El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, reiteró la exigencia de su bancada de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “enfrente la justicia” y sea detenido y extraditado, al tiempo que insistió en que debe haber “consecuencias en el Estado” mediante la desaparición de poderes en la entidad.
Según el planteamiento del legislador panista, la petición ya fue presentada formalmente ante el Senado de la República y exige que, en cuanto arranque el próximo periodo de sesiones, se someta a votación. Anaya sostuvo que la elección de Rocha Moya en 2021, así como la conformación del Congreso local y del Poder Judicial estatal, estarían “viciadas” por una presunta intervención del crimen organizado.
Los dos ejes de la exigencia del PAN son:
- Justicia individual: detención inmediata de Rocha Moya con fines de extradición a Estados Unidos.
- Consecuencias institucionales: declaratoria de desaparición de poderes en Sinaloa, que alcanzaría al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial estatales.
El origen del reclamo: la narcoelección de 2021
El planteamiento de Anaya no es nuevo. Desde mayo de 2026, tras la primera licencia de Rocha Moya al cargo, el PAN ha insistido en que existirían pruebas de que integrantes del crimen organizado —presuntamente ligados a la facción de “Los Chapitos”— habrían intimidado y secuestrado a operadores políticos opositores durante la jornada electoral de 2021 para favorecer al entonces candidato de Morena.
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El asunto escaló nuevamente la semana pasada, luego de que Rocha Moya —quien pidió licencia el 1 de mayo tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con otras nueve personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa— anunció su regreso a la gubernatura el viernes 21 de agosto, tras 112 días fuera del cargo. La decisión duró apenas 34 horas: el sábado 22 volvió a solicitar licencia, esta vez por tiempo indefinido, luego de que Morena, la Secretaría de Gobernación y la propia presidenta se deslindaran públicamente del movimiento.
Lo que dijo hoy Sheinbaum: descarta la vía que pide el PAN
En la Mañanera del Pueblo de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó directamente el episodio, aunque no se refirió en específico a la solicitud de Anaya. La mandataria afirmó que se enteró del regreso de Rocha Moya por la publicación que el propio gobernador hizo en redes sociales y que “no le parecía pertinente” esa reincorporación.
Sobre la posibilidad de que se declare la desaparición de poderes —el mecanismo constitucional que exige el PAN—, Sheinbaum fue clara al descartarlo:
“Constitucionalmente los estados tienen autonomía en este sentido, a menos que hubiera una situación de desaparición de poder o algo así, que no es el caso; es evidente que está funcionando. El Congreso está funcionando, el Poder Judicial…”
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La presidenta explicó que, ante la nueva licencia de Rocha Moya, lo que procede constitucionalmente es que el Congreso local nombre a un gobernador o gobernadora interina que conduzca al estado hasta la siguiente elección, un proceso que —dijo— duraría aproximadamente un año.
Respecto a las investigaciones en curso, Sheinbaum precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de las pesquisas contra las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas Rocha Moya, y subrayó que hasta el momento las autoridades estadounidenses no habrían presentado pruebas formales que respalden la solicitud de detención con fines de extradición.
Un tema que sigue abierto en el Senado
La confrontación entre las dos posturas —la exigencia opositora de activar mecanismos extraordinarios y la posición presidencial de que las instituciones sinaloenses “están funcionando”— mantiene sin resolver el destino político de Sinaloa.
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Mientras el PAN insiste en que el Senado convoque a un periodo extraordinario para votar la desaparición de poderes, el gobierno federal ha optado por encauzar la sucesión por la vía ordinaria: el nombramiento de un interinato por parte del Congreso estatal. La presidenta también fue cuestionada sobre si respaldaría que una mujer ocupe la gubernatura interina, pregunta que dejó pendiente para una sesión posterior de la conferencia matutina.
Con la FGR aún desarrollando su investigación y sin que, según la propia presidenta, existan pruebas formales presentadas por Washington, el caso Rocha Moya continúa como uno de los frentes políticos más tensos del actual periodo legislativo.
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