
Este miércoles, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por un reportero sobre las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien el martes 5 de mayo acusó al gobierno federal de criticarla por combatir al narco, mientras que al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “se le protege a capa y espada.”
La respuesta de Sheinbaum: “Es falso y es notorio”
Ante la pregunta directa de la prensa, Sheinbaum fue contundente:
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“Es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas.”
La mandataria federal descartó que exista protección alguna hacia Rocha Moya y subrayó que cualquier proceso debe estar sustentado en evidencia sólida, conforme a la ley.
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Sin embargo, Sheinbaum también aprovechó el momento para regresar la crítica hacia Chihuahua. Señaló que lo que sí ocurrió en ese estado fue una colaboración con el gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, una acusación de peso que implica que las autoridades chihuahuenses habrían actuado al margen del marco legal mexicano en su coordinación con Washington.

El trasfondo: ¿Qué se sabe del caso Rocha Moya?
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y militante de Morena, ha estado en el centro de la polémica luego de que trascendiera que un tribunal federal de Nueva York lo indició presuntamente por vínculos con el crimen organizado.
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La Fiscalía General de la República (FGR) recibió la solicitud de detención provisional por parte de Estados Unidos, pero determinó que no cumplía con los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, vigente desde 1978, que exige pruebas suficientes y la presentación formal de documentación por vía diplomática. Por ello, México solicitó a Washington información adicional antes de proceder.
El gobierno federal ha sostenido que este proceso representa el tratado funcionando correctamente, no un bloqueo a la cooperación bilateral.
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Dos narrativas que chocan
El cruce entre Campos y Sheinbaum deja al descubierto dos posturas irreconciliables en el debate de seguridad nacional.
Por un lado, la gobernadora de Chihuahua —y la oposición en general— sostiene que el gobierno federal aplica criterios distintos según la filiación política del funcionario señalado. Por otro, la presidenta Sheinbaum insiste en que la postura de México ante el caso Rocha Moya responde a un principio elemental: no actuar sin pruebas, y hacerlo siempre dentro del marco constitucional.
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