Tras la detención del exfiscal César Jáuregui por el caso CIA, Fiscalía de Chihuahua asegura que “el crimen no puede combatirse al margen de la ley”

Horas después de la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno, el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, emitió un mensaje en el que reconoció el desmantelamiento del narcolaboratorio del mes de abril como “un resultado muy relevante en el combate al crimen organizado”, pero advirtió que “un buen resultado no justifica violar la ley” y que “el crimen no puede combatirse al margen de la ley”.

Jáuregui fue capturado este sábado 17 de octubre por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, derivado de presuntas omisiones en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos. El caso que se desatapó tras la muerte de dos supuestos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dos elementos mexicanos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en un accidente automovilístico ocurrido cuando regresaban del despliegue.

Cabe señalar que la orden de aprehensión contra el exfiscal fue obtenida por la FGE ante un juez de control local, y no por la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público. En esa indagatoria, la FGR recabó el 2 de junio una entrevista ministerial a Jáuregui, en calidad de testigo, no de imputado.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que la captura se realizó a las 10:20 horas, en la colonia Campestre Washington de la capital chihuahuense. La detención corrió a cargo de la Policía Estatal, según consta en el documento, y Jáuregui quedó a disposición de la FGE, Zona Centro-Sur, la misma institución que él encabezó hasta abril.

El encargado de despacho detalló los delitos y reveló que Jáuregui será presentado ante un juez

Loya Chávez explicó en el video que un juez de control libró la orden de aprehensión contra Jáuregui por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en el artículo 253, fracciones II y IV, y en el artículo 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua. La orden fue cumplimentada horas antes de que se difundiera el mensaje.

El funcionario precisó que Jáuregui sería puesto a disposición del juez de control, ante quien se desahogaría la audiencia inicial en los plazos que marca la ley, con pleno respeto a sus derechos y al debido proceso. “Lo dijimos desde el primer día: quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de la autoridad”, afirmó.

Loya Chávez aclaró que la detención no desacredita los resultados operativos obtenidos en abril. “Esta acción no desconoce el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino”, señaló. Lo que se investiga, puntualizó, es la forma en la que se condujo el operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables.

El encargado de despacho agregó que “nadie, sin importar su cargo, puede torcer la ley en nombre de un buen fin”, y adelantó que la fiscalía informará oportunamente sobre el avance del proceso. Reiteró que la institución mantendrá su lucha frontal contra la delincuencia en coordinación con las instancias correspondientes, “para garantizar la paz, el estado de derecho y la libertad de las y los chihuahuenses”.

La Fiscalía de Chihuahua también busca detener al exfiscal de Operaciones Estratégicas

De acuerdo con el oficio 53095/2026 de la causa penal 3055/2026, el juez de primera instancia Luis Alberto Simental Ortega libró, el 16 de octubre de este año tres órdenes de aprehensión. La primera, contra Jáuregui y Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de la FGE Chihuahua, por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, en calidad de coautores.

La segunda orden fue exclusiva contra Jáuregui, por los mismos delitos pero como autor material. La tercera correspondió solo a Zuany Portillo, por falsedad ante autoridades con penalidad agravada, conforme al artículo 308 del Código Penal del Estado. Hasta el momento, en el Registro Nacional de Detenciones no hay constancia de la detención de Zuany Portillo.

Jáuregui renunció tras la creación de una unidad especial para investigar el caso

Jáuregui había renunciado como fiscal general de Chihuahua el 27 de abril, seis meses antes de su detención, en medio de la polémica por el operativo del narcolaboratorio. Presentó su dimisión ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con el argumento de permitir que las investigaciones avanzaran sin interferencias y atender la exigencia de transparencia.

En su posicionamiento público al renunciar, reconoció inconsistencias en la información inicial difundida por las autoridades estatales, así como omisiones en los mecanismos de control y comunicación dentro de la fiscalía. Indicó que, como titular de la institución, le correspondía garantizar el correcto funcionamiento de los protocolos, por lo que asumió la responsabilidad en el ámbito del liderazgo.

Tres días antes de la renuncia, el pasado 24 de abril, fue anunciada la creación de la unidad especializada de la FGE para investigar el caso, un día después de que Maru Campos se reuniera con autoridades federales en la Ciudad de México. Al frente del equipo quedó Wendy Paola Chávez Villanueva, entonces titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, con casi diez años en ese cargo.

El accidente del 19 de abril cobró la vida del director de la AEI, otro agente estatal y dos estadounidenses

El caso de presunta intervención extranjera y la presunta invasión de competencia federal se destapó cuando una camioneta del convoy Estatal que regresaba del operativo derrapó en un camino de terracería, salió del trazado y cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua, lo que provocó una explosión. Murieron Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes —presunto piloto de la unidad— y los dos estadounidenses señalados como agentes de la CIA.

