Que el gobierno asuma responsabilidad y no sean las familias quienes terminen buscando a desaparecidos, exige el PAN

Marko Cortés, senador del PAN, cuestionó este 2 de abril la reacción del Gobierno Mexicano ante el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que califica las desapariciones forzadas en México como “generalizadas y sistemáticas” y señala la existencia de complicidad estatal e impunidad total.

Según el Cortés, en vez de reconocer la magnitud de esta problemática, el Gobierno Mexicano desestimó la evaluación del CED al tacharla de “tendenciosa” y “sin rigor jurídico“.

Cortés sostuvo que es necesario incrementar los esfuerzos para prevenir, erradicar y castigar estos delitos, de acuerdo con su declaración en redes sociales. Además, exhortó al Estado a garantizar un apoyo integral a las familias de las víctimas, evitando que sean ellas quienes deban realizar la búsqueda de sus seres queridos.

Sobre ese tema, la vicepresidente de la Cámara de Diputados Paulina Rubio denunció públicamente que existe una crisis de desapariciones en México y criticó a las autoridades por negar la situación.

A través de su cuenta oficial en X, la diputada panista comparó la respuesta oficial con la gestión del Derrame de petróleo en el Golfo de México, señalando que “lo niegan, y eso jamás permitirá que la solución sea acorde al diagnóstico”.

Organizaciones lamentan que el Gobierno Mexicano descarte reporte de la ONU de derechos humanos

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Centro Prodh, calificó como un hecho histórico la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de activar el Artículo 34 de la Convención Internacional y solicitar el involucramiento de la Asamblea General para abordar la crisis de desapariciones forzadas en México.

La ONU sostiene que existen indicios sólidos para considerar que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad a través de desapariciones forzadas que se repiten de manera sistemática en distintas regiones.

Esta activación del Artículo 34 busca que la Asamblea General del organismo internacional de seguimiento formal e impulse la intervención de la comunidad global ante un problema que, de acuerdo con la ONU, sigue sin respuesta eficiente a pesar de las recientes medidas adoptadas por las autoridades mexicanas.

En el comunicado divulgado por el Centro Prodh tras el rechazo del Gobierno de México al informe de la ONU, el organismo lamentó la reacción de las autoridades al descalificar el documento como “tendencioso”. El Centro señaló: “La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones”.

Dentro de su postura en redes sociales, el Centro Prodh destacó que esta respuesta oficial reproduce patrones defensivos observados en anteriores administraciones. El texto es explícito en señalar: “Hoy nos encontramos ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, a lo largo de cuatro gobiernos de tres partidos distintos”.

La evaluación de la ONU añade que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de México no puede identificar con precisión cuál de los casos corresponde formalmente a desapariciones forzadas. Esta carencia de clasificación dificulta cuantificar el verdadero alcance de la emergencia.

El Comité de la ONU advirtió que persisten patrones en la actuación de autoridades locales y federales, quienes, pese a implementar normas y operativos, siguen siendo rebasadas por la dimensión del problema.