La invitación de Costa Rica al régimen de Nicaragua para que asista a la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández cayó como un balde de agua fría a la oposición, sobre todo al conocer que quien representará al Gobierno es Valdrack Jaentschke, a quien se le acusa de ser la cabeza de una red de espionaje y represión internacional.
La decisión del Gobierno de Costa Rica desató críticas y preocupación entre organizaciones de exiliados, que advierten sobre el mensaje político que implica abrir espacio a un alto funcionario señalado por organismos internacionales.
La toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández está programada para el próximo 8 de mayo en San José, en una ceremonia oficial que se desarrollará en el Estadio Nacional.
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El canciller Arnoldo André confirmó que se espera la participación de representantes de 71 países y 18 organismos internacionales, para un total de 89 delegaciones. Entre los invitados figuran gobiernos de España, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Chile, Panamá, Israel, Países Bajos, Curazao y El Salvador, así como cancilleres de Nicaragua, Uruguay, Perú y Argentina, además de vicecancilleres de otras naciones.
La confirmación oficial de la Cancillería costarricense sobre la invitación a Nicaragua se dio en una rueda de prensa en la que André evitó precisar inicialmente cuál de los cocancilleres del régimen asistiría. Sin embargo, fuentes diplomáticas y antecedentes recientes apuntan a que será Valdrack Jaentschke quien encabece la delegación, tras haber representado previamente al régimen en actos internacionales como las tomas de posesión en Myanmar y en Chile.
La presencia de Nicaragua en este acto ocurre en un contexto de creciente señalamiento internacional contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, particularmente por el funcionamiento de una red de represión transnacional documentada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN).
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Este organismo identificó a funcionarios clave en la coordinación de acciones de vigilancia, persecución y hostigamiento contra opositores en el exilio.
En ese informe, el nombre de Valdrack Jaentschke aparece como uno de los actores relevantes en la toma de decisiones dentro de esa estructura. Según el GHREN, el actual cocanciller desempeñó un rol estratégico durante su paso por representaciones diplomáticas en Honduras y Costa Rica, desde donde se habrían articulado mecanismos de control y seguimiento sobre exiliados nicaragüenses.
El documento también vincula esa red con hechos concretos, como el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam en junio de 2025 en San José, un caso que sigue bajo investigación por parte de las autoridades costarricenses.
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Jaentschke no es una figura nueva dentro del aparato diplomático del régimen. Ha ocupado diversos cargos en el servicio exterior y es considerado un operador de confianza en la estructura internacional del sandinismo. Su trayectoria incluye funciones como ministro consejero en embajadas estratégicas, desde donde ha mantenido un perfil activo en la defensa de la narrativa oficial del régimen.
Su ascenso a la posición de cocanciller se da en un momento en que el Gobierno de Ortega ha intensificado su política exterior como herramienta de control político, utilizando el aparato diplomático no solo para relaciones internacionales, sino también para gestionar presiones, alianzas y acciones dirigidas contra la oposición en el exterior.
En una carta fechada el 28 de abril en San José, la organización Renacer Nicaragua expresó su “profunda preocupación” por la invitación extendida al régimen y, en particular, por la participación de Jaentschke en un acto de alto simbolismo democrático.
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“Consideramos que la presencia del señor Valdrack Jaentschke en un acto tan simbólico como la toma de posesión de la Presidencia de la República constituye un grave error político y ético”, señala el documento dirigido a la presidenta electa Laura Fernández y al canciller Arnoldo André.
La carta recuerda que Costa Rica ha sido históricamente “un faro de democracia” y un país que ha brindado refugio a miles de nicaragüenses que huyeron de la persecución. En ese contexto, advierte que permitir la participación de un funcionario señalado por coordinar acciones de represión genera una contradicción con esos valores.
Según Renacer, “el cocanciller Jaentschke ha sido señalado como una de las piezas clave en la coordinación de la represión transnacional contra exiliados nicaragüenses, incluyendo actividades de espionaje, vigilancia y hostigamiento en países de la región, entre ellos Costa Rica”.
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El documento añade que su presencia “genera un profundo temor y una sensación de inseguridad entre la comunidad exiliada”, integrada por personas que han sido víctimas directas o indirectas de la represión.
“Ver a uno de sus principales operadores internacionales sentado en un acto de celebración democrática representa, para nosotros, una dolorosa revictimización”, subraya la organización.
Renacer solicita al Gobierno costarricense que reconsidere la participación de Jaentschke o, en su defecto, que se adopten medidas protocolarias que eviten interpretar su presencia como un respaldo al régimen.
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“Estamos convencidos de que la hermana República de Costa Rica no desea enviar una señal que pueda ser leída como indiferencia ante la grave situación de derechos humanos en Nicaragua”, indica la misiva.
Las críticas también fueron respaldadas por el líder opositor Félix Maradiaga, quien en declaraciones a Infobae recordó el papel que Costa Rica jugó en 2018 frente a la crisis nicaragüense.
“En 2018, países como Costa Rica asumieron posiciones firmes contra la dictadura de Daniel Ortega. La reacción del régimen fue inmediata y agresiva, incluyendo el cierre de fronteras y medidas de presión que terminaron afectando económicamente a sus vecinos”, afirmó.
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Maradiaga señaló que el contexto actual es más complejo, debido a la capacidad del régimen de proyectar influencia en espacios regionales. “El régimen nicaragüense ha utilizado espacios como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para abrir la puerta a intereses extrarregionales, especialmente de China y Rusia, lo que añade nuevas tensiones a la región”, explicó.
“Es comprensible que, ante la capacidad de presión de esa dictadura, algunos gobiernos opten por manejar la relación con cautela y desde la diplomacia. En el caso de Costa Rica, una de las democracias más sólidas de América Latina, se entiende ese enfoque”, dijo el opositor.
Sin embargo, insistió en la necesidad de trazar límites claros. “Con todo respeto, es importante decir con claridad que el régimen de Ortega es una amenaza directa no solo para los nicaragüenses, sino también para la estabilidad democrática de sus vecinos”, sostuvo.
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Maradiaga también cuestionó el impacto simbólico de la invitación. “Lamentamos cualquier gesto que pueda interpretarse como una forma de normalizar a un régimen ilegítimo, responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Defender la democracia implica también trazar líneas claras”, afirmó.