La diputada nacional Marcela Pagano pidió este miércoles que se le tome declaración como testigo de manera urgente a la abogada y activista Nadia Beller, baleada en la noche del lunes por sicarios en Bolivia, en un hecho por el cual quedó preso en ese país su ex pareja y ex consultor libertario argentino Fernando Cerimedo.
En un escrito presentado en los tribunales federales de Retiro, Pagano sostuvo que en todo caso se la escuche como testigo por videoconferencia y se requiera a la mujer la entrega de grabaciones que dijo tener relativas a cómo se difundieron los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, hablando de supuestos pagos de sobornos por parte de laboratorios de medicamentos. También se reclaman medidas para preservar esa evidencia digital.
El planteo será evaluado por los investigadores del caso ANDIS, una pesquisa que está a cargo del juzgado federal 11, subrogado por el juez Ariel Lijo y delegada en la fiscalía de Franco Picardi.
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Los dichos de la víctima
La víctima “sobrevivió a un atentado con armas de fuego que ella misma vincula, públicamente, con lo que sabe y con lo que tiene registrado; y los agresores le sustrajeron, precisamente, su teléfono celular, soporte en el que verosímilmente podrían obrar los registros aludidos o sus vías de acceso. Existe, pues, un riesgo cierto e inminente de destrucción, sustracción o borrado —incluso remoto— de la evidencia digital”, fundamentó la Diputada en el escrito al que tuvo acceso Infobae.
Existiría un “riesgo cierto e inminente de destrucción, sustracción o borrado —incluso remoto— de la evidencia digital, tanto de los archivos originales cuanto de sus respaldos en servicios de nube, correo electrónico o mensajería”, advirtió.
Beller Delgado dio entrevistas a medios periodísticos desde el centro asistencial en el que está internada tras el atentado contra su vida y dio a entender que tendría información sobre el origen de los audios que dieron inicio a la causa ANDIS. En concreto dijo que Cerimedo le habría contado que Natalia Basil, su esposa en Argentina y ex empleada en ANDIS, los habría filtrado a la prensa. El ex asesor de La Libertad Avanza quedó preso este martes cuando intentaba subirse a un avión para volver al país.
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La filtración
Según expresó ahora su ex pareja en Bolivia, el ahora detenido le habría dicho que él y su esposa filtraron esos audios para exponer presuntos hechos de corrupción, y que ella tendría esas conversaciones grabadas.
Los audios de Spagnuolo comenzarán a ser peritados el 26 de agosto próximo en la causa a pedido de la defensa del ya procesado ex titular de ANDIS durante el gobierno de Javier Milei. Se busca determinar si fueron adulterados o editados mediante IA, pese a que luego el procesado se negó a dejar un registro de voz.
Beller permanece internada en terapia intensiva y Pagano argumentó que no hay impedimento legal para que declare bajo juramento de verdad porque es “amante” de Cerimedo, una categoría que no está protegida por la norma que impide declarar contra un familiar. También sostuvo que se la puede escuchar por videoconferencia o bien pedir cooperación internacional a Bolivia.
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La víctima del atentado “no es cónyuge, pariente, tutora, curadora ni pupila de persona alguna imputada en estas actuaciones. La condición de “amante” —esto es, una relación sentimental paralela, no matrimonial ni convivencial— no está contemplada por la ley entre las personas imposibilitadas o relevadas de declarar”, argumentó.
La causa judicial en Argentina
La causa ANDIS tiene procesados a 19 acusados, entre ellos el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Spagnuolo, el autor de los audios que dieron origen a la investigación. Esta decisión del anterior juez del caso, Sebastián Casanello, está bajo revisión en la sala II de la Cámara Federal porteña, que aún no tomó ninguna resolución.
De manera paralela el juzgado a pedido del fiscal Picardi avanzó con una nueva tanda de declaraciones indagatorias a 29 nuevos imputados, que ya concluyó y ahora el juez Lijo resolverá su situación procesal.
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Se investiga el presunto direccionamiento de compras públicas de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia para determinadas droguerías con sobreprecios y supuesto pago de sobornos por parte de los funcionarios designados en el organismo en la primera etapa del gobierno de Javier Milei.
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