Segob va contra lavado de dinero en casinos y centros de apuestas: modificarán Ley Federal

La Secretaría de Gobernación (Segob) tiene lista una propuesta de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos —vigente desde 1947— para combatir el lavado de dinero y la defraudación fiscal en casinos y centros de apuestas. Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, lo anunció este 3 de septiembre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, al revelar que la iniciativa ya completó su revisión interna y está próxima a presentarse al gabinete de seguridad para su aprobación.

La propuesta surge por instrucción directa de la presidenta Sheinbaum y es resultado de dos años de trabajo entre Segob y las distintas dependencias del gobierno federal con injerencia en el sector. La reforma responde, según Rodríguez, a la necesidad de actualizar un marco legal que no ha cambiado en casi ocho décadas.

Rodríguez narró en la conferencia que, al inicio de la actual administración, convocó a los titulares de los permisos de las dos grandes industrias del sector —casinos y centros de apuestas— a una reunión. Su mensaje fue directo y sin intermediarios.

“Lo primero que quiero de ustedes es que por favor no corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación, porque les voy a cerrar los negocios y voy a meter a los compañeros que estén recibiendo dinero de ustedes a la cárcel”, dijo la secretaria ante los permisionarios reunidos.

La funcionaria también les comunicó que Segob no tendría representantes ni intermediarios ante la industria. “Ni brokers ni intermediarios por parte de la Secretaría para ustedes. No tengo ningún representante; cosas que quieran tratar es directamente conmigo”, precisó Rodríguez en la conferencia matutina.

A cambio de esas condiciones, la secretaria ofreció regularizar la situación de amparos y otros trámites pendientes que los operadores tenían ante la dependencia. Rodríguez afirmó que el acuerdo se ha respetado y que la relación con la industria ha sido estable durante los dos años de gestión.

La UIF y la FGR investigan alrededor de 20 casinos por lavado y defraudación

Rodríguez reconoció en la conferencia que existen problemas en el sector, pero aclaró que no corresponden al ámbito administrativo de Segob. “Tiene que ver con lo que ustedes conocen, que es público, de 13 casinos y de otros más, deben de ser unos 20”, señaló la secretaria, sin precisar los nombres de los establecimientos.

Esos casos, explicó, involucran a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal. La secretaria separó con claridad esa vertiente investigativa de la función regulatoria que ejerce Segob.

El contexto de esas investigaciones tiene antecedentes documentados. De acuerdo con Infobae, la UIF detectó en noviembre de 2025 operaciones de alto riesgo en 13 casinos, con movimientos en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que derivó en el bloqueo de cuentas de diversas empresas del sector.

La magnitud del monitoreo financiero sobre la industria es considerable. Entre enero y mayo de 2026, el sector presentó 202.045 reportes de actividades de juegos con apuesta ante la UIF, que abarcaron operaciones por al menos MXN 15.287 millones, según información publicada por el medio.

Hacienda ya reforzó las reglas antilavado para actividades vulnerables

Paralelamente a la reforma que prepara Segob, la Secretaría de Hacienda publicó el 10 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La medida pone en marcha de forma gradual las reformas a esa ley difundidas en 2025 y 2026, según informó Infobae.

El cambio central de esas reglas es la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones legales. Bajo ese modelo, los operadores de actividades vulnerables —entre ellas los juegos con apuesta, concursos y sorteos autorizados por Segob— deben identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados a sus clientes, operaciones y zonas geográficas.

La normativa también refuerza las medidas de conocimiento del cliente, la identificación del beneficiario controlador y la detección de Personas Políticamente Expuestas. La entrada en vigor de las nuevas disposiciones es gradual, con el fin de que los sujetos obligados actualicen sus procesos internos antes del 30 de noviembre de 2026, fecha límite general establecida en el acuerdo publicado en el DOF.

La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de Segob también suspendió en julio de 2026 diez dominios de casinos en línea que operaban bajo permisos autorizados en el país, en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades que incluían posibles casos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con información de Infobae.

La propuesta de ley aún debe pasar por el gabinete de seguridad

Rodríguez fue explícita sobre el estado actual de la iniciativa: la revisión interna ya está terminada, pero la propuesta todavía debe someterse a la aprobación del gabinete de seguridad antes de avanzar en el proceso legislativo. “Vamos a ver si la ley pasa por el gabinete de seguridad, nos aprueban y pues para adelante”, dijo la secretaria al cierre de su intervención.

La propia industria ha solicitado la actualización de la ley, según reveló Rodríguez. La normativa vigente data de 1947 y no ha tenido modificaciones de fondo que reflejen la evolución del sector ni los riesgos asociados al lavado de dinero en la era digital.

La secretaria también instruyó a los operadores y a los inspectores de gobierno que filmen con sus teléfonos celulares cualquier visita de verificación. “Así no va a haber ningún problema; los dos van a tener las pruebas de cualquier tema”, explicó Rodríguez, como mecanismo para prevenir actos de corrupción en ambas direcciones.

El mensaje central de Segob al sector fue, en palabras de la propia secretaria, que los operadores paguen sus impuestos y mantengan en regla los derechos laborales de su personal. “No va a haber ningún tema con el Gobierno de México”, aseguró Rodríguez, siempre que se cumplan esas condiciones.