La situación en el Parque Nacional Los Alerces sumó este martes un nuevo capítulo judicial y político. La Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, confirmó que se encuentra en trámite una investigación penal para determinar la posible responsabilidad de los funcionarios competentes en el manejo del fuego. El expediente busca establecer si existió “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en la respuesta estatal ante el incendio que, tras iniciarse el 9 de diciembre de 2025, ya afectó más de 35 mil hectáreas.
Esta intervención judicial coincide con un reclamo formal de la Cámara de Turismo de Chubut (CATCH), que solicitó la renuncia de las autoridades locales del Parque. La entidad empresarial denunció “errores estratégicos” y una cadena de omisiones que, según su planteo, agravaron las consecuencias del siniestro.
Las denuncias acumuladas
Según comunicó el Ministerio Público Fiscal, la investigación no se inició de oficio, sino que se nutre de los informes del comando de incidentes y de dos denuncias penales presentadas por particulares:
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- 9 de enero: Un grupo de vecinos solicitó que se investigue el accionar oficial por la posible comisión de delitos ambientales y funcionales.
- 22 de enero: La Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces amplió la acusación hacia figuras penales como “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”. La presentación describe un marco de “imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos” en las primeras etapas del combate al fuego.
Ante este escenario, el fiscal Roldán ordenó medidas de prueba que incluyen pedidos de informes a la Administración de Parques Nacionales (APN) y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Además, dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina para realizar pericias técnicas, aclarando que la instrucción avanza “cuidando de no afectar las tareas de combate del fuego” que continúan activas.
Pedido de renuncias y críticas
En simultáneo al avance judicial, la Cámara de Turismo de Chubut elevó un informe al presidente de la APN, Sergio Martín Álvarez, en el que calificó el accionar de las autoridades como un “grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones”.
El documento cuestiona la capacidad de respuesta inicial. Si bien el incendio se habría originado por la caída de un rayo entre el 6 y el 8 de diciembre en el brazo sur del Lago Menéndez, el foco recién fue detectado el día 9. Para la Cámara, el despliegue posterior fue insuficiente: señalan que se contó con apenas dos helicópteros y un hidroavión Tracker para operar en una zona de difícil acceso, pese a que los pronósticos de temperaturas extremas anticipaban un escenario de alto riesgo.
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Entre las decisiones operativas cuestionadas, el informe menciona la exigencia de desinfectar el calzado de los brigadistas previo al embarque. Según la CATCH, estas prácticas de bioseguridad resultaron inadecuadas en el contexto de un incendio de propagación acelerada, ya que priorizaron protocolos menores frente a la urgencia de contener el avance de las llamas.
La gestión de la información
Otro punto central del reclamo es la gestión de la información. La entidad denunció la falta de actualizaciones claras entre el 20 de diciembre y el 5 de enero. Citaron como ejemplo el corte de la Ruta Provincial 71: el 5 de enero se comunicó que el cierre se debía a “tareas de mantenimiento”, y recién al día siguiente se informó que la causa real era el avance del fuego.
El informe advierte que la reiteración de incendios y los problemas de gestión podrían comprometer la condición del Parque Nacional como Patrimonio Mundial de la Humanidad, estatus otorgado por la UNESCO.
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Frente a este diagnóstico, el petitorio presentado por el sector turístico exige cinco medidas: la renuncia de las autoridades responsables, una auditoría técnica independiente, la designación de funcionarios con experiencia en manejo de fuego, la implementación de un sistema de información pública diaria y la conformación de una mesa regional para redefinir los planes de contingencia.