Sobre la violencia: se siguen sumando casos y víctimas

Los casos se amontonan en la sección “policiales” de los canales, los diarios y los portales. Pero no son casos solamente, son vidas truncas, arrebatadas, rodeadas de una violencia inusitada. Cuando todavía el crimen de Fernando Báez Sosa no ha dejado de molernos la cabeza (seguramente no ocurrirá nunca), las alarmas siguen encendidas y las víctimas se amontonan: Roberto Sabo en Ramos Mejía, Lucas Gonzáles en Barracas, Lucio Dupuy en La Pampa, Luciano Olivera en Miramar. Doscientos veintisiete femicidios y diez travesticidios en los últimos diez meses en todo el país. Cada muerte tiene un rostro, puede ser el de un niño, una niña, una mujer, un varón, puede ser cualquiera, podemos ser todas y todos.

Cuando pienso en las vidas de los asesinados, de todos los que padecieron dolor, angustia, terror frente a la violencia me pregunto: ¿dónde está la Justicia?, ¿es posible que todo ocurra al margen del Estado y sus instituciones?, ¿es posible que en todas las situaciones salte a la luz que fallan los engranajes institucionales? Siempre se repite lo mismo: es la justicia que desoye, o la policía que no toma una denuncia, o la escuela que no toma nota de lo que ocurre en sus claustros, o un defensor de menores que no está a la altura…

Siempre el Estado por detrás, poniendo al desnudo su impotencia.

Derecho y violencia, sin embargo, parecen ser dos términos que se relacionan y articulan. Walter Benjamin es un pensador muy leído en estos días, requerido por distintas disciplinas y ampliamente traducido y publicado. En su célebre texto Para una crítica de la violencia de 1921 expone una tesis que llama fuertemente mi atención: un Estado se conforma a través de la violencia en la forma de guerras, conquistas, etc., sin embargo, una vez que el Estado se constituye no rechaza la violencia sino que la incorpora en la forma de la policía o el ejército, por ejemplo. De este modo, lo que Benjamin nos dice es que al Estado no le molesta la violencia, sino que necesita garantizarse el monopolio de su ejercicio. Sólo el Estado podrá ejercer la violencia: las instituciones del Estado son violentas con nuestras vidas, por eso desoyen, fallan, no registran o se ausentan.

Ya sea dentro del viejo derecho de soberanía del “hacer morir” o del dispositivo biopolítico del “desplazar hacia la muerte” deben inscribirse los “casos”. El gatillo fácil tiene la forma del “hacer morir” del antiguo soberano, los femicidios o los asesinatos de menores tienen la forma del “desplazar hacia la muerte”. Ya sea por acción u omisión, el Estado es parte de la violencia que nos atraviesa. Hacernos cargo de esto implica dejar de pensar en “casos” que tienen una víctima y un victimario para leerlos como políticas de muerte, políticas que facilitan la muerte y –a veces- políticas que matan. Por acción u omisión.

Quizá deberíamos empezar a entender, como quería Benjamin, que la vida es sagrada y que entra en el marco de la Justicia atender y garantizar ese derecho fundamente. De este modo, no debería pasar que a nadie le sea arrebatada la vida. Ni siquiera puesta en riesgo.

Aún así, debemos reflexionar sobre el Estado que hemos construido, un Estado en el que la excepción se ha vuelto la norma, en el que hablamos de los “casos” un par de días y luego seguimos adelante. Un Estado en el que es necesario revisar las instituciones que están cerca de las vidas para hacer de la vida una política, para instituir políticas de vida y ya no de muerte. Para ello, es necesario que nos animemos todos –sociedad civil y gobernantes- a poner entre paréntesis nuestras instituciones, a repensarlas, a abandonar las pequeñas mezquindades, las “quintas” personales. Es necesario dar un salto que se acerque a la Justicia, aquella que pondera la vida en todas sus formas y que se sirve de otras instituciones como el derecho, la escuela, los hospitales, la policía, la administración pública, los ministerios, los sindicatos, los gobernantes en general.

En la primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que forma parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, se ha puesto foco en la necesidad de reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad en todo el mundo. Además de la mirada estrictamente humana y la necesidad de preservar la vida, es imprescindible relacionar la violencia como un condicionante para el desarrollo de los pueblos. El objetivo de la paz se sostiene en la vigencia plena de los derechos humanos y ante todo el respeto por la vida humana, para lo cual la prevención y reducción de la violencia debe ser una prioridad de gobiernos, estados y sociedades.

Los ciudadanos quieren vivir, quieren vivir bien, quieren sentirse seguros, quieren llegar a fin de mes, quieren estar educados y sanos, y nosotros debemos escucharlos. Y que el ruido de la balacera no silencie las voces del reclamo cada vez que una vida se vea truncada por un acto de violencia entre seres humanos. Unidad, diálogo y política pública desde los tres poderes del Estado para comprometernos en un Nunca Más frente al crimen violento.

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