Denuncian filtración de datos personales de periodista que solicitó información al gobierno de Sinaloa: Artículo 19 exige protección

La Revista Espejo, un medio del estado de Sinaloa, denunció la filtración de uno de sus periodistas luego de realizar una solicitud de transparencia a la Secretaría de Economía del estado para conocer los beneficios fiscales otorgados a empresas privadas.

Al respecto, Artículo 19 exigió que las autoridades investigaran el caso y aplicaran sanciones si se acreditaba una violación a las obligaciones de transparencia y protección de datos personales.

La solicitud fue presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y buscó información sobre los certificados de promoción fiscal, conocidos como CEPROFIES, entregados a compañías privadas en Sinaloa.

El 8 de octubre de 2026, periodistas de la revista recibieron llamadas de personas empresarias que cuestionaron por qué se investigaban esos incentivos fiscales y qué uso se pretendía dar a los datos requeridos ante la dependencia estatal.

Para Artículo 19, esas comunicaciones mostraron que personas ajenas al procedimiento tuvieron acceso a información sobre la solicitud. La organización advirtió que la difusión del contenido del trámite o de la identidad del solicitante pudo exponer al reportero.

Las llamadas ocurrieron después de la solicitud de información

El periodista solicitó información pública sobre los certificados de promoción fiscal otorgados a empresas privadas. El trámite formó parte de una investigación sobre las decisiones de la Secretaría de Economía de Sinaloa en torno a esos beneficios.

Después de que fue presentada la solicitud, terceros contactaron a accionistas de la publicación para preguntar por la investigación. Las personas empresarias cuestionaron la búsqueda de información y el destino que tendría la documentación solicitada.

La publicación señaló a la Secretaría de Economía de Sinaloa como presunta responsable de divulgar datos vinculados con el trámite y con el reportero que promovió la petición de información.

Artículo 19 sostuvo que la revelación de datos del solicitante resultó preocupante debido a que las llamadas exhibieron que personas externas al proceso conocían detalles que debieron permanecer bajo resguardo de las autoridades.

La organización consideró que el caso pudo colocar al periodista en una posición de vulnerabilidad al permitir que particulares identificaran una investigación sobre beneficios otorgados desde el gobierno estatal.

Presentan quejas ante violación de derechos personales

El 14 de octubre de 2026, fueron presentadas quejas formales ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Los recursos buscaron que las autoridades determinaran si hubo una transferencia indebida de información sobre la solicitud o de los datos personales del periodista.

Artículo 19 pidió que ambas instancias realizaran una investigación diligente, exhaustiva y sin dilación para esclarecer cómo la información llegó a personas empresarias ajenas al procedimiento.

La organización también exigió que, si se comprobaban irregularidades, fueran aplicadas las medidas de apremio y sanciones administrativas previstas en el título noveno de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La ley establece que cualquier persona puede solicitar información en posesión de autoridades sin explicar los motivos de su petición ni revelar el uso que daría a los documentos obtenidos.

Artículo 19 señaló que las autoridades involucradas en el proceso debieron garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales que estuvieron bajo su resguardo.

La Secretaría de Economía de Sinaloa debía preservar la información del solicitante y limitar su tratamiento a las finalidades previstas en el procedimiento de transparencia.

La legislación en materia de datos personales impidió que una autoridad compartiera libremente información identificable con terceros. Una transferencia requirió una justificación legal y un instrumento que estableciera las responsabilidades de las partes.

La organización sostuvo que la presunta filtración no sólo pudo afectar al reportero, sino que también pudo desalentar a otras personas de presentar solicitudes de información ante dependencias públicas.

El temor de que una solicitud permita identificar a quien investiga puede limitar el ejercicio del derecho de acceso a la información, en especial cuando las peticiones involucran recursos públicos, decisiones administrativas o beneficios para empresas.