Asistimos a una situación peculiarmente paradójica: quienes en un pasado, desde la oposición y la sociedad civil, se posicionaban ferozmente a favor de los derechos humanos y pedían la cabeza, incluso, de las más altas autoridades, hoy se manifiestan con extraña tibieza. Muchos hechos graves en la materia sucedieron en estos días mientras el cisne negro de la pandemia sigue su curso sin fin.
Las causas del silencio ante las violaciones de DDHH en nuestro país pueden ser múltiples, pero no hay dudas de que detrás del silencio hay complicidad. Pues hasta hace muy poco, para aquellos defensores combativos, la anterior gestión representaba una especie de dictadura que aplastaba derechos; sin embargo, actualmente, ante casos aberrantes, dichos defensores se limitan a mirar para el costado o a esbozar algunas declaraciones meramente formales, apáticas y limitándolas a problemáticas locales.
El doble estándar es patente e impacta en los esfuerzos por fortalecer una verdadera concepción universal de los derechos humanos, no una de carácter selectivo.
Entre muchas causas de ese silencio, una que quizá sirva de ejemplo sea el desembarco de algunos ex integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es, entre otros, el caso de la actual directora nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales quien hasta hace unos pocos meses tenía a su cargo la representación del CELS, el principal litigante contra el Estado argentino ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Frente a lo hasta aquí expuesto, me pregunto: ¿dónde está la voz aguerrida del oficialismo, por ejemplo la del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuyo mayor interés hasta el momento fue impulsar el pedido de prisión domiciliaria para el corrupto confeso de Ricardo Jaime? ¿Y la voz de muchas de las organizaciones de la sociedad civil? Sin duda, hasta acá, existe una enorme hipocresía. ¿Debemos sumar a la pandemia dentro de las causas que apagaron esas agallas? Hacerlo sería una inaceptable excusa.
Siempre tuve la sensación de que el kirchnerismo ha utilizado los derechos humanos en el terreno político. ¿De verdad creen tener el monopolio para navegar sobre aguas en donde se autoperciben, junto a algunas organizaciones de la sociedad civil, como los buenos, y el resto somos los malos? ¿Qué nos afecta tanto a los argentinos que nos paralizamos, nos enmudecemos y nos callamos frente a las violaciones alevosas? Reclamar, fuerte y claro, la verdad sobre los hechos de violencia institucional y desaparición forzada de personas recientemente ocurridos en San Luis, Tucumán, y Chaco, ¿nos coloca en la categoría de enemigos?
La vulneración de los derechos humanos dista aún de ser reconocida con la centralidad que merece en el continente; ocuparme por que tengan la importancia merecida fue el primer objetivo que abracé cuando asumí como embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Hechos aberrantes en la historia de la humanidad dieron nacimiento a los tratados que reconocen los derechos humanos. Sin embargo, estamos ante un grave retroceso en un contexto pandémico en donde la “defensa de la salud pública" convalida vulneraciones de derechos en nuestro país.
Esta crisis sanitaria que golpea al mundo puede marcar una bisagra en nuestra historia. Queda claro que enfrentar la pandemia, además de medidas para evitar la propagación del virus, requiere más que nunca de más democracia, más división de poderes, más institucionalidad; no de menos libertades y, mucho menos, de un ejercicio complaciente y arbitrario de la autoridad, y del silencio de parte de la sociedad.
La autora es dirigente política del PRO y fue embajadora ante la OEA