Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el sistema de cálculo del decomiso por la condena de Vialidad, el fiscal Diego Luciani trabaja con su equipo en la actualización de la cifra según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. De acuerdo a sus estimaciones, el monto del recupero de activos alcanzaría a $898.000 millones.
En el Ministerio Público consideran que el último cómputo realizado en julio de 2025 dio como resultado $685.000 millones, a los que deberían sumarse la inflación interanual de más de treinta por ciento.
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Fuentes judiciales precisaron a Infobae que la cifra adquiere efecto inmediato ante la resolución del máximo tribunal que ratificó también el avance de las medidas de ejecución patrimonial, incluido el remate de bienes de los condenados.
El cálculo del decomiso
El perjuicio por los hechos condenados en la causa Vialidad fue estimado originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 en $84.835 millones, una cifra que al ser actualizada en mayo del año pasado, en base al IPC del INDEC, alcanzó los $685.000 millones.
En tanto, la fiscalía recalculó que debería hoy incrementarse $212.861.206.992, lo que elevaría el monto hasta unos $898.000 millones.
La valoración final del decomiso se conocerá en el momento en que se ejecute la pena, según el cómputo que realicen los organismos técnicos con los que cuenta la justicia.
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La restitución del dinero de la corrupción no solo recae sobre la ex presidenta, sino que el fallo estableció que la suma deberá ser afrontada en forma solidaria por todos los condenados, sin precisar qué proporción le corresponde a cada uno.
Para llegar a esta cifra, la sentencia tomó en cuenta la cartelización empresarial que benefició a las firmas de Lázaro Báez, y el sobreprecio en la licitación de las obras, que la Justicia estimó en un promedio del veinte por ciento.
Los bienes
Hasta el momento, el TOF 2 aprobó una lista de 111 inmuebles que figuran a nombre de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, que incluye diez departamentos y dos casas en Río Gallegos, además de terrenos en Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz. También se habilitaron diecinueve propiedades que figuran a nombre de sus hijos.
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En este aspecto, la ex mandataria presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema con el propósito de impugnar la ejecución de las propiedades atribuidas a Máximo y Florencia Kirchner.
Por otro lado, Luciani le pidió al tribunal que evalúe un segundo conjunto de propiedades que todavía espera resolución, entre los que figuran locaciones ligadas a Los Sauces y Hotesur, entre ellas el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple arresto domiciliario.
Mientras tanto, continúan con la tarea de identificar nuevas propiedades para sumar al proceso. En este expediente se investigó una maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según surge de la causa, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Báez.
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