El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que este jueves 15 de octubre se depositarán fondos en las juntas comunales y alcaldías para atender directamente a los damnificados del terremoto que sacudió el país el pasado viernes.
Cada representante de corregimiento recibirá 10.000 dólares y cada alcaldía dispondrá de 20.000 dólares, recursos que estarán sujetos a fiscalización de la Contraloría General de la República.
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El mandatario comunicó la medida mediante sus redes sociales, en medio de la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,5, que dejó miles de familias afectadas y daños en viviendas, hospitales, escuelas y carreteras.
Mulino aseguró que los desembolsos serán supervisados rigurosamente por la Contraloría, aunque no precisó el monto global de la asignación ni cuántos gobiernos locales recibirán los recursos.
El anuncio coincide con el inicio de las labores de reconstrucción de viviendas destruidas por el terremoto y la distribución de asistencia humanitaria en las comunidades perjudicadas.
El ministro y secretario de Metas de la Presidencia, José Ramón Icaza, informó que más de 465 toneladas de ayuda han sido movilizadas, de las cuales 144 toneladas fueron transportadas por vía aérea y más de 321 por tierra.
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Según el balance gubernamental, las instituciones han distribuido más de 16.000 bolsas de alimentos en 117 comunidades de las regiones afectadas. La atención también comprende 45 albergues habilitados, donde permanecen 3.696 personas que necesitaron refugio tras el desastre.
La asistencia incluye suministros básicos y apoyo a las familias, mientras avanzan las evaluaciones para determinar las necesidades de recuperación.
El más reciente informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) contabiliza 13.623 personas y 4.045 familias afectadas por el terremoto. Entre los damnificados figuran 547 personas con discapacidad y 50 mujeres embarazadas. Además, 879 familias perdieron completamente sus viviendas, mientras otras 926 presentan daños moderados, 1.577 afectaciones parciales y 663 daños leves.
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Las provincias de Los Santos y Coclé concentran algunos de los mayores daños habitacionales registrados. En Los Santos se contabilizan 2.010 viviendas y 6.175 personas afectadas, mientras Coclé reporta 1.324 inmuebles y 4.703 habitantes perjudicados. Veraguas registra otras 637 viviendas dañadas, junto con interrupciones en servicios básicos y problemas de acceso a comunidades.
En Herrera, las autoridades identificaron 153 viviendas con pérdida total y otras 831 con daños de distinta gravedad, además de 32 deslizamientos de tierra. Las afectaciones también alcanzaron carreteras, puentes y edificios públicos. Cinco comunidades permanecían incomunicadas en sectores de Las Minas y Los Pozos, según el último balance provincial divulgado por Protección Civil.
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El Gobierno informó que la construcción de nuevas viviendas comenzó en Quebrada Grande, Penonomé y San Félix, ubicados en Veraguas, Coclé y Chiriquí, respectivamente. Los trabajos se extenderán a comunidades de Herrera, Los Santos y la comarca Ngäbe Buglé. La estrategia contempla reparar inmuebles parcialmente dañados y reconstruir aquellos destruidos, de acuerdo con las evaluaciones técnicas.
En materia sanitaria, las autoridades reportaron 842 instalaciones de salud evaluadas, de las cuales 69 presentan afectaciones leves. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social trabajan en el retorno progresivo de pacientes a las instalaciones verificadas, mientras se mantienen medidas de seguridad para el personal médico y los usuarios.
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El sector educativo también enfrenta dificultades, con 600 centros oficiales afectados según la actualización gubernamental del jueves. La reapertura de las clases presenciales será gradual y dependerá de las inspecciones y reparaciones necesarias. El Ministerio de Educación deberá confirmar las condiciones de seguridad antes de autorizar el regreso de estudiantes y docentes a los planteles.
La emergencia dejó además una mujer fallecida como consecuencia de las lesiones sufridas durante el terremoto, de acuerdo con el reconocimiento oficial realizado por el Gobierno. Icaza expresó condolencias a sus familiares y agradeció la colaboración de Venezuela y Costa Rica. La cooperación internacional forma parte de las operaciones de asistencia y recuperación desplegadas en las zonas afectadas.
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El terremoto se registró el 9 de octubre a las 12:56 de la tarde, con epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la península de Azuero.
El movimiento provocó una extensa secuencia de réplicas y obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia. Las autoridades mantienen como prioridades la atención humanitaria, la recuperación de servicios y la reconstrucción de las comunidades perjudicadas.
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