
Tres ciudadanos mexicanos fueron extraditados desde Costa Rica a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico marítimo de cocaína, luego de que autoridades costarricenses interceptaran un buque con bandera estadounidense que transportaba 840 kilogramos de droga. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin confirmó la entrega de los acusados tras una investigación conjunta entre agencias de ambos países.
Los extraditados fueron identificados como Miguel Ángel Campos Barragán, Giovanni Vidrio López y Eustaquio Espinosa Hernández. Los tres formaban parte de la tripulación de la embarcación donde se halló el cargamento.
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La extradición y la comparecencia ante la justicia
Campos Barragán, Vidrio López y Espinosa Hernández habían sido acusados formalmente en el Distrito Este de Wisconsin en mayo de 2025. Las imputaciones responden a presuntas violaciones de la Ley Marítima de Aplicación de la Ley contra las Drogas (MDLEA, por sus siglas en inglés).
El 19 de octubre, los tres acusados comparecieron ante la jueza magistrada estadounidense Nancy Joseph en Milwaukee, Wisconsin. La magistrada ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.
El caso quedó bajo la responsabilidad del fiscal auxiliar de Estados Unidos Robert J. Brady, Jr., perteneciente al Distrito Este de Wisconsin.
Qué pasó con el buque My Lisa Too
El 15 de abril de 2025, autoridades costarricenses interceptaron el My Lisa Too, una embarcación con bandera estadounidense, cerca de Quepos, Costa Rica. Durante el operativo, las fuerzas del orden confiscaron aproximadamente 840 kilogramos de cocaína ocultos en el interior del buque y arrestaron a los tres tripulantes, que luego fueron extraditados a Wisconsin para enfrentar los cargos federales por narcotráfico marítimo.
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Según el primer cargo de la acusación, los tres hombres presuntamente conspiraron entre sí y con otras personas, desde enero de 2024 hasta aproximadamente el 15 de abril de 2025, para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación estadounidense.
El segundo cargo señala de forma puntual que, el 15 de abril de 2025, los acusados poseyeron con intención de distribuir esa misma cantidad de droga a bordo del buque.
Una acusación formal constituye únicamente una alegación. Se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
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Declaraciones de los funcionarios estadounidenses
Brad D. Schimel, primer fiscal auxiliar de Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin, describió el caso como excepcional. “Este caso es notable por varias razones”, declaró Schimel. “Primero, se trata de una de las mayores incautaciones de drogas jamás realizadas en el Distrito Este de Wisconsin”.
Schimel agregó que también resulta inusual porque la droga fue interceptada antes de ingresar a territorio estadounidense. “Este caso demuestra la increíble capacidad de las autoridades estadounidenses que trabajan en colaboración con sus homólogos en Centroamérica y Sudamérica”, sostuvo.
Por su parte, Todd C. Smith, agente especial a cargo de la División de Campo de Chicago de la Administración para el Control de Drogas (DEA), vinculó el operativo con organizaciones criminales mexicanas.
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“La extradición de estas personas refuerza nuestro compromiso de perseguir sin descanso a quienes trafican drogas ilícitas peligrosas en nuestras comunidades”, afirmó Smith.
Smith señaló además que la colaboración busca que “quienes están afiliados a organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de Sinaloa rindan cuentas ante la justicia”.
Alan Karr, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Milwaukee, destacó el trabajo articulado entre agencias. “El FBI y nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional colaboran a diario para erradicar la delincuencia violenta, incluidos los cárteles”, expresó Karr.
Cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Campo de la DEA en Milwaukee y la Oficina de País de la DEA en San José, Costa Rica, con apoyo de la Oficina de Campo del FBI en Milwaukee.
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Las detenciones y extradiciones desde territorio costarricense se lograron gracias a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense y al gobierno de Costa Rica. Participaron la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas (GOPES SNG).

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos brindó asistencia para el regreso de los acusados a territorio estadounidense.
El marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159. Según se informó, el HSTF constituye una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.
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A través de una colaboración interinstitucional, el HSTF moviliza recursos de las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y enjuiciar delitos cometidos por estas organizaciones. El grupo pone énfasis particular en los casos de tráfico de menores y utiliza las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos.
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