El exponente de la música urbana y exintegrante de Cartel de Santa, Alan Alejandro Maldonado Tamez, conocido artísticamente como Dharius, se encuentra envuelto en una severa controversia legal tras ser objeto de una denuncia por presuntos delitos de violencia de género y amenazas cometidas con armas de fuego.
La acusación ha sacudido al ámbito del hip-hop mexicano, donde el intérprete ha mantenido una presencia constante a lo largo de más de dos décadas de trayectoria.
De acuerdo con las declaraciones Laura, su expareja conocida en redes como ‘La Cherry’, decidió recurrir a las las redes sociales ante el temor fundado por su integridad física y emocional.
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Los hechos señalados refieren que el rapero habría incurrido en conductas de hostigamiento, maltrato sicológico y amedrentamiento directo utilizando un arma de fuego para intimidar a la parte afectada, situación que derivó en la solicitud inmediata de medidas de protección preventivas.
Las acusaciones contra Dharius
La creadora de contenido Laura Lomelí, conocida públicamente como Chevy o Santa Grifa, rompió el silencio tras la reciente denuncia formal interpuesta contra el rapero Dharius, al señalar que ella también fue víctima de agresiones, control extremo y severas amenazas por parte del músico durante su relación.
A través de una transmisión en vivo, Lomelí reveló que tras la ruptura se vio obligada a huir de su ciudad y mantenerse escondida debido a las constantes amenazas de muerte dirigidas hacia ella y sus tres hijas. “El último día que estuve en su casa, él me encañonó”, declaró la joven de 26 años, explicando que la violencia psicológica y el sometimiento eran cotidianos, al grado de privarla del control de su propio teléfono celular y aislarla de su familia.
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Asimismo, Lomelí lamentó no haber denunciado públicamente la situación en su momento por miedo y paranoia. Decidió alzar la voz para respaldar el testimonio de Dariana, la reciente denunciante del artista por violencia de género, exponiendo además que fue víctima de explotación financiera y violencia económica durante el tiempo que convivieron juntos.
No es el único caso en su contra
Otra denunciante, identificada como Dhariana González, decidió romper el silencio y llevar el caso ante las autoridades tras sufrir un patrón constante de maltrato físico y psicológico durante su relación sentimental. La joven expresó públicamente el temor inminente que siente por su integridad y la de su entorno cercano, declarando que vive con un miedo constante por lo que el músico pueda hacerle en represalia a las acciones legales tomadas.
La denuncia presentada detalla que los episodios de agresión presuntamente escalaron de discusiones verbales a conductas de mayor gravedad en las que las armas habrían sido utilizadas como un elemento constante de sometimiento y control. La víctima expuso que la intimidación no solo afectó su tranquilidad personal, sino que también alteró el entorno de sus allegados debido al riesgo inminente de un acto violento.
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Ante la gravedad de los imputaciones, la representación legal de la parte acusadora solicitó la intervención urgente del Ministerio Público para que se integre la carpeta de investigación correspondiente y se apliquen los protocolos de perspectiva de género de manera rigurosa. Entre las peticiones destacan la emisión de órdenes de restricción para evitar cualquier tipo de acercamiento por parte de Maldonado Tamez, así como el desahogo de peritajes psicológicos que evalúen el impacto de las agresiones reportadas.
¿Hay respuesta ante las acusaciones?
Hasta el momento, ni el equipo legal de Dharius ni sus representantes de agencia han emitido una posición pública formal para desmentir o aclarar las acusaciones vertidas en su contra. De igual forma, los canales de comunicación oficiales del músico se han mantenido enfocados en sus compromisos y lanzamientos musicales recientes, sin abordar la contingencia legal.
A lo largo de su carrera independiente con su sello Clan Records, su imagen ha estado fuertemente ligada a la cultura de calle y al estilo de vida de la escena hip-hop.
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Sin embargo, este tipo de imputaciones de carácter penal representan un freno severo en el ámbito profesional para cualquier figura pública. Especialistas en derecho y activistas en favor de los derechos de las mujeres han enfatizado la importancia de que las instituciones procedan con celeridad para salvaguardar a las víctimas, garantizando que el perfil mediático o el estatus de los acusados no se traduzca en impunidad ni en dilaciones injustificadas durante el proceso legal.
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