En la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, las principales entidades que nuclean a los matriculados del país suscribieron este miércoles un reclamo administrativo conjunto dirigido al presidente Javier Milei. El pedido exigió que el Poder Ejecutivo cumpliera con su deber constitucional y, en consecuencia, remitiera al Senado de la Nación los pliegos pendientes para la cobertura de cargos vacantes en la Justicia y el Ministerio Público.
El escrito fue firmado por Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal; Raúl Aguirre Saravia, vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA); Rosalía Silvestre, a cargo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Juan Pablo Zanetta, titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
Los firmantes, en un documento de nueve páginas, expresaron: “nos presentamos de manera conjunta a fin de solicitarle, en su carácter de Presidente de la Nación Argentina, que dé cumplimiento a la manda constitucional del artículo 99 inciso 4 en el que se establece la obligación del titular del Poder Ejecutivo, de remitir al Senado de la Nación, los pliegos para la cobertura de cargos judiciales y del Ministerio Público vacantes, tanto federales como nacionales.”
A lo largo del texto, las entidades advirtieron que no “hay servicio de justicia si no hay jueces a cargo de los tribunales, fiscalías y defensorías; y no es posible defender ante ellos los derechos que la Constitución y la ley establecen para los habitantes de la República Argentina.”
“Tanto la Ley 23.187 como los Estatuto de ambos Colegios de Abogados y la asociacion, nos otorgan la representación de los intereses de los abogados/as y, en ese carácter, efectuamos esta presentación”, aclararon.
A su vez, criticaron que desde el inicio del actual mandato presidencial, el 10 de diciembre de 2023, “no ha sido remitido ni un solo pliego al Senado, en cumplimiento de la manda constitucional que establece como paso imprescindible en la designación de magistrados. Peor aún, habrían sido retirados los pliegos que oportunamente había enviado el anterior Presidente de la Nación”.
La presentación precisó que la situación afectaba tanto a jueces como a fiscales y defensores públicos, con “37 y 57 cargos respectivamente en el Poder Ejecutivo Nacional para su envío al Senado.”
Por otra parte, el documento recordó que el propio Milei había reconocido el problema de la falta de coberturas durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Senado, el 19 de marzo pasado, cuando sostuvo: “no podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una Justicia independiente pero efectiva. Y la Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos. (…) En esa línea, nosotros tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la justicia federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del Pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40 por ciento de los magistrados de la justicia federal".
Sin embargo, los firmantes replicaron que “el accionar al que refiere el Poder Ejecutivo no puede ser considerado un acto de voluntarismo, ya que muy por el contrario es un deber constitucional. No debe tener intención de avanzar en el envío de los pliegos, debe remitirlos”.
En ese sentido, consideraron que esta omisión del Gobierno “consolida la violación de las garantías judiciales del debido proceso, en tanto, ésta comprende, entre otros, la garantía del juez natural y la violación del principio de plazo razonable, ambos reconocidos por numerosos tratados internacionales que se encuentran elevados a la jerarquía constitucional desde 1994 en el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna“.
Además, pusieron de relieve el impacto institucional y económico de la demora en el trámite de las designaciones. De acuerdo al escrito, “el debido proceso es fundamental para la seguridad jurídica, permitiendo la previsibilidad jurídica, la adecuada resolución de conflictos, dando respuestas a quienes invierten o pretenden hacerlo en la Argentina y para ello necesitan conocer las reglas de juego imperantes”.
Al mismo tiempo, añadieron que la vacancia de numerosos juzgados y fiscalías “resulta en una sobrecarga para los jueces, magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, pero también para los abogados que litigan en pos de los derechos de ciudadanos, empresas, sociedades con y sin fines de lucro, cuyos procesos judiciales se dilatan, cambian de criterio en función de vacancias y subrogancias que hacen inciertos y costosos los procesos judiciales”.
“Teniendo en cuenta lo manifestado en el presente escrito, y con el fin de dar cumplimiento a la adecuada división de poderes prevista en la Constitución Nacional, solicitamos que de manera urgente el Poder Ejecutivo Nacional dé cumplimiento a su obligación constitucional , y remita al Senado de la Nación los candidates de todos los concursos cuyas ternas obren en su poder“.
Bajo esos términos, las entidades concluyeron: “En el caso de que el Poder Ejecutivo siga incumpliendo su obligación constitucional presentaremos la demanda judicial que corresponde, en defensa de los derechos de nuestros matriculados/as y asociados/as".