La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la prisión preventiva en arresto domiciliario del juez federal Marcelo Bailaque, acusado en tres causas penales por extorsión y vínculos con el narcotráfico. El magistrado no está preso porque tiene fueros, los que podría perder si es destituido en una causa que avanza en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces de la Sala III de Casación, Diego Barroetaveña, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, rechazaron un pedido de la defensa de Bailaque para que se revoque la prisión preventiva. El fiscal de Casación Raúl Pleé había pedido desestimar el planteo por inadmisible porque la decisión de dictarle al juez la prisión preventiva ya tenía un doble conforme con dos fallos previos. Los jueces de Casación fallaron en ese sentido en una audiencia oral que se hizo en los tribunales de Comodoro Py.
Bailaque es el titular del juzgado federal 4 de Rosario, uno de los encargados de investigar el crimen organizado en una de las ciudades que supo tener los mayores índices de violencia del país por la lucha por la venta de drogas. Sin embargo, Bailaque tiene tres causas penales en su contra por usar el juzgado con otros fines.El juez está acusado por armar causas falsas a empresarios y extorsionarlos para que le paguen 200 mil dólares y por tener vínculos con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más importantes de Rosario, para quien demoraba investigaciones en su contra.
Los fiscales federales de Rosario Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Diego Iglesias, investigaron a Bailaque y lo acusaron formalmente. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso a fines de abril la prisión preventiva de Bailaque y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario la mantuvo, pero en la modalidad de arresto domiciliario por 90 días que se pueden prorrogar según avance la causa. Además, el tribunal redujo el embargo sobre los bienes del juez y mantuvo la prohibición de salida del país.
Eso fue apelado a Casación que hoy hizo la audiencia oral en la que ratificó la decisión.
La expectativa es que antes de fin de año comience el juicio oral contra Bailaque. Mientras tanto, en paralelo se tramita una acusación por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Comisión de Acusación del Consejo lo citó a que haga un descargo el próximo 17 de junio. El juez puede hacerlo por escrito o ir personalmente.Después de esa audiencia, el Consejo quedará en condiciones de resolver si avanza con la acusación y suspende a Bailaque en el cargo y lo envía a juicio político. Recién en la etapa de juicio político es cuando Bailaque puede ser destituido y así perder los fueros que le impiden la detención para que comience a cumplir la prisión preventiva.
“De la prueba reunida en este expediente, es posible tener por acreditado, con el grado de convicción requerido en esta etapa, que el magistrado Bailaque incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial", dice el dictamen por el que el Consejo citó a Bailaque y que fue elaborado por los consejeros Àlvaro González y Alberto Maques.Tanto en la justicia penal como en el Consejo, Bailaque está acusado de tres hechos.
Una es por una denuncia falsa que se presentó en la AFIP de Rosario y que luego se remitió al juzgado de Bailaque contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Un anónimo decía que lavaban plata para el grupo narco “Los Monos”.
El ex titular de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido y contó que la maniobra fue armada en el quincho del edificio donde vive Bailaque entre él, el juez y el amigo del magistrado y empresario Fernando Whpei, -ahora preso en detención domiciliaria-, que fue quien se reunió con los denunciados para decirles que él conocía al magistrado y que podía arreglar la causa si pagaban 200 mil dólares. Los empresarios pagaron 160 mil dólares.
La segunda es por maniobras dilatorias para favorecer al capo narco Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. Concretamente, Bailaque fue acusado de demorar una orden para intervenir el teléfono de la mujer. Además, Alvarado y Bailaque compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau. Y el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque.
La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es Whpei, quien le pidió el dinero a los empresarios para cerrarles la causa que falsamente había armado Bailaque.