Deuda pública de Panamá supera los $62,700 millones y aumenta más de $4,000 millones en un año

La deuda pública de Panamá alcanzó los $62,777.7 millones al cierre de septiembre de 2026, después de aumentar $3,428.4 millones durante los primeros nueve meses del año, equivalente a 5.8%.

El nuevo saldo, reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representa el nivel más alto del endeudamiento estatal y refleja la contratación de nuevos préstamos para atender compromisos presupuestarios.

El saldo había cerrado diciembre de 2025 en $59,349.3 millones, por lo que el crecimiento acumulado hasta septiembre confirma la trayectoria ascendente de las obligaciones financieras. En comparación con septiembre de 2025, cuando se contabilizaban $58,694.4 millones, el endeudamiento aumentó $4,083.3 millones, equivalente a 7%, según los registros oficiales de ambos períodos.

Durante septiembre, la deuda creció $859.2 millones frente a agosto, cuando se situaba en $61,918.4 millones. El incremento mensual de 1.4% estuvo relacionado principalmente con un préstamo contratado con Bladex y nuevas colocaciones de letras del Tesoro, mientras las amortizaciones efectuadas no compensaron los recursos recibidos por el Gobierno.

La principal operación correspondió a un financiamiento de $1,000 millones otorgado por el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex). Según la resolución publicada en la Gaceta Oficial, los fondos fueron solicitados para cubrir parcialmente las necesidades estacionales de liquidez del Presupuesto General del Estado de 2026 y futuras vigencias fiscales, sin asignarse exclusivamente a una obra determinada.

El Gobierno también recibió $407 millones mediante la colocación de letras del Tesoro, además de $12.6 millones desembolsados por organismos multilaterales. Estos últimos recursos estuvieron vinculados con programas de saneamiento e inclusión social.

Las variaciones cambiarias añadieron otros $175.2 millones al saldo, mientras las amortizaciones de capital contribuyeron a reducir parcialmente el incremento.

Entre los desembolsos multilaterales figuran $5 millones del BCIE para el saneamiento de Arraiján y La Chorrera, junto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados a inclusión social y atención de personas con discapacidad. También se registraron fondos para el saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá, según el desglose presentado por Financiamiento Público

La evolución del endeudamiento también permite comparar las obligaciones acumuladas durante las últimas administraciones presidenciales. Cuando Laurentino Cortizo asumió el poder, en julio de 2019, recibió un saldo de aproximadamente $26,612.8 millones, correspondiente al cierre de junio. Al finalizar su gestión, en junio de 2024, la cifra había alcanzado $51,812.8 millones.

Durante los cinco años del gobierno de Cortizo, la deuda aumentó aproximadamente $25,200 millones, equivalente a 94.7%, prácticamente el doble del monto inicial. El crecimiento estuvo acompañado de mayores compromisos financieros que continuaron después del cambio de administración, mientras el pago de intereses adquirió un peso creciente dentro del presupuesto público.

Desde el inicio del gobierno de José Raúl Mulino, el saldo aumentó $10,964.9 millones respecto a junio de 2024, equivalente a 21.2%. La comparación comprende los primeros 27 meses transcurridos desde aquella referencia y muestra que las necesidades de financiamiento continúan impulsando el endeudamiento, pese a las amortizaciones realizadas por el Estado.

El servicio de la deuda también representa una presión importante sobre las finanzas públicas panameñas. Durante septiembre, los pagos de capital, intereses y comisiones rondaron los $660 millones. Los organismos multilaterales recibieron aproximadamente $120 millones, mientras los bonos globales generaron $216.8 millones exclusivamente en intereses, sin reducir el capital pendiente de esos títulos.

En el mercado interno, las letras del Tesoro concentraron pagos cercanos a $308.7 millones, principalmente por vencimientos de capital. También se atendieron compromisos con bancos oficiales y notas del Tesoro. Entre enero y agosto, los intereses ya habían sumado $2,084.9 millones, una carga que limita los recursos disponibles para otras obligaciones presupuestarias.

El desglose de acreedores revela que los bonos concentran $34,961 millones, aproximadamente 55.7% de la deuda total. El Banco Interamericano de Desarrollo registra $4,149 millones y Citi otros $3,877 millones. Las notas y letras del Tesoro acumulan $5,265 millones, mientras el financiamiento restante se distribuye entre bancos y organismos internacionales.

Entre las principales entidades también aparecen BBVA Nueva York, con $2,479 millones; CAF, con $2,288 millones; y el Banco Mundial, con $2,261 millones. Santander mantiene $1,363 millones y Bladex otros $1,000 millones. Esta estructura muestra la dependencia del financiamiento mediante emisiones de títulos y préstamos institucionales, tanto internos como externos.

El crecimiento registrado durante septiembre confirma que Panamá continúa recurriendo a nuevas operaciones financieras para atender sus necesidades de liquidez, mientras mantiene obligaciones acumuladas de administraciones anteriores. Con más de $62,700 millones pendientes, el desafío fiscal consiste en reducir el ritmo de endeudamiento y contener los intereses, sin afectar los compromisos del presupuesto estatal.

Las principales calificadoras de riesgo advierten que el creciente costo del servicio de la deuda reduce la flexibilidad presupuestaria de Panamá. Fitch Ratings calculó que los intereses absorbieron aproximadamente 18.8% de los ingresos públicos en 2025, frente a una mediana de 11.4% entre países con calificación BB, y alertó sobre nuevas presiones financieras.

Moody’s y S&P Global Ratings también han señalado que la sostenibilidad fiscal dependerá de contener el endeudamiento y reducir los déficits, ante una carga de intereses que limita los recursos disponibles para inversión y servicios públicos.

Fitch Ratings mantiene a Panamá en BB+, por debajo del grado de inversión, mientras Moody’s conserva la calificación Baa3, con perspectiva negativa, y S&P Global Ratings ratificó en septiembre la nota BBB-, con perspectiva estable.