La eliminación de al menos 2,000 abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua impide ejercer su profesión a los juristas, según denunció el experto de la ONU Reed Bródy en una declaración difundida este viernes por EFE. La medida se ejecutó sin aviso previo ni proceso legal y fue coordinada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, sostuvo que la decisión replicó un patrón de cierre contra actores sociales críticos. El húngaro recordó que hace más de tres décadas participó en la redacción de los Principios Básicos de la ONU sobre la función de los abogados y señaló que esas reglas prohíben apartar a un letrado del ejercicio sin un procedimiento justo ante un órgano independiente.
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De igual manera, el experto dijo a EFE que habló con varios de los afectados y que todos describieron el mismo mecanismo: desaparecieron del sistema sin notificación previa. “Ya cerraron las ONG, las universidades, los medios, las iglesias. Ahora le toca a la abogacía”, afirmó el jurista, citado por la agencia.
La exclusión se ejecutó sin proceso ni notificación
Bródy afirmó que la supresión del registro bloqueó de forma directa la capacidad profesional de los juristas alcanzados por la medida. “En Nicaragua no hubo proceso, no hubo órgano, no hubo nada”, dijo.
A su vez, el especialista compartió además el texto del Principio 28 de las Naciones Unidas, que establece que las actuaciones disciplinarias contra abogados deben sustanciarse ante un comité imparcial de la profesión jurídica, un organismo independiente creado por la ley o un tribunal judicial, y deben quedar sujetas a revisión judicial independiente.
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La denuncia apuntó así a un punto central: el régimen nicaragüense retiró del registro judicial a miles de abogados y los dejó impedidos de ejercer sin explicar las razones ni abrir una instancia de defensa.
La consecuencia inmediata fue el bloqueo del ejercicio profesional de un sector que, según Bródy, puede interponerse entre el poder y el ciudadano.
Una abogada exiliada relató cómo se enteró su salida del sistema
Entre los afectados apareció la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, hoy exiliada. La jurista contó en sus redes sociales que descubrió su exclusión cuando dejó de figurar en el sistema de la Corte y que no recibió ninguna explicación del Poder Judicial.
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“¿Cuál es el motivo? No lo sé. No he recibido ninguna notificación ni explicación por parte del Poder Judicial. He pedido explicación mediante correo electrónico, pero como es costumbre de ellos, nunca responden”, escribió Molina. La abogada ejerce como letrada y notaria desde agosto de 2013.
Medios locales recopilaron testimonios de otros profesionales y de fuentes judiciales nicaragüenses que estimaron que la cifra de expulsados superó los 2,000. Hasta ahora, ni Ortega-Murillo ni el Poder Judicial ofrecieron explicaciones públicas sobre la eliminación masiva del registro.
Según EFE, Molina se graduó en la expropiada y clausurada Universidad Centroamericana y cursó estudios de maestría en la Universidad de Salamanca, en España.
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