En este contexto de pandemia, con declaración de emergencia sanitaria y social, con consecuencias económicas y sociales que aún no terminamos de evaluar y más de 120 días de aislamiento social obligatorio, contar con acceso a Internet resulta fundamental para el desarrollo de nuestra vida.
Hoy, la conectividad determina la posibilidad de tener continuidad escolar, mantener reuniones laborales o contacto con familiares y amigos, la capacidad de realizar cursos online, realizar trámites, acceder al homebanking, etc. En este contexto de aislamiento social, los que no acceden a Internet están más excluidos que nunca.
Previo a este contexto excepcional, muchos países (Finlandia, España, Grecia, Estonia, México, entre otros) y organismos multilaterales (ONU, OEA) han establecido y manifestado que el acceso a Internet es un derecho fundamental para todos los ciudadanos. La digitalización es un fuerte factor de igualdad: cada vez en mayor medida nuestra vida pasa por Internet, es decir, que cada día es más grave estar excluido.
¿Cuál es la situación Argentina? ¿Cuántos argentinos acceden a Internet y cuántos están desconectados? Sobre un total de 14 millones de hogares hay 5 millones que no tienen acceso. De estos últimos, se estima que unos 2 millones no tienen cobertura -es decir no hay prestadores de Internet disponibles-; y otros 3 millones que, si bien tienen cobertura en su barrio, no lo contratan. En este grupo nos queremos detener para evaluar que acciones se pueden implementar para que puedan acceder.
Según estudios internacionales, estadísticamente, una familia decide contratar el servicio de Internet cuando el abono representa un costo no mayor al 2% de los ingresos del grupo familiar. Si el costo supera ese porcentaje es muy posible que esa familia decida no contratar el servicio. Aplicando esa métrica a nuestro país y entendiendo que el abono mínimo promedio es de unos $800, sólo podrían contratar el servicio aquellas familias cuyos ingresos sean superiores a $40.000.
Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr una mayor asequibilidad de manera tal que el costo se reduzca y más familias puedan tener Internet en casa? Una primera media es lograr un mercado competitivo de Internet que genere incentivos para invertir, bajar costos y así ofrecer menores tarifas. En esta línea, el trámite ágil de licencias, una fuerte inversión pública en el mercado mayorista (ARSAT) y fondos públicos para inversiones de infraestructura en las localidades menos pobladas, son políticas necesarias que vienen logrando buenos resultados y de hecho lograron aumentar la tasa de crecimiento a cerca de 500.000 hogares por año en el periodo 2016-2019, pero no son suficientes para conectar a todos los que faltan.
Una solución posible es generar programas de subsidio a la demanda con el objeto de que más hogares puedan contratar el servicio. Ejemplo de este tipo de políticas es el programa “Lifeline” llevado adelante por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU., que consiste en un descuento mensual de hasta USD 9.25 para suscriptores de bajos ingresos que pueden aplicar esos fondos al servicio domiciliario de Internet o a servicios móviles. Estos programas no se limitan a EE.UU. y han sido implementados en países de América Latina como Uruguay y Colombia.
El contexto de aislamiento social es una oportunidad para visibilizar a los desconectados. Para promover en forma urgente políticas y acciones que nos permitan achicar la brecha de distanciamiento social y protegerlos.
Más acceso a Internet debe ser una prioridad para superar las desigualdades que sufre la Argentina. Un país con fuertes políticas de inclusión digital es un país en el que sus ciudadanos ejercen mejor sus derechos y expanden al máximo sus posibilidades de progresar.
*Ex director del Ente Nacional de Comunicaciones y consultor en telecomunicaciones