El fiscal federal Eduardo Taiano y el auxiliar fiscal Hernán Kleiman enviaron esta mañana un oficio a la Casa Rosada para pedir formalmente la desclasificación de archivos secretos del sistema de Inteligencia Nacional en el marco de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, confirmaron a Infobae fuentes del caso. El próximo 18 de enero se cumplirán 10 años de que su cadáver apareció en el baño de su departamento Le Parc con un tiro en la cabeza.
Según pudo saber Infobae, ya en un momento el ex presidente Mauricio Macri había ordenado la desclasificación de una serie de archivos que sirvieron para el avance de la investigación. Pero como el marco de la pesquisa se fue ampliando, también se incrementó la necesidad de contar con más información. En la fiscalía se venían topando con la negativa de las autoridades que respondían que lo que se pedía excedía los alcances de la desclasificaciones dispuestas por el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas.
En ese contexto, desde la fiscalía se tomó la decisión de solicitarle formalmente al Poder Ejecutivo la desclasificación de la información a la que se pudo acceder de la AFI. Pero también de las fuerzas de seguridad y del Ejército. Los detalles del oficio se guardan bajo siete llaves por el nivel reservado de los datos. En ese contexto, los investigadores quieren conocer hasta dónde era el alcance de la inteligencia que manejaba Cesar Milani.
El 18 de enero de 2015, el cadáver de Alberto Nisman, a cargo de la causa por la voladura de la AMIA, fue encontrado en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza después de más de doce horas en las que el fiscal, que había hecho la denuncia más importante del país, no había dado señales de vida. Los diarios habían quedado tendidos frente a la puerta a primera hora. No contestaba los mensajes. Al día siguiente tenía que presentarse en el Congreso para exponer los detalles de su acusación por encubrimiento contra la entonces presidente Cristina Kirchner, sus funcionarios, un espía inorgánico y sectores vinculados a los iraníes prófugos por la voladura que provocó la muerte de 85 personas.
Los principales acusados en la causa son Diego Lagomarsino, un técnico informático que le llevó un arma al fiscal; y los cuatro custodios de Nisman que estuvieron con él ese sábado 17 de enero y el domingo 18 de enero de 2015, según la investigación que comanda el fiscal Taiano, a quien el juez Julián Ercolini le delegó la instrucción. Pero desde hace ya varios años la investigación se concentra en el mundo del espionaje. Es que, para la Justicia, es imposible desentrañar la hipótesis de su asesinato sin explicar cómo se sacudió el tablero de inteligencia con la reconfiguración de la AFI, la denuncia del fiscal contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el encubrimiento a Irán y los movimientos de espías ese fin de semana clave.
En 2014, el ex espia Antonio “Jaime” Stiuso había denunciado una inteligencia paralela del Ejército. La acusación aseguraba que también se habían comprado cámaras digitales potentes y equipos para hacer escuchas telefónicas, con los que supuestamente se habían intervenido de manera ilegal teléfonos de dirigentes de organizaciones políticas, empresariales y agropecuarias. Aquella misma denuncia decía que Milani había contratado a sus compañeros de promoción del Ejército como agentes de la estructura de inteligencia montada y que tenía sede en séptimo piso del Edificio Libertador.
Inicialmente, el juez Claudio Bonadio cerró la causa, pero la Cámara Federal ordenó reabrirla y llamar a declarar a Stiuso, quien en su presentación detalló que en la dirección general de Operaciones de la SIDE, en donde él intervenía, la central de inteligencia tenía equipos para detectar unas valijas que realizaban escuchas clandestinas. Al prenderlas, se transformaban en celdas y podían escuchar conversaciones. Uno de esos equipos funcionaba en el edificio Libertador. Había otro cerca del Obelisco.
La SIDE no podía evitar que eso sucediera, pero podía saber que esas valijas estaban activas. Funcionaban en un radar de 200 metros. Se decían que circulaban en camionetas pero, según Stiuso, no hacían falta. “En este caso lo único que podíamos hacer era protegernos porque según los puntos que nos marcaba algunas de las valijas eran dentro del Ejército”, afirmó en su declaración. “No hay ninguna ley en el país que te permita chupar un teléfono con una valija de estas características. Esto es para hacer algo ilegal”, sostuvo en aquella declaración cuyos detalles habían sido publicados por Infobae.