“Señor fiscal: yo, Fabiola Yañez, por la presente le solicito me otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accederá y revisará el intercambio de chat que mantuve con Alberto Fernández de los cuales surgen sus actos de coacción, amedrentamiento y violencia. Saluda atte. Fabiola Yañez”. El texto manuscrito fue remitido al fiscal Ramiro González, luego de que se cayera el acuerdo de colaboración con España porque la ex primera dama no se presentó a entregar su teléfono celular como se había acordado.
El fiscal dejó asentado en el expediente que “por recibido el escrito por parte de la querella, incorpórese y, por el momento, atento a la nota que antecede, hágase saber que: i) Como fue precisado en el exhorto internacional librado, el objeto de la medida de obtención de prueba tiene como único fin conocer los actos ilícitos denunciados en autos que se desprenden de las conversaciones mantenidas entre las partes en la presente causa. ii) Atento a la incomparecencia de Fabiola Yáñez, se ha obturado la vía diplomática -vía rogatoria internacional-; no obstante lo cual se encuentran facultados de presentar la prueba que estimen pertinentes a través de los canales que consideren apropiado”.
En tribunales no quedó claro si finalmente Yañez accederá a entregar su celular, tal como estaba inicialmente pautado.
Todo ocurrió el miércoles pasado luego de que se esperara durante 48 horas que Fabiola entregara el celular al Ministerio Público Fiscal de Madrid, que había sido convocado para el trámite, a través de un acuerdo de colaboración, con el fin de extraer la información de su celular, ya que la ex primera dama no quiere volver al país. Por esas horas, Fabiola publicó en sus redes sociales, sin más aclaraciones: “Tengo miedo”.
El fiscal resolvió avanzar con otras pruebas: decidió analizar las llamadas entre el exjefe de Estado y su ex pareja; peritar las fotos de los supuestos golpes; analizar el celular del ex intendente de la Quinta de Olivos, secuestrado en la causa por corrupción en el negociado de los seguros; y convocó a Sofía Pacchi, ex amiga de Fabiola, para el próximo 17 de octubre.
Por su parte, el ex presidente Alberto Fernández reclamó apartar al fiscal por entender que existen “razones legítimas” para sostener que el representante del Ministerio Público incumplió deberes de “objetividad” que ponen en riesgo la “imparcialidad” en el proceso. Según la presentación, la defensa sostuvo que “se ha violentado flagrantemente el principio de igualdad de armas en variadas oportunidades” y que los movimientos del expediente “redundan en la absoluta pérdida de confianza en quien representa al Ministerio Público Fiscal en este proceso”. Todo ello, añadió, “violenta las legítimas expectativas” de la defensa de “poder ejercer sus derechos y garantías”.
Uno de los capítulos de su recusación tuvo que ver con el análisis del celular de Fabiola Yañez. Sostuvo que no se le permitió poner un perito de parte o seguir la medida por medios telemáticos. Señaló que se cercenaron “los derechos del imputado tal como advertí hasta el hartazgo, aun con el escandaloso final de esa incidencia”: la no entrega del celular de la víctima. “La no comparecencia de la denunciante a efectos de hacer entrega del mentado equipo de telefonía celular, y peor aún, la reticencia a hacer entrega del mismo al concurrir personal de Ministerio Público Fiscal del Reino de España a su domicilio en Madrid redundó en una burla, una falta de respeto a aquel, al propio Dr. González y a esta defensa, todo lo cual incluso provocó que se devuelva el exhorto internacional en esas condiciones, es decir, en el absoluto fracaso de la gestión”, afirmó.
Fabiola denunció al expresidente después de que el juez Julián Ercolini, en una investigación por supuesto tráfico de influencias en los negocios con los seguros, hallara en el celular de la secretaria del presidente conversaciones e imágenes que podrían indicar la comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género” contra la ex primera dama. Aunque inicialmente no quiso impulsar la denuncia, una vez que tomó estado público Yañez acusó al ex presidente. El fiscal lo imputó por lesiones graves doblemente agravadas a causa del vínculo y por producirse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de Yañez.
Según el dictamen, Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar”, asentada “sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente”.