México, en la mira: lo que la etiqueta de “terrorista” a los carteles significa para las empresas que operan ahí

Claire O’Neil-Macclesky, cofundadora de la firma de asesoría en sanciones Clarity Compliance Consulting y exfuncionaria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos, explicó en una entrevista con InsightCrime qué implica para las empresas la designación de carteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

La conversación, conducida por la editora general de InsightCrime, Deborah Bonello, se centró en los riesgos legales, civiles y migratorios que enfrentan compañías desde que el gobierno de Donald Trump aplicó esa figura a grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa.

Según la especialista, la medida llega después de que esos grupos ya estuvieran clasificados como organizaciones criminales transnacionales bajo OFAC o bajo la Ley Kingpin. Esa clasificación previa ya generaba riesgo legal y reputacional para quienes hicieran negocios con los carteles en territorio mexicano.

El Cartel Jalisco Nueva Generación y la acción del Tesoro de julio de 2026

O’Neil-Macclesky repasó la acción del Departamento del Tesoro de julio de 2026 contra decenas de empresas y compañías fachada vinculadas al CJNG. La medida alcanzó a negocios de distintas industrias ubicados en diferentes estados de México.

Esa acción, dijo la especialista, muestra la capacidad del gobierno estadounidense para desplegar designaciones de redes empresariales a gran escala. Sin embargo, reconoció que los carteles mexicanos se adaptan con rapidez y cuentan con una ventaja de terreno que las autoridades estadounidenses no tienen.

La designación como FTO añade un riesgo que antes no existía para las compañías con presencia en México. Las empresas pueden ahora enfrentar sanciones penales por brindar apoyo material de forma consciente al CJNG, al Cartel de Sinaloa o a cualquier otro grupo designado.

Esa definición de apoyo material es amplia e incluye armas, dinero, suministros e incluso asesoría técnica. También existe el riesgo de demandas civiles por parte de víctimas del terrorismo contra compañías señaladas de colaborar con esos grupos.

A esto se suma una consecuencia migratoria directa: cualquier persona considerada miembro de un cartel designado puede ser deportada de Estados Unidos. O’Neil-Macclesky explicó que esta amenaza alcanza tanto a ejecutivos como a empleados de empresas que operan en territorio mexicano.

Esta es la respuesta directa a lo que más preocupa a las compañías con operaciones en México: la designación como FTO convierte el pago de extorsiones o la colaboración con intermediarios locales en un riesgo penal adicional, más allá de las sanciones financieras que ya existían, porque equipara esa conducta con brindar apoyo material a terrorismo.

El dilema de los pagos de extorsión en territorio mexicano

Muchas empresas que operan en México pagan extorsiones para proteger a sus empleados y seguir funcionando. O’Neil-Macclesky advirtió que, aunque legalmente no hay una diferencia estricta entre ese tipo de pago y el apoyo material a un grupo terrorista, sí existe una diferencia funcional en el riesgo de que las autoridades estadounidenses actúen.

Según la especialista, el mayor problema surge cuando una empresa no sabe si sus subcontratistas o proveedores de logística pagan extorsiones sin que la compañía principal lo sepa. Esa falta de información complica el cumplimiento normativo en cadenas de suministro que incluyen transportistas y proveedores locales.

O’Neil-Macclesky identificó la minería, el transporte de carga transfronterizo, el sector petrolero y la agricultura como las industrias más expuestas en México. El sector agrícola, dijo, ha sido blanco reiterado de acciones del Departamento del Tesoro.

Otra dificultad habitual es identificar con certeza si una amenaza de extorsión proviene de un miembro de un cartel designado específico. La especialista comparó ese problema con el que enfrentan los bancos, que detectan actividad sospechosa sin poder confirmar de inmediato su origen criminal.

Las empresas suelen recibir amenazas por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería sin saber a qué organización pertenece el remitente. Esa incertidumbre dificulta decidir si una situación concreta activa o no el riesgo legal vinculado a las nuevas designaciones.

El contrabando de combustible y el sistema de permisos mexicano

O’Neil-Macclesky puso como ejemplo el contrabando de combustible, conocido en México como huachicol, para explicar las limitaciones del concepto de narcoterrorismo aplicado a los carteles. Según ella, esa actividad constituye en realidad un fraude fiscal vinculado al complejo sistema de permisos que utiliza México para el combustible.

La especialista señaló que el beneficio que obtienen los carteles del huachicol no tiene relación directa con el tráfico de drogas. Esa diferencia complica la aplicación de herramientas diseñadas originalmente contra el financiamiento de grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico.

Según O’Neil-Macclesky, los carteles mexicanos están profundamente integrados en negocios legítimos, a diferencia de los grupos yihadistas que podían causar un daño enorme con sumas de dinero reducidas. Esa integración obliga a repensar qué tipo de controles financieros resultan realmente útiles contra el crimen organizado mexicano.

La especialista mencionó además que la inteligencia marítima internacional se concentró históricamente en el golfo Pérsico y Singapur. Eso dejó un vacío de monitoreo sobre actividad ilícita marítima vinculada a México que ahora varios actores intentan compensar.

Otra barrera recurrente para las empresas es la dificultad para obtener información sobre la titularidad real de compañías mexicanas. O’Neil-Macclesky comparó ese obstáculo con el que enfrentan las empresas que hacen negocios en China, donde la información corporativa abierta también resulta limitada.

La reacción de las compañías frente a este panorama no es uniforme en México. Las grandes corporaciones y las instituciones financieras ya invierten recursos significativos en investigaciones y priorizan el riesgo vinculado a los carteles mexicanos.

En cambio, otras empresas con menor exposición directa prefieren atender los problemas cuando surgen, en lugar de invertir de forma anticipada en controles. O’Neil-Macclesky atribuyó esa actitud a la percepción de que las sanciones se aplican de manera impredecible y a la presión económica que enfrentan los equipos de cumplimiento.

La especialista explicó que las decisiones de aplicación de sanciones dependen cada vez más de la relación política entre la administración Trump y el gobierno mexicano. Ese factor, dijo, resulta muy difícil de gestionar para las compañías porque puede cambiar de forma abrupta.

O’Neil-Macclesky recordó que existe una historia extensa de cooperación entre agencias estadounidenses y las fuerzas de seguridad mexicanas, con altibajos marcados en el intercambio bilateral de información. Esa relación continúa vigente pese a las tensiones políticas puntuales entre ambos gobiernos.

Para la especialista, las sanciones financieras representan solo una herramienta dentro del objetivo más amplio de la administración Trump de debilitar a los carteles mexicanos. El gobierno estadounidense ha impulsado además un enfoque más militarizado para combatir a estos grupos en la región.

O’Neil-Macclesky consideró positivo cualquier mecanismo que empuje a las empresas extranjeras a reforzar sus controles sobre cadenas de suministro y contrapartes comerciales en México. Advirtió, sin embargo, que la efectividad de las designaciones dependerá de cómo evolucionen los grupos criminales, que ya se fragmentaron en estructuras distintas a las descritas en los documentos oficiales.

De cara a los próximos meses, la especialista anticipó nuevas designaciones de redes vinculadas a los carteles mexicanos por parte del gobierno estadounidense. También proyectó la posibilidad de acciones civiles o penales contra empresas por apoyo material, aunque ese tipo de casos suele tardar años en concretarse por la complejidad de las investigaciones.

O’Neil-Macclesky recomendó observar de cerca las decisiones de OFAC y del Departamento de Justicia de Estados Unidos en los próximos meses. La elección de los blancos de las sanciones, dijo, revelará las verdaderas prioridades del gobierno estadounidense frente al crimen organizado en México.