El Congreso no es la única entidad pública que realiza millonarios contratos para satisfacer las necesidades de sus trabajadores. El Ministerio Público ahora se encuentra en el ojo de la tormenta por la adquisición de autos del año para que sean usados por Patricia Benavides, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Villena. Los autos de gama media-alta ayudarán “mejorar la calidad del acceso a la justicia de la ciudadanía”, según las bases de la convocatoria.
La compra se ha realizado luego de que entre septiembre y diciembre del 2021, se dieran de baja a 37 vehículos del distrito fiscal de Lima Centro. Según una publicación de La República, esto bajo la causal de mantenimiento o reparación onerosa. Además de las Fiscalías Supremas, la Gerencia General del Ministerio Público y la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Antidrogas hacían uso de estos autos.
El texto que justifica la adquisición de los vehículos señala que se procede con dicho procedimiento “considerando la investidura que ostentan los fiscales supremos que integran la Junta de Fiscales Supremos”. Este habría sido motivo suficiente para decidir que se compren autos de gama media-alta. En el proceso solo se presentó una oferta proveniente de la empresa Euroshop S.A. El costo fue de S/ 1.028.160 soles.
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El precio supera el presupuesto designado por el Ministerio Público que era de S/ 26.580. El medio citado señaló que se suspendió otorgamiento de la buena pro hasta que se certifique la ampliación del presupuesto previsto para la adquisición, así como la aprobación de la titular de la entidad. Las facultades para este procedimiento fueron delegadas por la fiscal Benavides Vargas a la gerente general del Ministerio Público, Edermina Barrantes.
Gastos millonarios
Durante las últimas semanas el Congreso de la República ha sido blanco de cuestionamientos por los excesivos pagos realizados para poder satisfacer las necesidades de los parlamentarios. Desde teléfonos de alta gama, pantallas gigantes, alfombras importadas, pasajes de avión, buffet, etc han estado entre los gastos del Poder Legislativo. El hecho provocó la renuncia del oficial mayor José Cevasco.
El área administrativa del Parlamento ha iniciado un proceso de reorganización y la Contraloría general de la República ha puesto en marcha las investigaciones correspondientes. Desde la Mesa Directiva, el presidente José Williams ha intentado deslindar de cualquier responsabilidad mientras que el tercer vicepresidente, Alejandro Muñante, llegó a calificar al Congreso como una de las instituciones más transparentes.
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Sin embargo, lo que generó mayor indignación en la población fueron las respuestas de los parlamentarios frente a las críticas de la ciudadanía. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que cuando uno firma un contrato espera lo mejor. “Querrán que comamos alfalfa”, dijo en conversación con los medios de comunicación. Días después cuestionó los excesivos pagos realizados para la alimentación de parlamentarios.
La entrega de buffet ha sido paralizado mientras que la sobrevalorada compra de alfombras viene siendo investigada. La compra de cocheras se mantendrá ya que es necesario para ciertos funcionarios y, en medio de diversos cuestionamientos, la Mesa Directiva ha extendido una invitación para una cena de gala con presentación de caballos de paso peruano y danzas típicas en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.