Una ilustración en acuarela muestra a varias figuras políticas mexicanas, incluyendo a Rocha Moya, con el crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Al menos 10 gobernadores y altos funcionarios mexicanos han enfrentado acusaciones formales de vínculos con el crimen organizado en las últimas tres décadas, según un análisis de InSight Crime. El patrón se repite con una regularidad que trasciende partidos, regiones y épocas: el cargo público se convierte en escudo y en herramienta al servicio de los cárteles.
La corrupción entre funcionarios de alto rango ha sido, durante mucho tiempo, un componente estructural de las operaciones del crimen organizado en México. La impunidad resultante fue un factor determinante en el auge de los grupos más poderosos del país, desde el Cártel de Juárez hasta los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
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Una historia que precede en décadas al caso Sinaloa
El caso Rocha Moya no es una anomalía: es el eslabón más reciente de una cadena de corrupción que, según documenta InSight Crime, ha unido a gobernadores, fiscales y ministros de seguridad con el crimen organizado en los últimos sexenios. La impunidad acumulada en ese período fue un factor central en el crecimiento de los grupos criminales más poderosos del país.
El primer precedente de extradición lo estableció Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999. Fue declarado culpable de recibir entre 400 mil y500 mil dólares por cada cargamento de cocaína del Cártel de Juárez que atravesaba su estado, y de lavar más de 11 millones de dólares en sobornos a través del sistema financiero estadounidense.
Villanueva Madrid huyó antes de concluir su mandato y evadió la justicia hasta mayo de 2001, cuando el ejército mexicano lo capturó. El 8 de mayo de 2010 se convirtió en el primer exgobernador extraditado de México a Estados Unidos, y fue condenado a 131 meses de prisión. Su delicado estado de salud motivó su repatriación a México en diciembre de 2016.
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Tamaulipas: el estado con más gobernadores acusados
Tamaulipas concentra el mayor número de mandatarios estatales con vínculos comprobados o acusados ante la justicia. El exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999–2005) fue acusado en Texas de aceptar millones de dólares del Cártel del Golfo y de Los Zetas, presuntamente desde su etapa como alcalde de Matamoros. La acusación lo señaló por facilitar el contrabando de cocaína a través del puerto de Veracruz e invertir las ganancias en inmuebles y empresas de construcción en Texas, según el FBI.
Yarrington huyó en 2012 y fue detenido en Italia cinco años después. En 2021 admitió haber aceptado más de USD 3,5 millones en sobornos; fue liberado en noviembre de 2024 y extraditado a México en abril de 2025 para cumplir una segunda condena por lavado de dinero.
Su sucesor en el cargo, Eugenio Hernández Flores (2005–2010), también fue acusado en Texas —en 2015— de aceptar sobornos de Los Zetas a cambio de dejar al grupo operar sin interferencia en Tamaulipas y de lavar ese dinero en bancos estadounidenses. La policía de Tamaulipas lo arrestó en Ciudad Victoria en octubre de 2017. La Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó su extradición en marzo de 2018, pero un juez mexicano la bloqueó. Las autoridades mexicanas retiraron todos los cargos y lo pusieron en libertad en 2023.
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El quinto gobernador de Tamaulipas en ser acusado fue el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016–2022). La Fiscalía General de la República emitió una orden de arresto en su contra un año antes de que concluyera su mandato, por crimen organizado, transacciones con fondos ilícitos y fraude fiscal. La Unidad de Inteligencia Financiera lo señaló además por malversar fondos públicos y facilitar el contrabando de combustible. Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos en 2022 y continúa negando los cargos, alegando persecución política. La Suprema Corte de Justicia emitió una solicitud de extradición en mayo de 2026, pero el proceso no ha concluido.
