Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue detenida la noche del miércoles 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al regresar de Ámsterdam.
La Fiscalía General de la República (FGR) la acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados. La orden de aprehensión en su contra había sido emitida desde el 22 de junio de 2023, hace más de tres años.
La audiencia inicial, celebrada la tarde del jueves 2 de julio en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue suspendida sin que la jueza de control calificara la legalidad de la detención.
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Gilda Susana permanecerá bajo resguardo de la FGR al menos hasta este viernes 3 de julio a las 9:00 horas, cuando se reanude la diligencia.
La acusación: transferencias millonarias y una empresa fachada en Suiza
Según la FGR, Gilda Susana habría recibido, entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares de Altos Hornos de México, empresa de Alonso Ancira Elizondo. Posteriormente transfirió una cantidad menor a una tercera persona.
La Fiscalía sostiene que Lozoya Austin se convirtió en beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited a través de la cesión de derechos que le realizó su hermano Emilio Lozoya. La cuenta receptora fue abierta en un banco suizo a nombre de esa empresa fachada y habría recibido depósitos por 2 millones 580 mil dólares.
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De esa misma cuenta salieron 38 millones de pesos para financiar la compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. La extinción de dominio de ese inmueble ya fue decretada en sentencia definitiva.
Al momento en que ocurrieron los hechos, Emilio Lozoya ya tenía conocimiento de que tomaría posesión como titular de Pemex. El Gobierno Federal señala que, como director de la empresa, ocasionó un daño a la nación por 760 millones de dólares mediante la compra a sobreprecio de la planta “chatarra” Agronitrogenados.
“Este es un caso político”
Durante la audiencia, Gilda Susana Lozoya tomó la palabra y rechazó los cargos. “Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano”, dijo ante la jueza Nora Ileana García Peralta, según reportaron Reforma, Milenio y Proceso.
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Lozoya Austin explicó que salió del país una semana por un asunto familiar y que regresó voluntariamente. “Salí del país porque esta orden de aprehensión no se me había notificado y estoy aquí para cooperar”, afirmó.
Su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, cuestionó que la Fiscalía haya recurrido a la fuerza para ejecutar la aprehensión. “Nos llama mucho la atención que la FGR haya usado la fuerza desmedida en contra de una persona que ha estado totalmente cooperando”, dijo en entrevista con medios. Agregó que bastaba una llamada telefónica: “No entendemos por qué esta ofensa hacia una señorita”.
Rojas Pruneda también reprochó que la FGR difundiera fotografías de su clienta esposada junto a elementos de la Interpol en el AICM, lo que calificó como una estigmatización pública.
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Audiencia suspendida: 70 mil fojas, arresto domiciliario negado y una jueza que se confundió
La defensa solicitó aplazar la audiencia porque los fiscales entregaron la carpeta de investigación —11 cajas con 70 mil fojas— apenas minutos antes de que iniciara la diligencia, programada para las 14:45 horas. La jueza García Peralta concedió el receso tras dos horas de debate.
Rojas Pruneda también pidió que su clienta permaneciera en arresto domiciliario en el inmueble familiar, donde su madre Gilda Margarita Austin Solís cumple actualmente prisión domiciliaria. La jueza rechazó la petición: los policías que custodian a la madre, argumentó, no están obligados a vigilar a la hija.
De acuerdo con información de Proceso, la juzgadora, electa por voto popular, se confundió en diversas ocasiones durante su resolución. Primero dijo que la solicitud de la defensa era improcedente y luego la concedió. Cuando los fiscales pidieron que calificara la legalidad de la detención, respondió que no entraría a discutir “la constitucionalidad ni la legalidad de la orden de aprehensión porque esa ya quedó firme”, pese a que el ministerio público se refería a la legalidad de la detención, no de la orden.
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La jueza también prohibió a la FGR difundir cualquier información sobre el caso hasta que se resuelva la situación jurídica de la detenida. Ordenó a la Fiscalía garantizarle condiciones dignas durante la noche, para que tuviera acceso a una cobija o una chamarra.
Emilio Lozoya enfrenta de manera paralela su proceso por el caso Odebrecht, el escándalo que involucra a la constructora brasileña que habría pagado sobornos millonarios a funcionarios de varios países de América Latina a cambio de contratos públicos.
En México, la FGR investiga pagos por 10 millones de dólares que Odebrecht habría entregado a Lozoya durante su gestión en Pemex, parte de los cuales, según la acusación, se habrían utilizado para sobornar a legisladores del PAN con el fin de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
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Lozoya fue extraditado a México en 2020, permaneció más de dos años en prisión preventiva y desde febrero de 2024 enfrenta el proceso en libertad provisional, con brazalete electrónico y restricciones para salir del país.