Contratos millonarios, nombramientos de consejeros electorales y presuntos pagos ilegales en efectivo convergen en una investigación periodística que coloca a una residencia de Jardines del Pedregal, en Ciudad de México, bajo la lupa.
El inmueble, ubicado en Avenida Picacho 259, es señalado por la reportera Yohali Reséndiz de MVS Noticias y Opinión 51, como un supuesto punto de reunión entre Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.
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De acuerdo con el testimonio de una fuente cuya identidad permanece bajo reserva, en esa propiedad se habrían negociado designaciones en organismos electorales estatales, contratos para producir materiales comiciales y comisiones ilegales destinadas a funcionarios del sistema electoral.
La denuncia adquiere relevancia por los contratos atribuidos a empresas relacionadas con Hernández Casillas, que acumularon adjudicaciones por más de mil 450 millones de pesos entre 2018 y 2025.
Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó el inicio de una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés.
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Picacho 259, la residencia que aparece en la investigación
La propiedad está ubicada en Avenida Picacho 259, en Jardines del Pedregal. Según la descripción difundida por Reséndiz, cuenta con mil 333 metros cuadrados de terreno y 762 metros cuadrados de construcción, una fachada en tonos beige y café, una puerta alta de reja oscura y un acceso vehicular a desnivel.
La fuente anónima le dice a la periodista que el inmueble es propiedad de Hernández Casillas, empresario vinculado con proveedores de materiales electorales.
El inmueble adquirió notoriedad después de que Latinus difundiera, el 20 de octubre de 2026, un video de una celebración por el Grito de Independencia en la que aparecen Taddei y Hernández Casillas. En las imágenes, según la descripción de su fuente, le confirma que fue en ese festejo que se reunieron en el inmueble.
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Por igual, la fuente anónima señaló al inmueble sobre presuntas operaciones realizadas desde la residencia a partir de 2024.
Según la hipótesis que planteó el testigo, la difusión de los videos podría estar relacionada con un desacuerdo por los supuestos porcentajes que Hernández Casillas habría tenido que entregar a raíz de contratos obtenidos.
Presuntos acuerdos para nombrar consejeros electorales
La denuncia señala que Hernández Casillas habría promovido aspirantes a consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) con el respaldo de Taddei. A cambio, según el testimonio, la consejera presidenta del INE, habría gestionado para que contratos favorecieran a las empresas relacionadas con el empresario.
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La fuente atribuyó a Hernández Casillas influencia en la selección de proveedores y en la distribución de trabajos para fabricar materiales electorales. También afirmó que en Picacho 259 se entregaban facturas vinculadas con esas operaciones y se realizaban pagos privados en efectivo.
A pesar que la ley señala que las consejerías de los organismos electorales locales son designadas por el Consejo General del INE mediante votación, la denuncia sostiene que los respaldos se negociaban antes de las mismas o al margen de la ley, con la participación de otros funcionarios.
El 26 de septiembre de 2024, el Consejo General del INE aprobó 55 designaciones de consejerías electorales correspondientes a organismos locales de 20 entidades. Además, al 1 de octubre de 2026, 88 integrantes vigentes de organismos electorales locales cuyos periodos comenzaron a partir del 4 de abril de 2023, cuando inició la presidencia de Taddei.
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Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litoformas, bajo revisión
En la ruta empresarial descrita por Reséndiz aparecen Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litoformas, compañías vinculadas con la producción, impresión o suministro de materiales para procesos electorales.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la periodista, José Alfredo Hernández Casillas y su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, han sido identificados como apoderados de Cajas Graf.
Las empresas relacionadas con Hernández Casillas al menos obtuvieron 49 contratos entre 2018 y 2025, por un total de mil 450 millones 443 mil 771.40 pesos.
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Entre las cantidades desglosadas en esos reportes figuran aproximadamente 656.61 millones de pesos para Cajas Graf y 123.66 millones para Corporativo ZEG.
La investigación también apunta a la relación comercial que, según el testigo, existía entre Hernández Casillas y Litoformas. La fuente aseguró que esta última empresa intervenía en trabajos de maquila y facturación después de que se conseguían contratos electorales.
Asimismo, un padrón de proveedores del Instituto Electoral de Guerrero, actualizado en agosto de 2023, registra a Grupo Calidata Thomas Greg y Label Solution entre los socios consignados para la empresa.
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Un contrato de 197 millones de pesos para la elección judicial
Entre las adjudicaciones que han generado cuestionamientos se encuentra un contrato de aproximadamente 197 millones de pesos relacionado con materiales para la elección judicial de 2025, atribuido a Corporativo ZEG, Cajas Graf y TOL Producciones.
La controversia se centra en el procedimiento utilizado para asignar el contrato después de que una licitación fuera declarada desierta y el INE recurriera a una adjudicación directa.
También se reportó un contrato por alrededor de 46.9 millones de pesos para Cajas Graf durante la etapa en que Guadalupe Taddei encabezaba el organismo electoral de Sonora.
Jesús Octavio García y los posibles conflictos de interés
Otro nombre incluido en la investigación es Jesús Octavio García González. El acta de una junta de aclaraciones de la licitación INEPEPAC/LPN/002/2024, en Morelos, lo identifica como representante legal de Corporativo ZEG, según la documentación referida por Reséndiz.
Posteriormente, García González ocupó un encargo directivo en el área administrativa del INE durante la presidencia de Taddei. Dejó esa responsabilidad en abril de 2026, después de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
La salida de Claudia Arlette Espino abre otra línea de investigación
La renuncia de Claudia Arlette Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE también aparece en el testimonio recabado por Reséndiz.
La fuente aseguró que su salida, presentada el 9 de septiembre de 2026, obedeció a desacuerdos con presuntos actos de corrupción atribuidos a Taddei y a su negativa a participar en ellos.
La explicación institucional difundida por el INE señaló motivos de salud.
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