“Ahora sí podremos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, afirmó el presidente Javier Milei desde el búnker de La Libertad Avanza la noche del 26 de octubre, tras la contundente victoria electoral que le otorgó al oficialismo más del 40 % de los votos a nivel nacional. Dos días después, la Casa Rosada convocó a un grupo de gobernadores para comenzar a discutir la implementación legislativa de aquel acuerdo firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán, que había quedado prácticamente archivado durante el primer año de gestión.
La reactivación del debate en torno al Pacto de Mayo reintroduce una cuestión de fondo: ¿puede este acuerdo convertirse en la base de una transformación profunda de la economía real argentina o seguirá siendo una declaración de intenciones sin correlato legislativo concreto?
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El Pacto de Mayo reúne una serie de compromisos orientados a estabilizar y modernizar la economía: reducción del gasto público, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. Estos ejes son condiciones necesarias para recomponer la competitividad sistémica del país, pero no resultan suficientes para garantizar un proceso sostenido de crecimiento. Las reformas fiscales y laborales pueden fortalecer la previsibilidad macroeconómica, pero su impacto sobre la producción, el empleo y las exportaciones dependerá de la capacidad del país para movilizar inversión hacia infraestructura y sectores estratégicos, como el energético.
El punto 6 del Pacto, referido al compromiso conjunto de Nación y provincias de “explotar responsablemente los recursos naturales, respetando el medio ambiente y las autonomías provinciales”, constituye uno de los núcleos más relevantes del acuerdo. Lejos de ser un enunciado simbólico, este punto implica un debate estructural sobre el modelo de inversión, el rol del Estado y la articulación público-privada. En términos concretos, la infraestructura energética, vial y logística es condición indispensable para aprovechar de manera competitiva los recursos naturales: mineros, hidrocarburíferos y agroindustriales.
Las estimaciones del sector vial y energético coinciden en que la inversión privada, a través de esquemas de asociación público-privada, es una herramienta central para reducir la dependencia del financiamiento estatal y acelerar la ejecución de obras estratégicas. La noción de “responsabilidad compartida” entre Nación y provincias reabre el debate sobre el federalismo fiscal y regulatorio, clave para coordinar proyectos de inversión de gran escala y largo plazo.
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La infraestructura argentina presenta rezagos estructurales frente a los estándares regionales. Según la Asociación Argentina de Carreteras, el país cuenta con alrededor de 80.000 kilómetros pavimentados entre rutas nacionales y provinciales, mientras que la red de caminos rurales supera los 500.000 kilómetros, lo que equivale a cerca del 86 % de la red vial total. En la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con relevamientos del Consejo de Políticas de Infraestructura y de CARBAP, existen unos 106.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales 85.000 kilómetros están bajo responsabilidad municipal.
Esa red no pavimentada es la que conecta la producción con las rutas troncales, pero su deterioro crónico eleva dramáticamente los costos logísticos. En un contexto de apertura comercial y expansión de Vaca Muerta y la minería del noroeste, esta carencia se traduce en pérdida de competitividad y en menores incentivos para la llegada de capitales productivos.
El desafío consiste en establecer un nuevo esquema de financiamiento para la infraestructura habilitante, donde el Estado asuma un rol de coordinador y regulador, mientras que el sector privado participe activamente como inversor y operador. La falta de inversión sostenida en puertos, ferrocarriles, rutas, energía y conectividad digital limita el potencial exportador de un país con enormes ventajas comparativas en recursos naturales y agroindustria.
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El Pacto de Mayo puede funcionar como una hoja de ruta institucional si logra traducirse en políticas concretas que incentiven la inversión productiva. Para ello será imprescindible contar con un marco jurídico claro, estabilidad macroeconómica y reglas previsibles que reduzcan el riesgo país y mejoren el costo de capital, condiciones básicas para atraer flujos de inversión sostenibles.
La transformación de la economía real no depende únicamente de reformas normativas, sino de la capacidad de ejecución, coordinación y financiamiento que las acompañe. El Pacto de Mayo ofrece una oportunidad para redefinir la relación entre Estado, provincias y sector privado, orientando los recursos hacia infraestructura estratégica y sectores con ventajas comparativas dinámicas.
La victoria electoral le otorga al Gobierno las herramientas parlamentarias que no tenía en su primer año de gestión. Ahora queda por ver si esa nueva correlación de fuerzas se traduce en consensos legislativos efectivos o si el Pacto de Mayo seguirá inconcluso.
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