Bajar la edad de imputabilidad: una discusión incómoda, pero necesaria

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal a los 13 años volvió a instalarse en la agenda pública argentina. No es un debate cómodo ni sencillo, y justamente por eso no puede ser esquivado con consignas fáciles ni descalificaciones morales. La pregunta de fondo no es si la medida alcanza por sí sola para resolver la inseguridad, porque claramente no lo hace, sino si el Estado puede seguir mirando para otro lado frente a delitos graves cometidos por menores que hoy quedan fuera de toda respuesta penal efectiva.

Reconocer que un adolescente de 13 años puede comprender la gravedad de ciertos actos no implica desconocer su condición de sujeto en desarrollo ni renunciar a un enfoque de derechos. Implica asumir que la ausencia total de responsabilidad penal también es una forma de abandono estatal.

Hoy, frente a hechos extremadamente violentos, el sistema no ofrece sanción, reparación a las víctimas ni dispositivos reales de intervención sobre el menor que delinque. El resultado es una zona de impunidad que no protege a nadie.

Bajar la edad de imputabilidad no debe confundirse con “meter presos a chicos”. El eje no puede ser el encarcelamiento indiscriminado, sino la construcción de un Régimen Penal Juvenil Moderno, diferenciado del sistema de adultos, con penas proporcionales, énfasis en la responsabilización, medidas socioeducativas efectivas y control judicial real. Sin responsabilidad no hay reinserción posible; pero sin límites tampoco hay pedagogía social.

Sería una ingenuidad presentar esta medida como una solución mágica. La delincuencia juvenil es un fenómeno multicausal que exige políticas públicas integrales: prevención temprana, fortalecimiento familiar, escuela con autoridad pedagógica, abordaje de adicciones, combate al narcotráfico y presencia estatal sostenida en los territorios más vulnerables. Bajar la edad sin estas políticas sería insuficiente; negarse a discutirlas también.

La mirada exclusiva sobre el victimario menor suele invisibilizar a las víctimas, que también tienen derechos. Cada delito grave es una tragedia social, no una estadística. El Estado no puede justificar su inacción en nombre de una supuesta protección que, en los hechos, no protege ni al menor ni a la sociedad.

Un aspecto central del debate que suele omitirse es la ausencia de estadísticas oficiales sobre delitos cometidos por menores de 16 años. Ello no responde a la inexistencia del fenómeno, sino a una limitación del propio sistema, ya que la imputabilidad penal rige únicamente para adolescentes de 16 y 17 años. Por ese motivo, no existen registros públicos y consolidados sobre la participación delictiva de menores de 13, 14 o 15 años, lo que empobrece el diagnóstico. Los últimos datos oficiales del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, correspondientes a 2024, indican que en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se iniciaron 22.687 causas. Pero más allá de cifras o porcentajes, ningún delito puede ser minimizado porque cada hecho delictivo exige una respuesta efectiva del Estado.

Es necesario decirlo con claridad: el garantismo penal, tal como se aplicó en la Argentina, no fue una política de ampliación de derechos sino una doctrina de renuncia del Estado. En nombre de una lectura sesgada de los derechos humanos se diluyó la noción de responsabilidad y se construyó un sistema incapaz de intervenir a tiempo. El resultado no fue más inclusión, sino más impunidad y más delitos.

Los derechos humanos no pueden ser una bandera partidaria ni una herramienta de conveniencia política: o son universales, o dejan de ser derechos. La discusión debe darse con seriedad, sin eslóganes ni anteojeras ideológicas. Bajar la edad de imputabilidad a 13 años es una herramienta válida dentro de una estrategia más amplia de seguridad y justicia.