México reconoce la capacidad jurídica de personas mayores o con discapacidad, pero Congreso busca aplazar operación de apoyos, acusa colectivo

Organizaciones de personas con discapacidad, personas mayores y profesionales piden al Congreso impedir que la entrada en vigor del procedimiento de designación extraordinaria de apoyos se aplace hasta 2030, pues advierten que esa prórroga mantendría un vacío de protección para quienes enfrentan barreras para ejercer su capacidad jurídica.

El pronunciamiento, difundido por Yo También, pide a la Cámara de Diputados y al Senado garantizar la aplicación inmediata de ese mecanismo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el 7 de junio de 2023. El procedimiento está regulado en los artículos 445 a 455 del Código.

Esto, luego de que este mes la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que propone aplazar hasta el 1 de abril de 2030 la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Las organizaciones reconocen problemas institucionales, presupuestarios y operativos para aplicar la reforma, aunque sostienen que las demoras administrativas no deben prolongar la ausencia de mecanismos judiciales.

De acuerdo con las organizaciones, el Código Nacional elimina los procedimientos de interdicción que permitían restringir la capacidad jurídica de personas adultas y sustituir su voluntad mediante decisiones de terceros.

El colectivo señala que esas figuras son incompatibles con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a ejercer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones.

La derogación de esos procedimientos surtió efecto desde el 8 de junio de 2023, de acuerdo con el artículo Décimo Noveno transitorio del decreto.

El pronunciamiento refiere que la SCJN, tanto en su integración anterior como en la actual, sostiene que la interdicción es incompatible con los derechos humanos y que su eliminación no depende de las declaratorias de implementación gradual del Código Nacional.

Las organizaciones también citan la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 11/2023 y la Acción de Inconstitucionalidad 51/2025 como fundamento jurídico para afirmar que los procedimientos de interdicción quedan derogados desde esa fecha.

Por ello, piden que ninguna autoridad condicione esa derogación a la implementación gradual del Código Nacional.

El documento advierte que la eliminación de la interdicción no se acompaña todavía de la entrada en vigor de los nuevos procedimientos judiciales para ejercer la capacidad jurídica con apoyos.

Esa ausencia, sostienen las organizaciones, genera un vacío normativo y procesal que compromete la seguridad jurídica de las personas que requieren mecanismos excepcionales de protección.

El procedimiento opera cuando no puede conocerse la voluntad de una persona

La designación extraordinaria de apoyos está prevista para casos excepcionales en los que no es posible conocer la voluntad y preferencias de una persona, después de realizar esfuerzos reales, considerables y pertinentes. En esos casos, una autoridad judicial puede designar apoyos sujetos a salvaguardias estrictas.

El propósito del mecanismo es proteger derechos y procurar la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona, sin declararla incapaz ni sustituir de manera general sus decisiones.

El colectivo insiste en que la falta de este procedimiento puede impedir que algunas personas protejan su patrimonio, hagan valer sus derechos, resuelvan asuntos familiares o accedan a la justicia.

La incertidumbre también alcanza a familiares, personas de apoyo, autoridades judiciales, instituciones financieras y profesionales del derecho, quienes no cuentan con claridad sobre las actuaciones jurídicamente admisibles ante estos casos.

Las organizaciones señalan que el vacío afecta de forma particular a personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial, personas mayores y otras que enfrentan barreras intensas para comunicarse o ejercer sus derechos.

El pronunciamiento distingue la designación extraordinaria de apoyos de los apoyos ordinarios.

Los primeros requieren intervención judicial y responden a circunstancias excepcionales; los segundos deben poder ser elegidos libremente por las personas adultas para ejercer su capacidad jurídica.

Los apoyos ordinarios, de acuerdo con el documento, pueden establecerse mediante mecanismos accesibles, entre ellos los instrumentos civiles y notariales disponibles, con salvaguardias contra abusos, conflictos de interés e influencia indebida.

Las organizaciones demandan que las personas mayores de 18 años puedan acceder a esos instrumentos sin declaraciones judiciales de incapacidad ni trámites innecesarios.

Organizaciones piden excluir el mecanismo de la prórroga

Las organizaciones exigen al Congreso exceptuar expresamente del aplazamiento hasta 2030 el procedimiento de designación extraordinaria de apoyos y ordenar su entrada en vigor inmediata en todo el país.

También solicitan incorporar un artículo transitorio con reglas claras sobre competencia judicial, accesibilidad, salvaguardias y respeto a la voluntad y preferencias de las personas.

El colectivo plantea además medidas de capacitación y coordinación para autoridades judiciales, notariales y administrativas, con participación efectiva de organizaciones de personas con discapacidad y de personas mayores.

Según el pronunciamiento, una prórroga de la reforma procesal no debe traducirse en la suspensión de derechos fundamentales.

Las organizaciones sostienen que el Estado mexicano tiene una obligación inmediata de reconocer y garantizar la capacidad jurídica de todas las personas. Piden al Congreso corregir el vacío antes de aprobar una nueva prórroga y evitar que la falta de procedimientos se prolongue hasta el 1 de abril de 2030.