Una ONG denunció 44 agresiones a periodistas y medios por parte del régimen de Nicaragua

La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) denunció que periodistas y medios independientes de Nicaragua sufrieron 44 agresiones entre enero y marzo de este año. El informe, titulado “Ortega y Murillo profundizan el control sobre la prensa independiente con ataques y presión sostenida dentro y fuera del país”, documentó agresiones verbales, escritas y digitales contra comunicadores y medios durante el primer trimestre de 2026.

FLED señaló que estas acciones buscan estigmatizar, descalificar y hostigar a periodistas y medios independientes. La organización, que forma parte de la red regional Voces del Sur, advirtió que la concentración de ataques en el ámbito digital está vinculada a la imposibilidad de ejercer el periodismo dentro del país controlado por el régimen.

La cobertura local disminuyó y la mayoría de los periodistas permanece en el exilio, mientras quienes siguen en Nicaragua enfrentan vigilancia, restricciones y procesos judiciales.

El informe indicó que los voceros oficialistas no solo atacan, sino que vigilan de forma constante lo publicado por medios nicaragüenses en el exilio, y su estrategia consiste en desmentir cada contenido difundido. De las 44 agresiones documentadas, los actores no estatales son responsables de 22 casos (50%), los agentes estatales de 18 (40%) y los actores paraestatales de 4 (10%).

FLED precisó que los actores no estatales operan mayormente mediante cuentas bajo seudónimos, usando lenguaje alineado con el discurso de voceros oficialistas y seguidores sandinistas, replicando patrones de estigmatización y burla.

La participación estatal “mantiene un peso determinante” e incrementó la intensidad de los ataques, tras elevar el tono de forma progresiva y sostenida. Entre enero y marzo de 2026, las agresiones documentadas afectaron principalmente a personas físicas, quienes representaron 35 de los 44 casos registrados, lo que equivale al 80% del total. Las personas jurídicas fueron víctimas en 9 casos, es decir, el 20%, según el informe de la FLED.

Desde 2018 y hasta la fecha, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerró al menos 54 medios de comunicación, incluyendo cinco que fueron allanados y a los que se confiscaron sus propiedades, entre ellos La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y La Trinchera de la Noticia.

Además, al menos 304 trabajadores de medios nicaragüenses, en su mayoría periodistas, abandonaron el país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018.

Cabe recordar que Nicaragua ocupa el penúltimo lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en marzo. El país figura junto a Venezuela en la categoría de “sin libertad de expresión”, ubicándose en el puesto 22 de 23 en América y el Caribe.

El informe reveló que Nicaragua obtuvo solo 18,22 puntos de 100 posibles, manteniéndose en la franja de ausencia de libertad de expresión. Aunque el puntaje subió 11,71 puntos respecto al año anterior, el país se mantuvo en el lugar 22, lo que indica que persiste un entorno estatal desfavorable para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa, principalmente por la influencia del Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En la dimensión “ciudadanía informada y libre de expresarse”, Nicaragua obtuvo 2,33 puntos sobre 30. En “actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios”, alcanzó 9,22 sobre 40; y en “control de medios y periodismo”, logró 6,67 sobre 30. Las dos últimas dimensiones están clasificadas como de “alta restricción”.

El reporte advirtió que el Ejecutivo y el Poder Judicial ejercen una influencia muy fuerte sobre las condiciones que afectan la libertad de expresión. Entre 2024 y 2025, Nicaragua avanzó hacia un “modelo totalitario bajo el régimen de Ortega y Murillo, que eliminó sistemáticamente el periodismo independiente y las garantías democráticas”.

La SIP destacó que una reforma constitucional radical, en vigor desde febrero de 2025, institucionalizó la censura y aumentó la persecución de críticos, incluyendo la privación de nacionalidad. El informe señala que el entorno digital ha sido objeto de severas restricciones y bloqueos, y que la violencia contra periodistas se ha transformado en represión psicológica. Muchos comunicadores trabajan bajo vigilancia extrema o desde la clandestinidad, recurriendo a herramientas digitales para continuar informando.

El informe concluye que la libertad de expresión en Nicaragua atraviesa su nivel más crítico desde 1979, tras la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, como resultado de una combinación de terrorismo de Estado y un marco legal opresivo.

(Con información de EFE)