Tras acusaciones a Taddei, Auditoría Superior de la Federación abre investigación de oficio contra el INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la tarde de este viernes 23 de octubre el inicio de una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto uso indebido de recursos públicos, luego de que se divulgaran señalamientos sobre contrataciones irregulares vinculadas a exfuncionarios y proveedores del organismo.

La pesquisa se dio a conocer apenas un día después de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respondiera públicamente a las acusaciones y las calificara de infundadas.

Los señalamientos apuntan a un esquema de contrataciones multimillonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, como papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua, así como a presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y esos proveedores que plantearían posibles conflictos de interés.

Entre esos exfuncionarios se señaló a una persona identificada como presunto chofer personal de Taddei, versión que ella negó. También se cuestiona si exfuncionarios declararon con veracidad en sus declaraciones patrimoniales, en las que negaron tener participación en empresas relacionadas con los contratos.

El caso había llegado a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tres días antes del anuncio de la ASF, el martes 20 de octubre. La mandataria afirmó entonces que pediría a la Auditoría Superior de la Federación realizar una inspección a la institución para revisar si se utilizaron recursos públicos de forma indebida.

La ASF confirmó que ya hay indicios de triangulación de recursos

La ASF informó que la revisión no se limitó al INE, sino que también abarcó también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como a empresas, personas servidoras públicas y proveedores relacionados con los señalamientos.

El órgano fiscalizador aseguró que ya contaba, a la fecha del comunicado, con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, aunque no detalló las contrataciones específicas ni los nombres involucrados.

La ASF invocó “las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación” para justificar su intervención y se comprometió a actuar “con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”. El mensaje cerró con la consigna institucional: “¡Un México sin corrupción, es posible!”.

La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales. Revisa el ejercicio del gasto de dependencias, entidades y cualquier ente que administre fondos federales, con facultades para detectar irregularidades, daños al erario y posibles responsabilidades administrativas o penales, cuyos hallazgos puede turnar a la Fiscalía General de la República (FGR) para posibles cargos penales.

Taddei acusó un objetivo político detrás de los señalamientos y afirmó que buscan desestabilizar al INE

En entrevista con IMER Noticias la mañana de este viernes 23 de octubre, horas antes del comunicado de la ASF, Taddei sostuvo que la intensidad de las publicaciones en su contra “tiene un objetivo estrictamente político”.

Afirmó que las notas buscan “que el instituto salga y responda” y confirmó que ella misma había solicitado la participación de la Auditoría Superior de la Federación para dar cuenta del estatus de los procesos administrativos del INE.

La consejera presidenta aseguró que existe un intento de “desestabilizar a la institución” y “restarle credibilidad” en pleno arranque del proceso electoral 2026-2027. “Los partidos políticos no ganan las elecciones con estas batallas dentro del instituto. Las ganan en campo, las ganan convenciendo a la población”, declaró, y agregó que confía en que los resultados de la auditoría sean “favorables a la confianza que debemos de tener en el uso de los recursos”.

Taddei calificó como “fallido” el intento de desacreditar al instituto y afirmó que la estructura del INE “es muy firme”. Señaló que el organismo está sujeto a revisión permanente desde su creación y que esa supervisión forma parte de su funcionamiento cotidiano, al margen de la polémica.

La consejera presidenta del INE ya había negado favoritismos y turnó el caso al Órgano Interno de Control

Dos días antes del comunicado de la ASF, el martes 21 de octubre, Guadalupe Taddei ofreció un mensaje a medios en el que respondió a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con antiguos colaboradores y empresas proveedoras del organismo.

La funcionaria sostuvo que las personas mencionadas en las publicaciones periodísticas ya no formaban parte de la institución y confirmó que el Órgano Interno de Control (OIC) había recibido los antecedentes del caso para determinar si existieron omisiones o falsedades.

Entre los señalados figuran Jonathan Navarrete Torres, identificado como presunto chofer de Taddei y quien, de acuerdo con el medio Reforma, recibió un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg el 28 de junio de 2023, y Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del INE, quien dejó el cargo en abril pasado tras cuestionamientos por conflicto de interés y que previamente fue representante legal de esa misma empresa.

Taddei rechazó la versión sobre el supuesto chofer. “Jamás fue mi chofer”, afirmó, y precisó que el trabajador estuvo adscrito a la oficina de la Presidencia del INE, pero sin desempeñar esa función, distinta de las tareas realizadas por su asistente especializado.

La consejera presidenta explicó que su postura se sustentaba en los expedientes laborales y en las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por los servidores públicos involucrados.

De acuerdo con esos documentos, las personas señaladas declararon no tener vínculos de participación en empresas, sociedades o asociaciones relacionadas con los proveedores cuestionados.

Taddei subrayó que esas declaraciones eran responsabilidad individual de cada servidor público, presentadas bajo protesta de decir verdad, y que correspondía al OIC determinar si la información fue completa y veraz.

La funcionaria también rechazó tener proveedores favoritos y señaló que las empresas cuestionadas, entre ellas Corporativo Zeg y Cajas Graf, ya ofrecían bienes y servicios al INE antes de su llegada a la institución, en abril de 2023. Puso a disposición de las instancias fiscalizadoras la información disponible sobre las contrataciones y afirmó que el instituto colaboraría “sin interferir” en la investigación en curso.