Acusan a un hombre en Texas de suministrar armas para el Cártel de Sinaloa: es el quinto involucrado

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas emitió una acusación sustitutiva de 13 cargos contra cinco personas señaladas de traficar armas de fuego hacia el Cártel de Sinaloa. El fiscal federal Ryan Raybould anunció el lunes que la imputación, presentada el 24 de septiembre, suma un quinto acusado a la causa original.

El caso se originó el 25 de junio, cuando Loyd Walter Hall, también conocido como “Jamie Hall” y “James William”, junto con Jesús Quezada Meza, Omar Velásquez y Catlynn Ann Townsend, fueron acusados formalmente de conspirar para proveer armas al cártel. La versión ampliada del documento incorpora ahora a Johnnie Wayne Corbett, de 42 años y residente de Amarillo, arrestado por agentes federales el 17 de octubre.

Los seis delitos que componen la acusación

El gran jurado federal acusó formalmente a cinco personas de trece cargos vinculados a un esquema de tráfico de armas hacia el Cártel de Sinaloa, entre ellos apoyo material a una organización terrorista, narcotráfico internacional y compra ilegal de armas mediante testaferros. La investigación fue conducida por la División de Campo de Dallas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El primer cargo corresponde a conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Según la acusación, Hall coordinó el suministro de armas, municiones y equipo relacionado al Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista extranjera por el Secretario de Estado de Estados Unidos.

El documento también describe una conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación hacia Estados Unidos, que involucra fentanilo, heroína y cocaína. La red, según los fiscales, se coordinaba con actores vinculados a cárteles para fabricar y transportar esas sustancias a través de fronteras internacionales.

A estos cargos se suman el uso y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico, la conspiración para traficar armas de fuego a través de fronteras estatales e internacionales, y la conspiración para la compra ilegal de armas mediante prestanombres que ocultaban la identidad de los verdaderos destinatarios.

El último cargo señala declaraciones falsas a vendedores de armas con licencia federal. La acusación sostiene que los imputados presentaron formularios ATF 4473 fraudulentos para falsear la identidad de los compradores reales y ocultar el destino final de las armas.

Situación judicial y penas que enfrentan los acusados

Hall, Quezada Meza y Velásquez permanecen bajo custodia federal. Townsend, en cambio, recibió una citación judicial para comparecer ante la Justicia. Corbett también se encuentra detenido y este lunes realizó su primera comparecencia ante un juez magistrado estadounidense.

Las penas que arriesgan los acusados varían según los cargos imputados. Hall enfrenta una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal de resultar condenado. Quezada Meza y Velásquez afrontan cada uno hasta 15 años de prisión federal, mientras que Townsend y Corbett podrían recibir hasta cinco años cada uno.

El documento judicial aclara que una acusación formal constituye únicamente una alegación de conducta delictiva. Los cinco acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.

Declaraciones de los fiscales y la ATF

“Los acusados suministraron rifles de gran potencia y municiones al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo”, declaró Raybould. Agregó que, al presentar cargos por apoyo material al terrorismo, la fiscalía busca dejar en claro que armar a los cárteles representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Raybould sostuvo además que, bajo el liderazgo de la fiscal general Blanche, la administración Trump implementó una estrategia integral para desmantelar estas redes. Afirmó que su oficina “utilizará todos los recursos federales disponibles para desmantelar los cárteles”.

Por su parte, Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF de Dallas, señaló que “quienes arman a los cárteles violentos contribuyen a alimentar un ciclo de derramamiento de sangre”. Garner precisó que, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la agencia apunta contra estas redes “cortando su acceso a las armas”.

Agencias que participaron de la investigación

El proceso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159. Se trata de una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

La investigación estuvo a cargo de la División de Campo de Dallas de la ATF, con la colaboración de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Dallas, socios locales de las fuerzas del orden y miembros de los grupos de trabajo de la Zona de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA). Las fiscales federales adjuntas Colleen Bloss y Marbel Muñoz, de la sección de Narcóticos/HSTF/Confiscación de Bienes, están a cargo del caso.

Según el comunicado, el HSTF pone especial énfasis en investigar delitos que involucran a menores y utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos.

El HSTF de Dallas está integrado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la ATF, el HSI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio de Inspección Postal y el Servicio Secreto. También participan el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Dallas y la Oficina del Sheriff del condado de Dallas.