Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, reclamó a la presidenta Claudia Sheinbaum tras ser señalada como "prófugo de la justicia" y que la mandataria exhibiera que el gobierno de los Estados Unidos no ha dado respuesta a la solicitud que podría derivar en que el exfuncionario enfrente a la justicia mexicana.
A través de un video en su cuenta de X, el exmandatario rechazó los señalamientos de la presidenta, quien exigió su extradición a Estados Unidos luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que lo protegía de una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
“No me escondo”, afirmó García Cabeza de Vaca, donde también sostuvo que no puede ser considerado prófugo de un gobierno que, según él, se ha negado a garantizarle acceso a la justicia, y que se ha visto obligado a defender sus derechos desde fuera del país.
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Gobierno de México pide extradición del exgobernador
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el caso durante su conferencia en Palacio Nacional el 15 de julio, luego de que el exmandatario tamaulipeco participara en un programa de radio para promover al PAN: “Por eso digo ‘no me ayudes compadre’ en el caso de quién se quiera promover para una candidatura”
Sheinbaum precisó que García Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad —mexicana y estadounidense— y que vive en Estados Unidos. Explicó que México solicitó su extradición después de que la SCJN determinó que no procedía el amparo que el exgobernador había promovido contra la orden de aprehensión, sin embargo, hasta el momento “no ha habido esa respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos”.
“Es un hombre que está buscado por la ley”, dijo la presidenta, calificandolo como un “prófugo de la justicia”, ya que así lo ha dicho la justicia mexicana desde hace varios años.
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El exgobernador acusa persecución política
García Cabeza de Vaca rechazó en su video que los cargos en su contra tengan sustento real. Señaló que el delito que formalmente le atribuye el gobierno es “la compraventa privada de un departamento y un cajón de estacionamiento en 2019”, y afirmó que la licitud de esa operación quedó acreditada con pruebas documentales, financieras y testimoniales que la autoridad conoce.
“La única razón por la que mi caso está vigente es que la nueva Suprema Corte tuvo frente a sí las pruebas que acreditan mi inocencia y decidió cerrar los ojos”, sostuvo el exmandatario. Calificó al tribunal como “la Corte del Acordeón” y acusó que la misión fue conservar una orden de aprehensión ilegítima para mantener una narrativa política.
El exgobernador dijo que la persecución en su contra se debe a la denuncia del llamado “huachicol fiscal... La red criminal de corrupción y complicidad política más grande de la historia en México”.
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Afirmó que esas denuncias e información fueron presentadas ante autoridades de Estados Unidos y ante la Fiscalía General de la República (FGR):
“Me persigue un régimen autoritario que abiertamente desprecia la ley para ir en contra de quienes no nos sometemos”.
Estos son los cargos que pesan sobre el exgobernador de Tamaulipas
El caso contra García Cabeza de Vaca tiene sus raíces en 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la FGR por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al año siguiente se libró una orden de aprehensión.
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El proceso acumuló una serie de impugnaciones y resoluciones contradictorias:
- El Congreso de Tamaulipas promovió las controversias constitucionales 50 y 70 ante la SCJN, que determinó la invalidez de la primera orden de aprehensión.
- Para 2022, fue solicitada por el Ministerio Público otra orden de aprehensión por los mismos delitos.
- El exgobernador obtuvo un amparo del Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, que fue revocado, repuesto y concedido de nueva cuenta.
El punto de quiebre llegó en la sesión del 24 de febrero, cuando ocho ministros de la Suprema Corte votaron a favor de revocar el amparo concedido al exgobernador.
El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y correspondiente al amparo en revisión 435/2025, canceló la protección contra la orden de aprehensión.
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