“Un distintivo no puede tapar nueve muertes”: familias de mineros de Concordia rechazan premio por mejor empresa a Vizsla Silver

Las familias de los 10 trabajadores privados de la libertad el 23 de enero en Concordia, Sinaloa, rechazaron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) que el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) otorgó a Minera Canam, subsidiaria mexicana de la canadiense Vizsla Silver. El reconocimiento se renovó por cuarto año consecutivo mientras nueve de esos trabajadores ya fueron hallados sin vida y uno permanece desaparecido.

Los familiares difundieron un comunicado el 14 de octubre de 2026 en el que cuestionan los criterios aplicados por el organismo filantrópico. Argumentan que persisten señalamientos sobre posibles omisiones de seguridad por parte de la minera antes del ataque armado.

El secuestro del 23 de enero en Concordia y las fosas de El Verde

Un comando armado irrumpió la madrugada del 23 de enero de 2026 en un fraccionamiento residencial de Concordia donde Vizsla Silver alojaba a su personal. 10 trabajadores vinculados al proyecto Panuco, entre empleados directos y contratistas, fueron sustraídos del lugar.

Dos semanas después, el 5 de febrero, las autoridades localizaron una fosa clandestina en el poblado de El Verde, a unos 19 kilómetros de Concordia. Allí aparecieron los primeros cuerpos de las víctimas.

El proceso de identificación se extendió durante meses. Para el 6 de abril, Vizsla Silver confirmó que nueve de los 10 trabajadores habían sido hallados sin vida.

El décimo trabajador, el ingeniero geólogo Francisco Antonio Esparza Yáñez, encargado de relaciones comunitarias de la empresa, continúa sin ser localizado. A más de nueve meses del hecho, su paradero sigue sin esclarecerse.

Las autoridades mexicanas atribuyen el ataque a una facción del cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos. En septiembre, fuerzas federales detuvieron a dos presuntos implicados, identificados como Ángel “N”, alias “Tronco”, y Milton “N”.

Esa captura se sumó a la de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito”, arrestado en junio y señalado como operador de la misma organización en la zona de Concordia y El Rosario. Las familias insisten en que el motivo del secuestro todavía no tiene una explicación oficial.

10 trabajadores de Vizsla Silver fueron secuestrados el 23 de enero de 2026 en Sinaloa por un grupo armado. Nueve aparecieron sin vida en fosas de El Verde y uno, Francisco Antonio Esparza Yáñez, permanece desaparecido, mientras las familias exigen que la empresa esclarezca las condiciones de seguridad previas al ataque.

CEMEFI otorgó el distintivo ESR a Minera Canam por cuarto año consecutivo

Según un comunicado de la propia Vizsla Silver presentado ante reguladores, Minera Canam obtuvo el Distintivo ESR del CEMEFI por cuarto año consecutivo. La empresa destacó además una inversión superior a USD 600 mil en iniciativas de bienestar comunitario en la región.

El CEMEFI describe el distintivo como un reconocimiento voluntario que evalúa indicadores ambientales, sociales y de gobernanza alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. El proceso exige a las empresas postulantes presentar evidencia documental de sus prácticas de responsabilidad social.

Las familias sostienen que ese reconocimiento resulta difícil de sostener frente a los hechos de Concordia. Preguntan públicamente qué evaluación realizó el organismo sobre la protección de los trabajadores antes de otorgar la distinción.

En su comunicado, los familiares también cuestionan si el CEMEFI tuvo conocimiento de los antecedentes de inseguridad que la propia Vizsla Silver reconoció. La empresa había suspendido trabajos de campo en abril de 2025 por condiciones de riesgo y los reanudó en mayo del mismo año.

Las familias piden que el organismo explique públicamente los criterios aplicados en este caso. Solicitan además una revisión del distintivo a la luz de los cuestionamientos pendientes sobre la actuación de la minera.

Vizsla Silver, por su parte, ha señalado en comunicados previos que prioriza la seguridad de su personal y que coopera plenamente con las investigaciones de las autoridades mexicanas. La compañía afirmó no haber recibido amenazas previas ni demandas de rescate tras el secuestro.

Las preguntas de las familias ante el Consejo de Administración de Vizsla Silver

El 8 de octubre de 2026, Vizsla Silver celebró en Vancouver su asamblea anual y especial de accionistas. Los accionistas aprobaron la totalidad de las mociones presentadas, entre ellas la ratificación de siete directores y la designación de Deloitte LLP como auditora.

Con motivo de esa asamblea, las familias enviaron formalmente sus preguntas al Consejo de Administración de la compañía. Solicitaron conocer qué evaluaciones permitieron decidir el reinicio de operaciones en mayo de 2025 y quién asumió esa responsabilidad.

También exigieron saber qué información fue entregada a las autoridades mexicanas. Preguntaron específicamente si se preservaron videos de vigilancia, registros de geolocalización, comunicaciones internas, bitácoras y evaluaciones de riesgo previas al ataque.

El abogado Odracir Ricardo Espinoza, representante de las familias de siete de los trabajadores secuestrados, declaró a El País que Vizsla Silver no ha colaborado plenamente con la investigación. El letrado adelantó además un plan para presentar una denuncia ante la Real Policía Montada de Canadá.

Según relataron a ese diario los familiares Priscila Murrieta y Alan Esparza, la compañía ofreció a las nueve familias de los trabajadores hallados sin vida dos esquemas de apoyo económico. Uno correspondía a liquidación laboral y otro a las “circunstancias trágicas de muerte derivadas de un acto criminal”, por un total de USD 42 mil por familia.

Murrieta y Esparza aportaron ante el diario un detalle no difundido anteriormente: los criminales sustrajeron a los trabajadores de dos domicilios distintos, y no de uno solo como se informó inicialmente. Ambos exigieron además que la empresa entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad de las viviendas que rentaba para su personal.

Las familias precisaron en su comunicado que no buscan anticipar una responsabilidad penal, materia que corresponde determinar a las autoridades. Piden, en cambio, que un distintivo de responsabilidad social no funcione como aval general de la conducta de una empresa mientras existan asuntos graves sin esclarecer.

Vizsla Silver anunció además la creación de la Fundación Vizsla, orientada a apoyar a familias y comunidades afectadas por la violencia en sus zonas de operación. Para los familiares firmantes del comunicado, la responsabilidad social de una compañía empieza por la protección de la vida y la dignidad de quienes trabajan para ella.