Seis colombianos y cuatro panameños detenidos por presunta minería ilegal en área protegida de Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) aprehendió a diez personas por su presunta vinculación con actividades de minería ilegal en Coclé del Norte, distrito de Donoso, provincia de Colón, donde las autoridades detectaron daños en un área protegida y afectaciones al río Calzones. Seis de los detenidos son colombianos y cuatro panameños.

La denominada operación Piedra Amarilla fue ejecutada por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales, luego de reportes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y denuncias presentadas por residentes. En las diligencias participaron además funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Durante la inspección, las autoridades encontraron tala de árboles, degradación de recursos naturales y contaminación por desechos, además de daños vinculados con la extracción de minerales. La actividad habría impactado el río Calzones y una zona protegida bajo la categoría de recursos manejados, donde este tipo de explotación no está permitida.

La dimensión de los equipos localizados apunta a una operación con capacidad para permanecer en el terreno. La Fiscalía decomisó dragas, motobombas, generadores eléctricos, pesas digitales y paneles solares, además de un equipo de internet satelital, teléfonos celulares y otros dispositivos. Para el Ministerio Público, los indicios sugieren una actividad organizada.

El caso se suma a una serie de operativos realizados durante 2026 contra la minería ilegal. En junio, 11 personas fueron aprehendidas en La Bonga, Mamoní Arriba, en el corregimiento de San Martín, Panamá Este. Las autoridades encontraron dos campamentos y decomisaron armas de fuego, municiones y herramientas utilizadas para extraer minerales.

Ese mismo mes, seis colombianos fueron detenidos en Mangle, en la cabecera del río Tuira, en Darién, cerca de la frontera con Colombia. Posteriormente, las operaciones se extendieron a Guna Yala, donde cinco panameños fueron aprehendidos en Nusagandí por su presunta relación con actividades de extracción ilegal.

En julio, otro operativo permitió detener a cuatro adultos en el denominado Corredor de Los Pobres, en Panamá Norte, mientras dos menores quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. En el lugar se encontraron palas, bateas, canalones, una motobomba y otros implementos utilizados para buscar oro.

Darién volvió a concentrar intervenciones durante agosto. En la cabecera del río Pito fueron ubicados 21 ciudadanos colombianos presuntamente vinculados con minería ilegal, junto con campamentos, dragas y motobombas. Otros cinco colombianos fueron aprehendidos en Caña Blanca, distrito de Cémaco, y tres más en el sector de Cañas Blancas, en Tuqueza.

Las operaciones también alcanzaron áreas protegidas próximas a la capital. En septiembre fueron detenidos dos panameños en la quebrada Peluca, dentro del Parque Nacional Chagres, donde se decomisaron motobombas, palas y bateas. En Nueva Libia, Panamá Norte, otras seis personas habían sido aprehendidas en un área de amortiguamiento de ese parque.

Uno de los casos de 2026 ya produjo condenas. Cuatro personas sorprendidas en enero realizando exploraciones de minería ilegal en Río Negro, distrito de Las Minas, Herrera, fueron condenadas posteriormente a 48 meses de prisión por delitos contra los recursos naturales, luego de que la investigación acreditara daños al ecosistema y la degradación de un acuífero.

El Código Penal establece que quien destruya, extraiga, contamine o degrade recursos naturales infringiendo las normas ambientales puede recibir una pena de tres a seis años de prisión. La sanción puede incrementarse cuando la conducta ocurre en áreas protegidas, afecta cuencas hidrográficas o provoca daños significativos a recursos hídricos superficiales o subterráneos.

Las estadísticas oficiales muestran que el problema trasciende los operativos por minería. Entre enero y julio de 2026 se registraron 420 hechos criminales por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, frente a 347 en igual período de 2025, un incremento de 21%. De ellas, 227 correspondieron a delitos contra los recursos naturales.

Dentro de esa categoría, la destrucción de recursos naturales acumuló 151 casos, 31% más que los 115 registrados durante los primeros siete meses de 2025. Las mayores cantidades generales de investigaciones ambientales se concentraron en Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas, mientras Colón pasó de 16 a 32 casos, duplicando la cifra del año anterior.

Ahora las diez personas detenidas en Coclé del Norte deberán comparecer ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará legalizar las aprehensiones, formulará la imputación y pedirá las medidas cautelares. La investigación deberá determinar el alcance del daño ocasionado al río Calzones y al área protegida, así como la participación individual de los señalados.