Diez años después del juicio, confirmaron el sobreseimiento de los peritos de la tragedia de Once

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el sobreseimiento de los cuatro ingenieros que intervinieron como peritos en la investigación de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. La Justicia no encontró pruebas para sostener que los especialistas hayan incurrido en el delito de falso testimonio a partir de las declaraciones e informes técnicos que elaboraron para el juicio, que se celebró hace más de diez años.

En esta causa -que se desprendió de aquel debate oral-, se investigó si los técnicos a cargo de la pericia habían tenido una intención deliberada de mentir o de desviar la responsabilidad del hecho únicamente hacia el conductor del tren. Entre los acusados también hubo empresarios y exfuncionarios tales como Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, quienes fueron secretarios de Transporte del kirchnerismo.

Al dictar sentencia en diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó abrir una investigación penal sobre los peritos Raúl Díaz (Corte Suprema de Justicia), Horacio Faggiani (Comisión Nacional del Transporte), Alejandro Leonetti (Secretaría de Transporte) y Julio Pastine (Trenes de Buenos Aires).

El origen de la sospecha radicó en las diferencias entre sus conclusiones técnicas y otras pruebas del expediente. Para los jueces, existían indicios de una supuesta coordinación entre los peritos para señalar al motorman, Marcos Córdoba, como el único culpable del choque, a partir de la conclusión de que los frenos de la formación funcionaban correctamente.

A lo largo de un extenso proceso de instrucción que pasó por diversas instancias de apelación, la causa analizó tres ejes técnicos fundamentales: la velocidad a la que impactó el tren, el estado de conservación de la carrocería y el funcionamiento de los paragolpes ubicados en el andén número dos de la terminal de Once.

En un principio, los peritos llegaron a ser procesados, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó esa medida en 2018 al señalar que no existían pruebas de dolo, un requisito indispensable para configurar el delito de falso testimonio, el cual exige la voluntad consciente de alterar la verdad.

Tras aquella revocación, el Juzgado Federal N° 11 -hoy subrogado por Ariel Lijo- profundizó la investigación mediante la recolección de nuevos elementos probatorios.

Se incorporaron al expediente informes técnicos detallados sobre los márgenes de error de los dispositivos de posicionamiento global (GPS), reportes de inspección del material rodante y declaraciones de otros especialistas del sector. Toda esta documentación permitió reconstruir el proceso de trabajo de los acusados. Además, se analizaron los correos electrónicos que intercambiaron durante los días posteriores al siniestro.

A partir de estas nuevas evidencias, los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico concluyeron que el dictamen de los peritos ingenieros se encuadró dentro de los márgenes de interpretación que permitía la complejidad técnica del caso.

El tribunal explicó en su fallo, al que tuvo acceso Infobae, que las variaciones o modificaciones en las conclusiones iniciales de los expertos se debieron al propio avance de la investigación y al debate interno del cuerpo pericial, a medida que se incorporaban nuevos datos sobre el estado de la formación ferroviaria.

“Las discrepancias, reticencias o inconsistencias, si bien fueron suficientes para el inicio de esta investigación, no alcanzan para sostener por sí solas que fueron producto de la motivación ilícita a la que se refiere el artículo 275 del Código Penal”, concluyó la Sala II.

Durante el primer juicio por la tragedia de Once, el TOF N° 2 decidió no basarse en las conclusiones de estos cuatro ingenieros y se apartó de sus informes para dictar la sentencia. La Cámara aclaró que el hecho de que los jueces hayan descartado o rechazado esos peritajes no significa, de manera automática, que los profesionales hayan declarado con la intención deliberada de mentir.