La reciente sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que pretende imponer al Estado argentino una indemnización multimillonaria y la transferencia de acciones de YPF sin intervención alguna del Congreso Nacional, constituye un grave intento de vulnerar nuestra soberanía jurídica, económica y política. Frente a esta amenaza, la defensa de la inmunidad soberana de la República Argentina no es una opción, sino una obligación.
La Ley 26.741, sancionada por este Congreso de la Nación no solo declaró de utilidad pública la recuperación de la mayoría accionaria de YPF, sino que incorporó un principio jurídico medular: el artículo 10 establece que cualquier transferencia futura de acciones requiere la aprobación insustituible de dos tercios de los miembros del Congreso.
Este artículo consagra de forma expresa, un límite soberano a la enajenación de activos energéticos estratégicos de nuestro país. No es un contrato, no una cláusula reglamentaria; se trata de una declaración de política pública de máxima jerarquía dentro del sistema legal argentino.
Pretender que una instancia judicial extranjera ignore esa disposición constitucional resulta inadmisible. Sería resignarnos a que la voluntad popular y los mandatos legislativos pueden ser anulados por intereses externos. Es desconocer que como dispone nuestra Constitución Nacional, el Congreso de la Nación es el único órgano con potestad para disponer sobre los bienes públicos. Y es, sobre todo, una peligrosa señal hacia el futuro: si aceptamos este fallo, ningún recurso argentino estará a salvo del arbitrio foráneo.
La defensa de YPF no es una cuestión de nostalgia ni un anclaje en el pasado. Es una garantía de futuro. Es un acto de responsabilidad frente a una empresa que, con mayoría estatal, puede ser el motor del desarrollo argentino, un desarrollo más justo, más soberano y más sustentable. No se trata de repetir errores, acciones demagógicas ni fórmulas fallidas. Se trata de consolidar una visión moderna de la energía como vector de crecimiento e inclusión.
Hay ejemplos de países que han sabido transformar sus recursos naturales en prosperidad sustentable. Noruega administra su petróleo a través de una empresa estatal que es orgullo nacional y ejemplo mundial. Brasil cuenta con Petrobras como actor clave en su autonomía energética y desarrollo industrial. México defiende su petróleo como parte de su identidad. Chile, con el cobre, ha construido una política de Estado que articula explotación con sustentabilidad del patrimonio estatal. Argentina, con Vaca Muerta y su potencial incalculable, no puede resignar su rol activo.
Nuestro país tiene la oportunidad de ser un protagonista global en el escenario energético. Para eso necesita un Estado inteligente, reglas claras, una política de largo plazo y una defensa irrestricta y madura de su soberanía. YPF, con control mayoritario del Estado, no es una estructura obsoleta. Es una plataforma estratégica que puede liderar la transición energética, atraer inversiones genuinas, generar empleo de calidad y ampliar las fronteras del desarrollo nacional.
En esta etapa tan compleja a escala nacional e internacional , la defensa de YPF, de la Constitución Nacional y de nuestras leyes no es una batalla ideológica, sino una causa nacional. No podemos permitir que se imponga una interpretación judicial que desconozca los principios básicos del derecho internacional, como la inmunidad soberana y la no injerencia en asuntos internos. Argentina debe decir con claridad: los recursos estratégicos del país se deciden en el país. YPF es parte de nuestro futuro, no del pasado. Y su defensa es una expresión concreta de nuestro compromiso con el desarrollo, la dignidad y la soberanía nacional.
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