Causa $LIBRA: la Cámara Federal ya fijó audiencia para una decisión clave sobre los querellantes

La Cámara Federal porteña revisará la decisión de apartar a los querellantes del caso $LIBRA tomada por el juez de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, y ya fijó fecha para que los afectados amplíen sus fundamentos, en principio por escrito o de manera oral si lo solicitan.

La decisión será de la sala I del Tribunal de Apelaciones integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y se fijó el 10 de agosto como fecha para presentar los argumentos por parte de los querellantes desplazados, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Esa sala del tribunal intermedio de apelación de Comodoro Py está a punto de tener cambios en su composición porque el presidente Javier Milei mandó al Senado los pliegos para designar al juez en lo penal económico Pablo Yaradola y al mismo Bertuzzi en dos vocalías vacantes. Esos puestos fueron cubiertos durante el macrismo con los traslados de Bruglia y Bertuzzi desde tribunales orales federales.

Pero, según estimaron fuentes judiciales, de concretarse el cambio el proceso demandará varias semanas, con lo cual la Cámara podría llegar a resolver el conflicto por la continuidad o no de los inversores como querellas en la causa $LIBRA con su actual composición.

Querellas apartadas

El juez Martínez De Giorgi concedió las apelaciones luego de apartar a cinco querellas de la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda, al hacer lugar a un planteo del lobista acusado Mauricio Novelli, porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni tampoco acreditaron la titularidad de los tokens.

El magistrado hizo lugar a una “excepción de falta de acción” que presentó la defensa de Novelli y apartó como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

La controversia se originó a partir de esa presentación de Novelli, empresario cripto, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.

Al apartar a las querellas, el juez argumentó que fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.

Frente a este escenario, los afectados apelaron para revertir la medida. Marchetto, Vega, Paris y Quintero están representados por el equipo legal del diputado nacional Juan Grabois, a cargo del abogado Nicolás Rechanik. El inversor Martín Romeo, en tanto, presentó su propio recurso a través de su letrado, Nicolás Oszust.

“Existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto.”, argumentaron.

El primer grupo sostuvo que su legitimación como querellante ya había sido reconocida previamente por la justicia —incluso, con un fallo de la Corte Suprema— y que la decisión de apartarlo prejuzga sobre el fondo del delito de estafa.

Según su presentación, las pruebas reunidas en la causa $LIBRA, que incluyen peritajes oficiales e informes de organismos especializados en cibercrimen, documentan una maniobra coordinada que excede por completo la fluctuación normal de un activo financiero.

Los inversores representados por Rechanik expusieron que existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto, a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis.

Para el juez “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes.

Ese rol permitía el acceso al expediente, pedir medidas de prueba y eventualmente participar en un futuro juicio oral. En la actualidad la investigación está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano.