones independientes a las adoptadas por el partido Acción Popular.