Durante años, el mercado clandestino de autopartes funcionó como una economía en las sombras que alimentó la inseguridad, incentivó el robo de vehículos, puso en riesgo la vida de millones de argentinos y promovió las denuncias de autopartes. Una problemática que estaba naturalizada, pero que desde hace tiempo atenta contra el normal funcionamiento del sistema asegurador.
En ese sentido, el Decreto 536/25, recientemente publicado en el Boletín Oficial por el Ejecutivo, representa un avance decisivo para comenzar a desarticular ese engranaje criminal que tanto daño provocó, no sólo en las calles sino también en un sistema que incluye a todos los ciudadanos.
La nueva reglamentación actualiza una vieja norma y, a partir de ahora, para solicitar la baja del automotor y recuperar alguna de sus piezas el titular debe armar un listado de las autopartes a recuperar. Aquellas que no estén aptas para ser reutilizadas, serán registradas digitalmente por un desarmadero oficial, junto a toda la documentación reglamentaria.
De esta manera, se modifica de manera integral el régimen legal y reglamentario de los desarmaderos de automotores y la comercialización de autopartes usadas, lo que agilizará los trámites, mejorará la trazabilidad y eliminará costos innecesarios.
En consecuencia, se facilitará la incorporación de repuestos usados, recuperados legalmente, en lugar de piezas nuevas y costosas. Además, se da un paso hacia adelante en busca de una economía circular en el sector automotor, que promueva el uso de autopartes recuperadas para abaratar seguros y dinamizar el mercado.
Esta nueva normativa, que amplía el listado de piezas que sólo podrán comercializarse bajo certificación oficial, no es un simple ajuste técnico. Es una medida de fondo que ataca la raíz del problema: sin un mercado negro que compre, no hay incentivo para robar. Quitarle margen al delito es, ante todo, cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos.
Pero eso no es todo. Además del impacto en materia de seguridad, este decreto representa un avance concreto en la lucha contra el fraude al seguro. En ese circuito ilegal se multiplican siniestros falsos, maniobras irregulares y estafas que terminan perjudicando a los asegurados de buena fe. Quienes cumplen y pagan su seguro con esfuerzo merecen un sistema que les brinde respuestas ágiles, justas y en un entorno transparente, libre de maniobras irregulares.
Por esos motivos, se trata de una medida que va en línea con un reclamo de larga data de parte de la industria dé seguros: reglas claras, control y responsabilidad compartida. Atacar el problema de fondo -en lugar de actuar sólo cuando el daño está hecho- es la única forma de reconstruir confianza en el sistema asegurador.
El desafío de acá en adelante es claro: aseguradoras, Estado y todos los actores del sector debemos trabajar en conjunto para garantizar que esta política pública se implemente de forma efectiva. Que no quede sólo en la letra de un decreto, sino que se traduzca en menos delitos, menos fraude y más protección para todos. Esta medida representa un cambio de paradigma que fortalece el cambio cultural que persigue la Argentina.
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