
Los abogados de las familias de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, presentaron ante un juez adscrito al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte una solicitud para fijar fecha y hora de una audiencia de control contra omisiones, negligencias y determinaciones del Ministerio Público en agravio de las víctimas.
La solicitud, encabezada por el abogado Odracir Espinoza, fue dada a conocer públicamente por las familias tras las detenciones recientes de presuntos responsables del secuestro y homicidio de los trabajadores, ocurrido el 23 de enero en el municipio sinaloense.
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La solicitud de audiencia de control
Las familias informaron que la petición busca que un juez federal revise las omisiones y negligencias que, a su juicio, ha cometido el Ministerio Público durante la investigación del caso.
La audiencia de control es el mecanismo judicial mediante el cual las víctimas pueden exigir que un juez revise el desempeño de la autoridad investigadora cuando consideran que existen fallas u omisiones en el proceso. En el caso Concordia, las familias de los mineros recurrieron a esta vía ante la falta de información sobre los avances tras las últimas detenciones vinculadas al secuestro de sus familiares.

La petición se suma a los reclamos previos de la representación legal, que había solicitado a la FGR un informe sobre todas las detenciones relevantes realizadas en la zona desde el inicio de la investigación.
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El reclamo a SSPC y FGR tras las detenciones
La solicitud de audiencia de control se presentó después de que las autoridades informaran la detención de Jesús Abraham García Perales, alias “El Talibán”, y cuatro presuntos integrantes más de una célula delictiva vinculada a Los Chapitos, en los municipios de El Rosario y Mazatlán, Sinaloa.
Las familias pidieron a Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y a Ernestina Godoy, fiscal general de la República, realizar un esfuerzo adicional para obtener testimonios de los detenidos que ayuden a esclarecer los hechos.
A ocho meses del secuestro y tras la detención de al menos 11 personas vinculadas al caso, según las propias autoridades, las familias consideran imposible que no exista mayor información sobre lo ocurrido el día del hecho, la intervención del grupo criminal y la responsabilidad de Vizsla Silver en la seguridad de sus trabajadores.
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Los familiares reconocieron en comunicados anteriores las acciones realizadas por la SSPC, la FGR y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, expresaron un reclamo puntual por la falta de información sobre los posibles testimonios de los detenidos.
Las detenciones vinculadas al caso Concordia
De acuerdo con información oficial, las capturas de “El Talibán” y los otros cuatro presuntos integrantes de la célula criminal se realizaron el 16 y el 17 de octubre mediante dos operativos de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

En las acciones participaron también la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a partir de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Sedena.
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Los cuatro detenidos en El Rosario formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, identificado como jefe regional de la facción de Los Chapitos en el sur de Sinaloa. “El Talibán” fue señalado como persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, también jefe regional de esa facción.
Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra “El Talibán” por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá en los próximos días. Los detenidos quedaron a disposición de la FGR, con sede en Culiacán.
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El paradero de Francisco Antonio Esparza Yáñez
Pese a las detenciones realizadas en los últimos meses, continúa sin conocerse el paradero del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, el único de los diez trabajadores que no ha sido localizado desde el secuestro.

Las familias insistieron en que las autoridades aún no han precisado si los detenidos aportaron información relacionada con la ubicación de Esparza Yáñez durante los interrogatorios.
Pendientes con Vizsla Silver
Las familias reiteraron su solicitud para que Vizsla Silver entregue documentos, bitácoras, protocolos de riesgo, registros de GPS y filmaciones de cámaras de vigilancia que ayuden a dilucidar lo ocurrido el día del secuestro.
Hasta el momento, según han señalado los representantes legales, la empresa minera canadiense no ha comparecido para proporcionar estos elementos en los términos requeridos por la investigación.
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Antecedentes del caso
El secuestro de los diez trabajadores ocurrió la madrugada del 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el campamento La Clementina, en el poblado de Pánuco, municipio de Concordia, donde Vizsla Silver alojaba a personal del proyecto minero Pánuco.
El 5 de febrero, las autoridades localizaron una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, a unos 19 kilómetros de Concordia, donde comenzaron a aparecer los primeros cuerpos. El proceso de identificación se extendió durante meses: para el 6 de abril, Vizsla Silver confirmó que nueve de los diez trabajadores habían sido hallados sin vida.
Las autoridades mexicanas atribuyeron el ataque a una célula de Los Chapitos que, según la versión oficial difundida en su momento por García Harfuch, habría confundido a los mineros con integrantes del grupo rival Los Mayos. Las familias han cuestionado esa versión y sostienen que el motivo del secuestro todavía no tiene una explicación oficial completa.
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Entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron aproximadamente 12 incidentes de distinta naturaleza en la región de Concordia. En abril de 2025, Vizsla Silver había suspendido temporalmente actividades de campo por condiciones de inseguridad, antes de que los trabajadores regresaran al campamento.
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