El operativo para desmantelar el narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, se llevó a cabo entre el 17 y el 19 de abril, según datos de la FGE.

El propio Jáuregui, como fiscal en funciones, confirmó el día del accidente los cuatro fallecimientos en conferencia pública. Esa comparecencia derivó, meses después, en una de las investigaciones que mantiene abierta la FGR por el caso.

Otros dos estadounidenses, también señalados como agentes de la CIA, no se vieron involucrados en el accidente. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló el 27 de mayo que México solicitó su salida del país, al no contar con la acreditación requerida por la Secretaría de Relaciones Exteriores para colaborar en materia de seguridad en territorio mexicano.

Los supuestos agentes de la CIA convivieron con el director de la AEI días antes del operativo

Un informe presentado el 13 de mayo por la encargada de la unidad especial, Chávez Villanueva, reveló que videos de vigilancia captaron a los presuntos agentes estadounidenses conviviendo de manera informal con Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI, en las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. El acercamiento ocurrió al menos dos días antes de que el convoy saliera hacia la sierra de El Pinal, en el municipio de Morelos.

Las mismas imágenes mostraron que el 16 de abril, horas antes de la salida, uno de los extranjeros portaba un arma larga dentro de las instalaciones, con la mano derecha y en posición vertical. Chávez Villanueva precisó que no se advirtió a la agencia estatal ninguna disposición de uso del arma, y que no se corroboró que la portara fuera del edificio o durante el operativo.

La fiscal no pudo confirmar si el sujeto armado era uno de los dos extranjeros que murieron en el accidente o alguno de los dos que sobrevivieron, por no haber viajado en el vehículo que cayó al barranco. Las cuatro personas se integraron al convoy desde su salida de la ciudad de Chihuahua, vestidas de civil y sin insignias de corporación alguna.

No existe registro de que Oseguera Cervantes o algún otro servidor público haya solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la presencia de los extranjeros. La FGE no recibió respuesta formal de la representación diplomática y consular de Estados Unidos ni del Instituto Nacional de Migración sobre la identidad de estos individuos.

La FGR citó a cerca de 50 funcionarios y recabó el testimonio de Jáuregui

El 4 de mayo de 2026, la FGR informó que citó a declarar a cerca de 50 personas que participaron en el operativo del 19 de abril. El entonces vocero Ulises Lara López señaló que existía la posibilidad de que se hubieran cometido delitos relacionados con la seguridad nacional.

Posteriormente, el 18 de mayo, la institución federal dio a conocer que había entrevistado a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de las indagatorias. Para esa fecha, la FGR trabajaba también en identificar a los propietarios o poseedores del inmueble donde se localizó la instalación clandestina, así como a posibles empresas proveedoras.

El 2 de junio, Jáuregui compareció ante la FGR como testigo, no como imputado, en la indagatoria por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público. Lara López informó que la entrevista ministerial aportó “información relevante” para esclarecer lo ocurrido en la Sierra del Pinal, y precisó que la institución había recibido ya más de 120 diligencias, entre ellas cerca de 60 entrevistas.

La FGR reveló que la FGE avisó por teléfono cuando el operativo ya había concluido

La indagatoria de la FGR por presunta invasión de competencia federal fue iniciada a partir de una comunicación telefónica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, recibida el 18 de abril, con posterioridad a que el operativo fue planeado y ejecutado. Esa secuencia abrió la línea de investigación para determinar si las autoridades estatales invadieron la competencia federal, según informó la FGR el 13 de mayo.

Cuando los agentes ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal federal llegaron al narcolaboratorio, lo hicieron sin recibir cadena de custodia de las autoridades locales: ni el área, ni los indicios ni las sustancias fueron entregados bajo resguardo formal. La irregularidad quedó registrada en la carpeta federal mediante un acta que documenta diversas anomalías en el proceso, previa elaboración del aseguramiento correspondiente.

El inventario asegurado en el sitio incluyó más de 55 mil litros de sustancias líquidas, poco más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de 2 mil litros de metanfetamina, además de cilindros de gas LP, contenedores, reactores y centrifugadoras empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

La FGR precisó que la Ley General de Salud otorga competencia exclusiva a la Federación para investigar, perseguir y sancionar delitos cuando existan elementos para presumir la participación de delincuencia organizada, como en el caso de un laboratorio clandestino de sustancias ilegales. Recordó también que las entidades federativas tienen prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país, en tanto que la conducción de la política exterior y las funciones en materia de seguridad nacional son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República.