En medio de denuncias de fraude y noticias que dan cuenta de actos violentos, Recep Tayyip Erdogan se proclamó ganador de la jornada electoral celebrada el día de ayer en Turquía. Estas elecciones, que fueron anticipadas —originalmente estaban previstas para fines de 2019—, coronan el cambio del sistema gubernamental turco establecido a partir de una modificación de la Constitución operada en 2017 y que, en prieta síntesis, concentra notablemente el poder en la figura del presidente, cargo que Erdogan ostenta desde el 2003, avalado por el voto popular. En sus artículos referidos a Turquía, Federico Gaon suele referirse a Erdogan, con ironía pero con razón, como el nuevo "sultán".
Los acontecimientos que precedieron a la reforma constitucional y al proceso electoral consecuente dejan bastante que desear para quienes aspiran a que la democracia se establezca en aquella región. Cuando, hacia fines de 2014, integrando un contingente del Programa de Formadores de Opinión para la Paz que organiza la Fundación TESA, asistimos en Estambul a varias reuniones con altos dirigentes políticos, religiosos y prestigiosos académicos, Turquía presentaba con orgullo una economía sólida y pujante. Sin embargo, pese a la notable aceptación que el Gobierno de Erdogan gozaba ante la comunidad, varias alarmas nos indicaban que Turquía caminaba sostenidamente hacia una autocracia. Peligroso destino si se considera que este país euroasiático tiene fronteras con Siria, en plena guerra civil, y con Irán. En ambos vecindarios, por entonces el Estado Islámico (ISIS) ya había hecho de las suyas y en ese momento el AKP, partido político que Erdogan encabeza, tenía una relación política ambivalente con esos fanáticos, probablemente porque estos estaban combatiendo por el dominio del territorio kurdo en Siria.
Aquellas señales derivaban de una tendencia del Gobierno hacia el islamismo, lo que causaba un foco de tensión con las fuerzas armadas, las cuales se consideran a sí mismas herederas del espíritu laicista de Kemal Atatürk, fundador de la nación tras la caída del Imperio otomano, luego de la Primera Guerra Mundial; y de que, en diciembre de 2013, había salido a la luz un caso de corrupción que afectaba a miembros del Gobierno del AKP y al propio hijo del presidente Erdogan, lo que causaba un malestar gubernamental con buena parte de la judicatura. En un intento de sublimar al Poder Judicial, el 30 de junio de 2016, el Parlamento de Turquía aprobó un paquete de medidas para reestructurar los altos tribunales turcos con claro debilitamiento de la independencia judicial y contra los planteos de la Unión Europea que, una y otra vez, expresó su preocupación por la erosión de la independencia del Poder Judicial en Turquía, lo que, si bien no se arguye como un obstáculo, debilita las posibilidades de adhesión del país euroasiático en la Unión Europea. En ese contexto, el presidente Erdogan buscó establecer el sistema presidencialista en el país turco para el que fue relecto ahora.
El viernes 15 de julio de 2016 se produjeron hechos que el Gobierno de Erdogan calificó como un intento de golpe de Estado; culpó de ello a ex aliados a los que ahora tilda de terroristas. A pesar de los más de doscientos muertos cuya sangre regó ese día el suelo turco, no ha habido una explicación convincente para la comunidad internacional de qué fue lo que en verdad pasó ese día. El Gobierno de Turquía no puede explicar satisfactoriamente, aun cuando haya establecido un régimen de emergencia, por ejemplo, que el mismo día del golpe haya detenido y desplazado en total a 2745 jueces y fiscales de todas las instancias.
La lista de los miembros de la judicatura, que desde entonces permanecen detenidos en confinamiento unicelular y sin juicio, es alarmante y puede consultarse en la página de Stockholm Center for Freedom. A todo ello se suman constantes e innumerables denuncias de torturas y de abusos a disidentes que se realizan desde entonces. Cientos de miles de turcos no pueden pasar las fronteras porque se les retiró el pasaporte.
Seguramente las denuncias de fraude electoral serán desestimadas. Pero lo que está claro es que la democracia en Turquía está en jaque. Desde la óptica de la independencia judicial, Turquía vive una situación crítica y el porvenir es bastante oscuro. Todo indica que a partir de ahora el poder de Erdogan se incrementará notablemente, en detrimento del Poder Judicial, por lo que es de esperar que la tendencia totalitaria del Gobierno aumente.
Ello, sumado al deterioro de la situación económica y a la inflación que los turcos también padecen, lleva a que aumente notablemente el número de autoexiliados. Argentina está recibiendo hoy refugiados de Turquía y, curiosamente, en su mayoría son profesores universitarios. Es inevitable trazar un paralelismo con un régimen populista de América Latina y es de desear que no sea ese el destino del pueblo turco.
El autor es Juez Nacional en lo Penal Tributario.