El hombre que custodió la guerra contra las drogas y trabajaba para el cártel
El caso más emblemático de traición institucional lo protagoniza Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012. García Luna dirigió la estrategia de seguridad del país durante el sexenio de Felipe Calderón y fue, al mismo tiempo, uno de los funcionarios de más alto rango en recibir sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de garantizar el paso libre de cargamentos de cocaína de varias toneladas, según la acusación presentada en Nueva York en 2019.
En el juicio de 2018 contra Joaquín Guzmán Loera, Jesús “El Rey” Zambada García testificó haber pagado directamente a García Luna para proteger las operaciones del cártel. Tras su juicio en 2023, García Luna fue declarado culpable y sentenciado a 38 años de prisión. Reside actualmente en una prisión federal estadounidense y apela su condena.
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Ministro de Defensa: el caso que terminó sin condena
Otro caso que sacudió al Estado mexicano fue el del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ministro de Defensa entre 2012 y 2018. La fiscalía del Distrito Este de Nueva York lo acusó en 2019 de narcotráfico y lavado de dinero por presuntos vínculos con el Cártel H-2, una rama de la Organización Beltrán Leyva. Lo arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en octubre de 2020, mientras vacacionaba con su familia.
El caso se cerró de forma abrupta: el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró todos los cargos y extraditó a Cienfuegos a México, aduciendo “consideraciones importantes de política exterior”. La fiscalía mexicana lo exoneró tras revisar sus registros financieros y no encontrar irregularidades.
Fiscales y secretarios de seguridad en el banquillo
InSight Crime también documenta el caso de Edgar Veytia, fiscal general de Nayarit entre 2013 y 2017, condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico en 2019. Durante su gestión, funcionarios estatales liberaron a miembros del Cártel H-2 detenidos por delitos relacionados con drogas, interceptaron comunicaciones para beneficiar al grupo e instruyeron a agentes corruptos para cometer asesinatos contra rivales, según el Departamento de Justicia.
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El caso más reciente a nivel subnacional lo protagoniza Hernán Bermúdez Requena, exjefe de seguridad de Tabasco entre 2019 y 2024. Las autoridades paraguayas lo arrestaron en septiembre de 2025 por asociación ilícita, extorsión y secuestro, acusado además de liderar “La Barredora”, una célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue extraditado a México tras su detención y su juicio está programado para el 1 de junio de 2026.
Gobernadores que saquearon y pactaron
Javier Duarte, gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, fue condenado por asociación delictiva y lavado de dinero. Renunció en octubre de 2016 en medio de acusaciones de malversación de más de USD 26 millones de fondos estatales y vínculos con el crimen organizado. Fue arrestado en Guatemala, extraditado a México y condenado a nueve años de prisión tras declararse culpable. Actualmente enfrenta nuevos cargos por presuntas irregularidades en el manejo de 5 millones de pesos (unos 290 mil dólares) de fondos públicos, según InSight Crime.
El patrón estructural que señala InSight Crime
Según el análisis de InSight Crime, la corrupción de alto nivel en México no opera como un fenómeno aislado de individuos deshonestos, sino como un componente estructural del modelo de negocios del crimen organizado. Los grupos criminales invierten en funcionarios electos y en cuerpos de seguridad para blindar sus operaciones, obtener inteligencia sobre sus rivales y garantizar impunidad ante la ley.
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El patrón se repite con independencia del partido político: el PRI aportó a Villanueva Madrid, Yarrington y Hernández Flores; el PAN a Cabeza de Vaca; y Morena figura en la acusación más reciente, con Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez entre los 10 imputados del caso de Sinaloa. La pertenencia ideológica no ha sido un factor determinante en la penetración del crimen organizado dentro del Estado.
La escala de la acusación de abril de 2026 marca un punto de inflexión. Desde 2023, el Distrito Sur de Nueva York ha acusado a más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa. El caso de Rocha Moya representa la primera vez que Estados Unidos apunta directamente a un gobernador en funciones, una señal de que Washington ha desplazado su estrategia: ya no persigue solo a los capos, sino a los políticos que los sostienen.