Comunidades indígenas de Michoacán anuncian toma de geotermoeléctrica Los Azufres por daños ambientales y a la salud

Comunidades indígenas de Michoacán anuncian la toma de la planta geotermoeléctrica Los Azufres, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como respuesta a la inacción de las autoridades, a quienes han denunciado daños ambientales y afectaciones a la salud que atribuyen a la operación de la planta.

La decisión surge tras el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades federales y la negativa para realizar inspecciones técnicas con participación comunitaria. El movimiento busca exigir la atención inmediata a lo que describen como una crisis ambiental que afecta a decenas de pueblos en la región.

A través de un comunicado publicado por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, las comunidades anunciaron que la toma ocurre tras una serie de eventos en los que la CFE se negó a permitir el ingreso de autoridades y técnicos durante una inspección programada para el 19 de agosto.

Los asistentes que sí acudieron a la reunión, donde no se encontraban los titulares ni personal con facultades de decisión, desconocían los acuerdos previos y carecían de información sobre los problemas denunciados. La ausencia de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue señalada por la comunidad como una muestra de la falta de interés institucional en atender las demandas comunitarias.

Falta de estudios en comunidades y crisis sanitaria

De acuerdo con los representantes indígenas, en los últimos quince informes de “impacto ambiental” presentados por la CFE entre 2020 y 2025, se omiten estudios de agua en los manantiales cercanos a la planta, ubicada entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, Michoacán, y no se incluyen análisis de aire, suelos o cultivos en las comunidades colindantes. Los documentos, afirman, solo contienen evaluaciones realizadas dentro de las propias instalaciones de la geotermoeléctrica, sin considerar los riesgos ni los efectos fuera del perímetro de la planta.

“¿Qué tipo de impacto ambiental se puede verificar en las comunidades, si no existen estudios por parte de la CFE, PROFEPA y SEMARNAT en ellas?”, cuestionan los pueblos originarios. El reclamo central es que cientos de familias en la región enfrentan enfermedades crónicas renales que atribuyen a la contaminación generada por la planta, sin que existan diagnósticos independientes ni acciones de remediación.

Incumplimiento de acuerdos y señalamientos a autoridades

Las comunidades recordaron que la subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial de Profepa, Gabriela Ortiz Merino, se comprometió el 8 de abril a encabezar una inspección en menos de un mes para verificar puntos de riesgo ambiental con presencia de los pueblos.

Han transcurrido cinco meses desde ese compromiso y la visita no se realizó. Esta omisión, sumada a la falta de permisos para ingresar a la planta y la ausencia de funcionarios con capacidad de decisión, es vista como una muestra de complicidad institucional frente a la crisis que viven los habitantes del oriente de Michoacán.

Toma de instalaciones y carreteras como medida de presión

Ante lo que describen como cerrazón, incapacidad y complicidad de las autoridades, las comunidades indígenas y afromexicanas anunciaron que realizarán la toma de carreteras e instalaciones de la CFE en la zona de Los Azufres. La acción busca presionar para que se atienda la emergencia ambiental y sanitaria que denuncian. “Nuestra lucha es por la salud, el medio ambiente y la vida”, señalan los representantes comunitarios.

El movimiento exige la presencia de autoridades federales con capacidad de decisión, la realización de estudios ambientales y de salud pública en las comunidades y la implementación de medidas de remediación frente a los daños registrados en agua, aire y suelos. Las comunidades reiteran que no levantarán las acciones de protesta hasta obtener respuestas concretas y verificables por parte del Estado mexicano y la CFE.